La Fiscalía ve un delito de coacciones contra Cs en el Orgullo pero pide archivar el caso

La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia por el acoso sufrido el 6 de julio por varios dirigentes de Ciudadanos en el Orgullo LGTBI de Madrid. En su escrito, el Ministerio Público defiende que lo ocurrido encaja con un delito de coacciones, pero al no haberse podido identificar a los responsables de estos incidentes, pide al juez el sobreseimiento provisional de la causa: "Las investigaciones policiales llevadas a cabo hasta la fecha no han podido determinar al autor o autores del delito", explica la Fiscalía a la hora de justificar su decisión.

Las diligencias de investigación fueron incoadas a raíz de denuncia presentada ante la Fiscalía por el propio Albert Rivera. Ciudadanos apuntaba en la misma a que lo sucedido podía ser constitutivo de un delito de amenazas, injurias y contra los derechos fundamentales, pero el Ministerio Público solo ve el de coacciones. "Los hechos consistieron en insultos y amenazas realizadas por un grupo de personas no identificadas contra los integrantes de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía con el único objetivo de que abandonaran la marcha del Orgullo LGTBI 2019".

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Aunque desde la Fiscalía se pidió a la Brigada Provincial de Información de la Policía de Madrid que identificaran "a los quince integrantes del grupo que, sobre las 20:00 horas del pasado 6 de julio, irrumpieron en el Paseo del Prado, a la altura de la Cuesta de Moyano, donde se encontraban los representantes de Ciudadanos", por el momento no se ha logrado poner nombre y apellido a los mismos. La investigación se centró en ellos porque "realizaron una sentada perfectamente organizada, portando telas y pancartas de color naranja con los textos 'Ciudadavox' o 'El cuento de le Ciudadane'", entre otros.

Al mismo tiempo que trataban de identificarles, se investigó "si el comportamiento de los integrantes de la sentada influyó sobre el desarrollo de la manifestación, si incitaron a la realización de actos violentos contra los miembros de Ciudadanos y si existió algún tipo de convocatoria para la realización del escrache", a lo que se suma el análisis de posibles "comentarios o expresiones en redes sociales dirigidas a incitar a la violencia contra los miembros del partido". La conclusión es que lo sucedido encaja con un delito de coacciones, que supone utilizar la violencia para impedir que una persona haga algo que la ley no prohíbe.

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En lo que se refiere al análisis de las redes sociales, la Brigada Provincial de Información detectó que "múltiples colectivos y perfiles individuales había realizado comentarios sobre la asistencia de representantes de Ciudadanos a la manifestación, así como de la 'performance' realizada por unas quince personas vestidas de naranja y con cofias blancas", pero resultó “imposible” identificar a los responsables de estos incidentes.

La Policía tampoco localizó ninguna convocatoria para fomentar acciones contra los integrantes de Ciudadanos: "La única referencia a partidos políticos se observaba en un tuit publicado el 24 de mayo por el Colectivo COGAM (uno de los organizadores del Orgullo 2019) en el que se detallaban los partidos, entre los que no se encontraba el Partido Político Ciudadanos, que se habían comprometido con el decálogo COGAM y que por tanto podrían participar en la pancarta de cabecera".

La Fiscalía también destaca que en los días posteriores a la manifestación se publicó en los perfiles de diversos colectivos y particulares un texto con un comunicado firmado por FAC (Frente Anti Cuñados): "Diversos colectivos LGTBQI+ nos hemos organizado para enturbiar la manifestación del Orgullo 2019 del partido naranja, que hemos rebautizado como CiudaVox". Pese a ello, los investigadores han sido incapaces de identificar a las personas que se encuentran tras este comunicado.