Más de 100 controladores pactan con Fiscalía para evitar el juicio por el caos aéreo de 2010

El macrojuicio contra 133 controladores aéreos ha arrancado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid con el anuncio de que la mayor parte ya ha llegado a un pacto de conformidad con la Fiscalía. Se les imputa un delito de abandono del servicio por lo ocurrido entre el 3 y 4 de diciembre de 2010, cuando no se presentaron en su puesto de trabajo y provocaron un caos aéreo que llevó a activar el estado de alarma. La Fiscalía ya ha llegado a un acuerdo con 119 de los acusados que, según explican fuentes jurídicas, consiste en el pago de una multa de entre 15.000 y 31.500 euros, así como en el reconocimiento del delito de abandono de servicio. En el banquillo quedan 14 para defender su inocencia, entre ellos el que fuera portavoz del sindicato mayoritario USCA, César Cabo.

Las multas de esta conformidad se dividen así en dos categorías: a los acusados con mayor responsabilidad les correspondería pagar una multa de siete meses con una cuota diaria de 150 euros, es decir, un total de 31.500 euros. Los segundos afrontan el pago de 100 euros al día durante cinco meses, 15.000 euros. Solo los que ostentaban un papel directivo y tenían cargo sindical, alrededor de siete, quedarían, además, suspendidos de empleo y sueldo durante cinco meses.

la Fiscalía sostiene que su "acción colectiva y concertada al margen de cualquier negociación colectiva" provocó más de 1300 cancelaciones

Para aquellos que se resisten al acuerdo, la Fiscalía Provincial de Madrid solicita una multa que, en función de cada caso, oscila entre los 60.000 y 75.000 euros. Y para los de mayor responsabilidad, entre ellos Cabo, un año de suspensión de empleo. El Ministerio Público subraya para ello la condición de funcionarios públicos de los acusados y el “esencial” servicio público que prestan para la comunidad, reclamando además que indemnicen a cada uno de los perjudicados con el importe que pagaron por su billete de avión y con los gastos en los que incurrieron al cancelarse su vuelo: el cierre del espacio aéreo afectó a 60.000 pasajeros. En su escrito de acusación, la Fiscalía pide también que de dichas indemnizaciones sea responsable civil subsidiario el ente público AENA.

Este es el último de los más de veinte juicios que se han celebrado en España por la 'huelga' de 2010. A lo largo de los últimos 10 años y conforme se han ido cerrando el resto de causas, el delito por el que se les acusa se ha ido rebajando: en octubre de 2016, en el juzgado de instrucción número 1 de Palma, 84 los controladores aéreos llegaron incluso a enfrentarse a un delito de sedición, el mismo por el que se ha condenado recientemente a Oriol Junqueras, pero finalmente se llegó a un acuerdo para que pagaran multas que oscilaban entre los 15.000 y los 31.500 euros y se declararan culpables del delito de abandono del servicio, pacto que ahora trata de reproducirse en Madrid. En lo que se refiere al resto de juicios, la mayoría de las causas penales fueron archivadas.

El Ministerio Público subraya la condición de funcionarios públicos de los acusados y el “esencial” servicio público que prestan

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que su "acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva" provocó más de 1300 cancelaciones de vuelos, lo que dio lugar a “perjuicios al servicio público que presta AENA y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación”. A estos se suma los que se vieron afectados por el cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte. Esta 'huelga' se tradujo en que la noche del 3 de diciembre solo se presentaron 16 de los 44 controladores que estaban programados para ese espacio aéreo, situación similar a la que se vivió al día siguiente: de los 73 controladores aéreos que tenían que acudir a su puesto de trabajo, sólo lo hicieron 19.

En la sesión que se ha celebrado este lunes en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, se han dirimido las cuestiones previas, entre ellas la difusión de las conversaciones grabadas por AENA durante la 'huelga'. La solicitud de incluir este material en la causa ha sido presentada por defensas de los acusados que han rechazado el pacto de conformidad e implicaba aplazar el juicio, pero la petición ha sido rechazada por la magistrada Margarita Valcarce: "No es ahora el momento".