Poco amigo de periodistas, pasivo y con aspiraciones: así es el juez Peinado

El magistrado Juan Carlos Peinado no parece muy amigo de los periodistas. El titular del Juzgado 41 de Madrid acaba de imputar a una docena de ellos de ocho medios de comunicación (entre ellos, El Confidencial) por una supuesta revelación de secretos del sumario de los CDR. La investigación no tiene pinta de prosperar por la vía que dibuja el instructor, no solo porque este delito afecta solo a funcionarios, que deben proteger la información que manejan, y no a los periodistas, que por el contrario tienen la obligación de publicarla si esta es veraz y tiene interés público. El juez, además, ha tomado la decisión de citar a declarar a los 12 profesionales sin haber practicado diligencia alguna ni haber requerido la opinión de la Fiscalía, que para más inri ya ha anunciado que se opondrá a esta línea de actuación.

Para los que trabajan en plaza de Castilla, e incluso en el juzgado del propio Peinado, la decisión no es sorprendente. Todos saben que el magistrado "va por libre", según explica un empleado de los tribunales madrileños. "Siempre se niega a dar explicaciones a la prensa", apunta otro funcionario, que recuerda lo que pasó en el caso PDVSA. En esta última causa, el juez rastrea el desvío de fondos por parte de altos cargos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desde la petrolera estatal PDVSA hasta España y se ha negado siquiera a dar explicaciones de en qué punto está el procedimiento a los numerosos medios venezolanos que durante los últimos meses han llamado para interesarse.

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Es un declarado enemigo de las filtraciones y en privado las critica con dureza. De ahí que haya cogido con ganas la citada denuncia interpuesta por las defensas de los CDR detenidos, que se quejaron de la publicación masiva de información del sumario. Peinado, de hecho, ya había protestado antes a puerta cerrada por noticias publicadas en la prensa sobre asuntos que él coordinaba, como el mencionado caso PDVSA, que reveló El Confidencial, o el que investigó el triple asesinato de Usera, que también contó este periódico. El magistrado se limitó a leer en los medios lo que ocurría en su juzgado, que por otra parte tampoco era demasiado.

Las pesquisas emprendidas en el citado caso PDVSA, por ejemplo, apenas avanzaron desde que fueron abiertas. La Fiscalía, de hecho, pidió que las diligencias fueran derivadas a la Audiencia Nacional, que se declaró competente y se hizo cargo de las mismas hace ahora casi seis meses. A pesar de este requerimiento, la causa continúa a día de hoy en el Juzgado 41 porque Peinado no se decide a remitirla. Fuentes jurídicas explicaron a El Confidencial que el juez todavía tiene que resolver algunos recursos pendientes, una gestión para la que se toma tiempo.

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Esta pasividad la han podido observar también las diferentes partes que conformaron el procedimiento abierto por el triple asesinato de Usera, que tuvo lugar en 2016. Un exmarine americano que residía en Alemania viajó a Madrid para matar al abogado que, según sus sospechas, había empezado a salir con su expareja. El letrado no estaba en el bufete cuando el asesino se personó, lo que le libró de ser acuchillado. No corrieron la misma suerte dos empleadas del despacho y un cliente al que el visitante confundió con su objetivo. La Policía descubrió pronto la identidad del asesino y se puso en contacto con las autoridades de Alemania, adonde este había regresado la misma noche del crimen para ocultarse.

El magistrado, sin embargo, decidió irse de vacaciones y no tramitar con la celeridad que pedía la Policía las comisiones rogatorias que permitirían poner en marcha la orden de búsqueda y detención del sospechoso. Este último, entonces, aprovechó el momento para huir a Venezuela, el único lugar en el que podía refugiarse, ya que él había nacido allí y las autoridades bolivarianas no extraditan a sus compatriotas. Entró por Colombia y se quedó hasta que meses después fue detenido. Los tribunales de Venezuela han requerido al juez Peinado para que entregue la causa.

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El magistrado también ha llevado asuntos como la denuncia de Manos Limpias contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid Pablo Soto y Guillermo Zapata a cuenta de unos tuits ofensivos que ya estaban siendo juzgados por la Audiencia Nacional o las denuncias del Ministerio de Cultura contra las productoras que habían inflado la taquilla para recibir subvenciones, entre otros. Peinado se llevó un varapalo en la investigación que coordinaba contra el exfutbolista del Real Madrid Raúl González Blanco. El juez tenía la intención de acabar con la causa, pero la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a continuar la instrucción contra la leyenda blanca por vaciar supuestamente una de sus empresas para evitar pagar una deuda de 7,17 millones de euros que le requería otra sociedad. "No corresponde al instructor pronunciarse sobre si está acreditada o no la perpetración de hechos delictivos", censuró el alto tribunal al magistrado, que también llevó el caso de la grabación de una conversación entre los directivos de El Corte Inglés Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echavarría que desvelaba unas presuntas irregularidades en la sucesión de Isidoro Álvarez. El magistrado archivó el procedimiento, que ahora se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Peinado, que también ha sido profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid, no quiere perpetuarse en el Juzgado 41 de Madrid. De hecho, le cuesta desprenderse del citado caso PDVSA, según algunos allegados, porque el asunto podría haberle dado notoriedad. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, frustró sus planes y derivó la causa a la Audiencia Nacional, donde el magistrado aspira hacerse un hueco. De momento, sus anhelos no han sido cumplidos. Peinado se presentó a cubrir la plaza de refuerzo del Juzgado Central 6 que había salido para ayudar al juez Manuel García-Castellón en la multitud de casos que este tiene abiertos. Finalmente, sin embargo, no fue el elegido para ocupar un cargo que le hubiera dado mucha más visibilidad.