El juez imputa a un directivo de San José por encargar el espionaje a 'La Voz de Galicia'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado un nuevo impulso a la pieza del caso Villarejo en la que se investigan los presuntos encargos que hizo al comisario la constructora San José. Una de sus primeras decisiones ha sido la de imputar al responsable de riesgos laborales de la compañía, Antonio Carpintero, al que la Fiscalía Anticorrupción atribuye un delito de cohecho pasivo.

Además de escuchar como investigado a Carpintero, en una fecha que aún está pendiente de determinar, el instructor citará al propio Villarejo y a su socio Rafael Redondo. Lo hará después de levantar el secreto de esta pieza, la número 16 de las cerca de 30 que ya acumula la causa sobre las actividades del policía retirado. La pieza sobre la constructora gallega se abrió a partir de la existencia de indicios que apuntaban a que recurrió al comisario para espiar a periodistas de 'La Voz de Galicia'.

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En concreto, documentos incautados al policía apuntarían a que San José contactó con él para pedirle supuestamente que hiciera seguimientos a redactores del diario con mayor tirada de Galicia y uno de los más importantes de España. Sin embargo, los agentes aún no han determinado si esas vigilancias llegaron a realizarse y si Villarejo recibió algún pago de la constructora por ese trabajo. Los hechos se habrían producido hace una década, coincidiendo precisamente con la particular guerra que la constructora San José libró en esa época con 'La Voz de Galicia'.

Una de las principales preocupaciones de la constructora en ese periodo era la información que manejaba 'La Voz de Galicia' sobre la concesión de licencias millonarias para levantar parques eólicos que permitieron a la inmobiliaria aliviar la deuda que arrastraba por la compra de Parquesol años antes. Desde la empresa, tenían especial interés en conocer de dónde procedía la información que publicaba el diario y si esta se filtraba desde personas vinculadas con algún partido político.

Proyecto Bird

Con las nuevas diligencias, el magistrado acepta la solicitud efectuada por la Fiscalía Anticorrupción, que detalla en un escrito que Villarejo bautizó este encargo con el nombre de Proyecto Bird. El Ministerio Público detalla que la raíz de esta pieza parte del análisis de documentos en soporte papel y digital intervenidos en ocasión de las entradas y registros practicadas en el domicilio del socio del comisario.

El secreto de las actuaciones, que ahora se levanta, se declaró en septiembre de 2019 y se ha ido prorrogando mes a mes desde entonces hasta este mes de febrero. Según desvela el escrito, la constructora San José ha comunicado por escrito al juzgado que en sus archivos no consta ninguna contratación o pago con el Grupo Cenyt, una de las empresas del entramado de Villarejo.

Villarejo tenía la condición de funcionario en activo de la Policía, por lo que cualquiera que contratara sus servicios pudo incurrir en un delito de cohecho

La investigación trata así de determinar si se realizaron los citados encargos. Se da la circunstancia de que, en esa época, Villarejo tenía la condición de funcionario en activo de la Policía Nacional, por lo que cualquier particular o mercantil que hubiera contratado sus servicios pudo incurrir en un presunto delito de cohecho. Esa es la acusación que se cierne, por ejemplo, contra BBVA, socio de San José en la multimillonaria Operación Chamartín.

La segunda entidad financiera de España está imputada por encargar presuntamente al comisario una decena de espionajes. Además del banco como persona jurídica, también están imputados varios de sus directivos, entre ellos, el presidente del banco durante casi dos décadas, Francisco González, y el exdirector de la propia Operación Chamartín Antonio Béjar, que fue despedido tras aparecer su nombre en la trama.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García-Castellón, mantiene abiertas otras 24 piezas por encargos similares al agente encubierto de grandes compañías, como Iberdrola, Planeta, Pérez & Cía, CaixaBank, Repsol, Mutua Madrileña, Persán, Herrero & Asociados y Procisa. La mayoría de estas causas se encuentran aún en una fase inicial de la investigación y se instruyen en secreto. Villarejo lleva 27 meses en prisión provisional en la cárcel de Estremera.