El PSOE ficha como asesor al impulsor del manifiesto del Orgullo que 'expulsó' a Cs

El pasado 5 de agosto, apenas unas semanas después de la celebración del Orgullo y tras la investidura fallida de Pedro Sánchez que anticipaba una probable repetición electoral, el grupo socialista en el Congreso contrató como asesor a Santiago Rivero Cruz, responsable de Comunicación de Cogam (colectivo LGTBI de Madrid y uno de los organizadores del evento anual en la capital). Según ha podido saber este diario, Rivero —como responsable de comunicación e interlocutor directo con los partidos — fue uno de los encargados de redactar el manifiesto que Cogam presentó a las formaciones políticas que quisieran participar en la edición de este Orgullo.

Los organizadores decidieron endurecer las condiciones de su decálogo tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo, al confirmarse que PP y Ciudadanos necesitarían los votos de Vox para pactar gobiernos como el de Madrid. Hasta este julio, el compromiso formal que solicitaban a los políticos participantes pasaba por impulsar finalmente una ley estatal en defensa y protección de todo el colectivo LGTBI. Pero en esta ocasión, fueron un paso más allá coincidiendo con la irrupción de Vox en las Cortes, comunidades y ayuntamientos. De hecho, el primer punto del manifiesto establecía con claridad: “No valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar”.

Todas las miradas estaban puestas en Ciudadanos, al que advertían de que si quería seguir formando parte del Orgullo —como había hecho en todas las ediciones pasadas— no podía respaldarse en el partido de Abascal para gobernar con los populares (tal y como sucedió en Madrid, Murcia, Andalucía meses atrás y otras muchas ciudades). O lo firmaban tal cual o no podían desfilar con su carroza —ya preparada y pagada, cuyo valor superaba los 20.000 euros, según ha podido estimar este diario— por no contar con los permisos necesarios de Cogam.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) —el otro organizador del MADO— optó en última instancia por que la cabecera de la manifestación estuviera compuesta solo por activistas, y que los políticos pasaran a segunda fila.

Ciudadanos reaccionó al contenido del manifiesto pidiendo a la junta directiva de Cogam —a la que todavía pertenece Santiago Rivero— que “rectificara” y evitara “expulsar a las personas LGTBI liberales y progresistas” del Orgullo. “Expulsarlas es traicionar su esencia”, insistieron al conocer el contenido del mismo apenas 24 horas antes de que finalizara el plazo para firmarlo. No tuvieron margen. Al final, varios dirigentes del partido de Rivera—entre los que estaban Inés Arrimadas y Patricia Reyes, responsable LGBTI en la formación— acudieron a la cita y tuvieron que abandonar la manifestación entre abucheos e insultos escoltados por la policía.

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Además de la polémica en torno al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y otros portavoces socialistas que afirmaron que Ciudadanos acudió al Orgullo para “provocar”, quedan por resolver las incógnitas sobre el informe policial emitido desde ese ministerio —sin firma y que contradecía de lleno los testimonios del partido de Rivera— y que terminó publicado en el diario ‘El País’.

Sobre ese mismo informe se pronunció Santiago Rivero en Twitter, en el que ironizaba asegurando que en Ciudadanos continuarían haciéndose “las víctimas”. También compartió varias imágenes de Arrimadas en su perfil, “esperando” que la Fiscalía “las tuviera en cuenta” como “provocaciones” y “actitudes violentas”.

Apenas un mes después del Orgullo, el grupo parlamentario socialista en el Congreso le contrató a dedo como asistente, una de las categorías de asesoramiento que existen en la Cámara. El de Rivero es uno de los 47 fichajes que los partidos hicieron tras la investidura fallida de julio (con altas posibilidades de que hubiera una repetición electoral y que la actividad parlamentaria fuera prácticamente nula), tal y como publicó este diario.

Los asistentes —como es el caso de Rivero— cobran 2.027 euros mensuales, a diferencia de los asesores (que perciben el doble, 4.054 euros cada mes), según informaron fuentes parlamentarias a El Confidencial, informa Diego Cayota. Entre medias, hay otros cargos que también están a disposición de los grupos: asistente A (2.533 euros), asistente técnico (3.040) y asistente técnico A (3.547).