Justicia corta el chollo de los abogados del Estado para trabajar también en lo privado

El mismo día en que este diario publicaba un reportaje sobre los 33 abogados del Estado que compatibilizaban su trabajo en defensa del sector público con otros negocios de carácter privado, la Oficina de Conflictos de Intereses autorizaba a José Ramón del Río Cobián, letrado del Estado en Valencia, a compaginar su trabajo como funcionario con el “ejercicio libre de la abogacía”. Del Río Cobián ha sido el último abogado del Estado en recibir el nivel 24 –lo que lleva implícito una reducción a la mitad de la nómina del ministerio– para trabajar en lo público y, en su tiempo libre, en lo privado. Desde aquel día de mayo de 2016 han pasado casi cuatro años, tres ministros de Justicia (Rafael Catalá, del PP, y Dolores Delgado y Juan Carlos Campo, del PSOE) y otros tantos abogados generales del Estado (Marta Silva de Lapuerta, Eugenio López y Consuelo Castro Rey) en los que Justicia ha cerrado el grifo de las compatibilidades para los letrados públicos.

La existencia de funcionarios jurídicos que defienden tanto intereses públicos como privados –siempre y cuando la otra parte no esté defendida por la Abogacía del Estado– había levantado bastantes suspicacias en el seno de la abogacía. El caso de Joaquín José Abajo Quintana, abogado del Estado en la Agencia Tributaria y, al mismo tiempo y sin compatibilidad autorizada, secretario del consejo de administración de Afinsa, empresa condenada por una estafa masiva a través de una inversión en sellos, ejemplificaba la situación en conflicto de estos letrados. Abajo Quintana acabó siendo condenado a seis años de cárcel por el Tribunal Supremo al ser considerado como cooperador necesario en la estafa piramidal continuada de Afinsa.

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J. Escudero M. Altozano Rafael Méndez

Para evitar situaciones incómodas como la de Joaquín José Abajo Quintana o las de Francisco Ruiz Risueño y Catalina Miñarro Brugarolas, abogados del Estado que compaginaron sus puestos de funcionarios con el de vicepresidente y consejera de Mapfre, Justicia ha cortado de raíz el otorgamiento de nuevas compatibilidades para los letrados públicos, de acuerdo a la información remitida por la Oficina de Conflictos de Intereses en cumplimiento de la Ley de Transparencia. La sequía del nivel 24 ya supera los 1.300 días.

La paralización de estas autorizaciones ha supuesto que el número de abogados del Estado en activo con negocios privados haya pasado de 33 a 24 en casi cuatro años.

Este descenso no se debe a que estos letrados públicos hayan reingresado completamente a la Abogacía del Estado –Conflictos de Intereses no ha revocado ninguna autorización de compatibilidad– sino todo lo contrario: algunos letrados han decidido abandonar definitivamente el servicio público y dedicarse en cuerpo y alma a la actividad privada, mientras que otros pocos se han jubilado en los últimos años.

Gabriel Morales Arruga ejemplifica el primer caso. Tras una década en la que compaginó su puesto de abogado del Estado en Zaragoza con su bufete privado, el pasado mes de mayo decidió abandonar definitivamente la carrera pública y pedir la excedencia voluntaria para dedicarse completamente a sus negocios privados, tal y como muestra su perfil en LinkedIn. Morales Arruga engrosa así la amplia nómina de abogados del Estado que realmente trabajan en el sector privado gracias a su prestigio: en diciembre de 2015 eran 260 letrados en excedencia por 323 letrados activos en el sector público.

Entre los abogados del Estado que se han jubilado en los últimos años se encuentra Leopoldo Gutiérrez-Alviz Conradi, con una dilatada trayectoria de cuatro décadas en Sevilla. Desde noviembre de 1994, Gutiérrez-Alviz compaginaba su labor de defensa de los intereses públicos con sus negocios privados, siendo una de las compatibilidades más largas otorgadas a un abogado del Estado.