Solo 14 controladores no pactan con Fiscalía, niegan la 'huelga' de 2010 y culpan a Zapatero

De los 133 controladores que se sientan en el banquillo por la supuesta huelga que llevaron a cabo en diciembre de 2010, solo 14 están dispuestos a defenderse hasta las últimas consecuencias. El resto ya ha firmado un pacto de conformidad con la Fiscalía que consiste en reconocer el delito de abandono de servicio y en pagar una multa de entre 15.000 y 31.500 euros, acuerdo al que, según explican fuentes cercanas al caso, podrían sumarse otros siete en los próximos días. El momento clave del juicio se producirá, en principio, el próximo 29 de enero, cuando los 14 declararán como acusados. Su principal argumento es el mismo: no hubo huelga y la culpa fue del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los 14 se enfrentan a una condena por abandono del servicio y a multas de 60.000 o 75.000 euros. En el caso de que la magistrada Margarita Valcarce atienda la petición de la Fiscalía, la mayor multa recaería sobre el que fuera portavoz del sindicato mayoritario USCA, César Cabo, que también sería condenado a un año de suspensión de empleo. El Ministerio Público subraya para ello la condición de funcionarios públicos de los acusados y el “esencial” servicio público que prestan, reclamando además que indemnicen a cada uno de los perjudicados con el importe que pagaron por su billete de avión y con los gastos en los que incurrieron al cancelarse su vuelo. La Fiscalía pide también que AENA sea responsable civil subsidiario de dichas indemnizaciones.

Fuentes de las defensas dicen que los 14 alegarán argumentos distintos, pero todos dibujan una línea en común: no celebraron una huelga entre el 3 y 4 de diciembre de 2010, el caos aéreo vino provocado por la mala gestión del Gobierno, han sufrido presiones para sumarse al pacto con la Fiscalía y en el juicio se están vulnerando sus derechos a la defensa y a una tutela judicial efectiva. Uno de los abogados acepta atender a este periódico bajo la condición del anonimato y apunta incluso a que ya no piensa tanto en el juicio que arrancó este miércoles, sino en el recurso que presentará en el caso de que condenen a su cliente: si la magistrada Valcarce no les da la razón, confía en una absolución en segunda instancia.

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Las defensas subrayan además que este es el vigésimosegundo juicio contra los controladores aéreos en España y que la mayoría de los anteriores ha terminado en archivo. La excepción se produjo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, un juicio en el que 84 controladores aéreos llegaron incluso a enfrentarse a un delito de sedición. La acusación, sin embargo, se fue rebajando hasta llegar a un acuerdo: pagaron multas de entre 15.000 y 31.500 euros y se declararon culpables del delito de abandono del servicio. Todos estos juicios, por tanto, no han terminado con una sentencia en la que se repasaran pruebas que puedan aplicarse ahora al juicio que arrancó este miércoles en Madrid, por lo que las defensas confían en que un repaso a los hechos termine con la absolución de sus clientes.

En la sesión que se celebró este lunes en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, durante las cuestiones previas, tres defensas pidieron la difusión de las conversaciones grabadas por AENA durante el 3 y 4 de diciembre de 2010, solicitud que acompaña precisamente esa idea de revisar los hechos para tratar de desmontar a la Fiscalía. Las defensas consideran que este material podría ayudar a desmontar la idea de que fue una huelga o "una acción colectiva y concertada", como sostiene el escrito del Ministerio Público, pero la solicitud fue rechazada por la magistrada: "No es ahora el momento".

El pacto de conformidad

Los 119 que ya han firmado un acuerdo con la Fiscalía se limitarán a ratificarlo en las siguientes sesiones del juicio. Las multas de esta conformidad se dividen así en dos categorías: a los acusados con mayor responsabilidad, les correspondería pagar una multa de siete meses con una cuota diaria de 150 euros, es decir, un total de 31.500 euros. Los segundos afrontan el pago de 100 euros al día durante cinco meses, 15.000 euros. Solo los que ostentaban un papel directivo y tenían cargo sindical, alrededor de siete, quedarían, además, suspendidos de empleo y sueldo durante cinco meses.

A los acusados con mayor responsabilidad les correspondería pagar una multa de siete meses con una cuota diaria de 150 euros, es decir, 31.500

La Fiscalía sostiene que su "acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva" provocó más de 1.300 cancelaciones de vuelos, lo que dio lugar a “perjuicios al servicio público que presta AENA y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación”. A estos se suman los que se vieron afectados por el cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte. La noche del 3 de diciembre, solo se presentaron 16 de los 44 controladores que estaban programados para ese espacio aéreo, situación similar a la que se vivió al día siguiente: de los 73 controladores aéreos que tenían que acudir a su puesto de trabajo, solo lo hicieron 19.

Este relato, sin embargo, sigue siendo rechazado incluso por los que han aceptado el pacto. "No paralizamos el espacio aéreo ni hicimos una huelga salvaje", sostuvo este lunes a las puertas del juzgado Daniel Zamit, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA). "Creemos que es un juicio político más que jurídico". Sobre los 14 compañeros que siguen adelante, defendió que aún "tienen fuerzas para pelear".