El embajador español en Angola se benefició del plan de sobornos pagados por Mercasa

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata señala que el embajador de España en Luanda, José María Castroviejo y Bolívar (Bueu, Pontevedra, 1942), ayudó en 2012 y 2013 a la empresa pública de construcción y gestión de mercados mayoristas Mercasa a consumar un plan de sobornos a funcionarios y políticos de Angola que se elevó a más de 20 millones de euros, con el fin de asegurarse contratos en el país africano entre 2006 y 2016. Las adjudicaciones ascendieron a un total de 533 millones de dólares. Cobró no menos de 30.000 euros por esa intermediación irregular con el Gobierno angoleño.

En un auto de diligencias previas fechado el 25 de noviembre, el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 sostiene que en el primer semestre de 2012 directivos del consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC) mantuvieron contactos con responsables de diferentes ministerios del Gobierno presidido por José Eduardo dos Santos, con el fin de desbloquear una deuda del Estado angoleño a la multinacional española. Según De la Mata, el embajador de España “habría acompañado en todo momento este proceso irregular” durante ese periodo en que aún ejercía como máximo responsable de la legación diplomática en Luanda.

José María Castroviejo fue cesado en junio de 2012 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. No había cumplido el ciclo habitual de cuatro años que suelen consumar los embajadores como jefes de misión diplomática, ya que había sido nombrado en enero de 2009.

En un correo electrónico reproducido por el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, queda claro que Castroviejo preguntó a uno de sus contactos en Mercasa durante una comida si podía ofrecer dinero a políticos angoleños para facilitar el desbloqueo de la deuda. “Castroviejo participó directamente a cambio de dinero en estas negociaciones paralelas irregulares”, se lee en el escrito de De la Mata.

Cierto es que en concreto este 'e-mail' está fechado en octubre de 2012, unos meses después de ser cesado. Pero el juez subraya a continuación que Castroviejo “intervino en el proceso de desbloqueo de la deuda en desempeño de su tarea oficial como embajador y que continuó posteriormente una vez cesado. (…) Estas intervenciones que pudiera haber llevado a cabo las habría realizado bajo las expectativas de recibir un ‘premio’, recompensa esperada bajo la premisa de gestiones realizadas”.

El embajador no está entre los 28 investigados, entre personas físicas y jurídicas, en el caso Mercasa de Angola por los delitos de corrupción en transacciones económicas internacionales, apropiación indebida, falsedad documental, asociación criminal y blanqueo de capitales.

Castroviejo mantuvo una relación profesional remunerada con Incatema hasta noviembre de 2012, momento en el que recibió una notificación oficial por la que se le comunicaba la incompatibilidad de estas actividades de mediación con su labor diplomática. Tan solo 18 días después de su cese, Castroviejo creó la sociedad Betel Martin Soluçóes Lda, en Luanda. El juez defiende que la constitución de esa mercantil tenía la única finalidad de ocultar esa incompatibilidad.

La norma laboral que rige aún para los diplomáticos data de 1955. En el artículo 73 del Reglamento Orgánico de la Carrera Diplomática se lee: “Se prohíbe a los funcionarios de la carrera diplomática que desempeñen cargos en el extranjero, ejercer comercio, profesión o industria en el país en el que estén destinados”.

En febrero de 2013, Castroviejo libró una factura de 50.000 euros por su labor de intermediación entre Incatema y miembros del Gobierno de Dos Santos. Su interlocutor directo fue Javier Pardo de Santayana, consejero delegado del consorcio CMIC.

Aunque Pardo de Santayana le respondió unos días más tarde que su “hermano Manolo [Manuel Pardo de Santayana]” le había dicho que había pactado en una reunión personal con el embajador que solo se abonarían tres meses de servicios, a razón de 10.000 euros mensuales, es decir, un total de 30.000 euros.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con Castroviejo, pero el diplomático ya retirado no ha contestado a los correos electrónicos que ha leído durante estos últimos días.

Miembro de una familia distinguida

Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, José María Castroviejo y Bolívar superó las oposiciones a la carrera diplomática en 1971. Entre 2002 y 2012, ocupó el puesto de embajador en tres misiones: Tanzania, Bosnia y Angola. Antes, había ejercido como consejero y cónsul en otros destinos internacionales, como las legaciones diplomáticas de Gabón, La Haya, Naciones Unidas en Nueva York, Montreal y Estambul.

En una de sus anécdotas como diplomático, se puede referir que Castroviejo propuso a Jane Goodall como candidata al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica cuando era embajador en Tanzania. Tuvo éxito: la primatóloga británica obtuvo el galardón en 2003.

Es hijo del escritor y periodista gallego José María Castroviejo Blanco-Cicerón (1909-1983), firmante del acta fundacional de las JONS. Su padre frecuentó los ambientes de los grandes intelectuales falangistas como Álvaro Cunqueiro, a quien le unía una gran amistad.

El embajador es el tercer hijo de un total de 11 hermanos. Varios de sus hermanos han desarrollado carreras notables y públicas.

Su hermano Javier es escritor y naturalista, fue director durante 14 años de la Estación Biológica de Doñana. Fue amigo de Félix Rodríguez de la Fuente, con quien colaboró en rodajes de los afamados documentales de TVE ‘El hombre y la tierra’.

Su hermano Santiago fue un prestigioso botánico (murió en 2009). Ejerció como director del Real Jardín Botánico de Madrid entre 1984 y 1994. Obtuvo el Premio Nacional de Investigación en 2009. Es autor de la gran obra ‘Flora ibérica’, de catalogación botánica.