La Audiencia Nacional mantiene en prisión preventiva a los CDR acusados de terrorismo

Los CDR acusados de terrorismo seguirán en prisión. Después de que la Audiencia Nacional anulase los autos con los que el magistrado Manuel García Castellón mandó a la cárcel a cuatro de ellos el 26 de septiembre, sus abogados solicitaron este miércoles su puesta en libertad, para lo que alegaron que los hechos investigados encajan con un delito de desórdenes públicos y no de terrorismo. El juez, sin embargo, atendió la petición de la Fiscalía y mantiene la prisión preventiva para todos ellos al considerar que persisten el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.

Nueve miembros de los CDR fueron detenidos por la Guardia Civil el 23 de septiembre. Dos de ellos quedaron en libertad ese mismo día, pero los otros dos se encuentran en prisión provisional y la Fiscalía les acusa de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y conspiración para causar estragos con la finalidad de subvertir el orden constitucional. El juez Manuel García-Castellón considera que forman parte de los equipos de respuesta táctica (ERT), una organización vinculada a los CDR que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas.

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Las vistillas celebradas este miércoles responden a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anuló este martes los autos con los que se acordó el ingreso en prisión de cuatro de ellos el 26 de septiembre: Eduard Garzón, Guillem Xavier Duch, Xavier Buigas y Alexis Codina. El tribunal considera que García Castellón se extralimitó al escudarse en el secreto de las actuaciones para no proporcionar información a sus abogados, impidiendo así que desplegaran "su arsenal de defensa para poder impugnar la situación de privación de libertad".

Para mantenerles entre rejas, el juez instructor tuvo entonces que dictar cuatro nuevos autos este miércoles, escritos que, según explican fuentes cercanas a las defensas, serán recurridos. García Castellón también deja caer en los autos un dardo contra la Sala de lo Penal: "Del examen de la resolución dictada por la sala no se acierta a saber si la omisión verificada por el juzgado atiende a la falta de respuesta dada al letrado de la defensa al señalar las diversas deficiencias que a su juicio presentaba la comparecencia de prisión o si atiende al hecho sustantivo de la omisión informativa alegada".

Respecto a las alegaciones de las defensas, sostiene que no se puede condicionar la calificación de los hechos como delito de terrorismo a una declaración previa de existencia, de manera indubitada y sólida, de una banda terrorista: "El razonamiento aducido en la vista celebrada el día de hoy por la defensa, en virtud del cual no hay delito de terrorismo en tanto no conste de manera fehaciente un clima de temor social a las acciones de una banda o grupo organizado que tenga atribuido de manera inequívoca el carácter de terrorista, no puede admitirse". En caso contrario, el juez sostiene que "la instrucción quedaría así en espera de que por resolución judicial o por otro modo aceptable para las defensas quedase acreditada la existencia de una organización de tal índole, entrando en una espiral".

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Los acusados Jordi Ros y Ferran Jolis, los dos únicos que respondieron a las preguntas de la Fiscalía y el juez el 26 de septiembre, también recurrieron sus autos de ingreso en prisión, pero a diferencia de los otros cuatro investigados, la Sala de lo Penal los rechazó al considerar que su situación es distinta: "Ni el investigado ni su letrado en sede policial, ni judicial, antes de recaer la resolución apelada, efectuaron formal ni expresa objeción, reparo ni queja ni protesta en cuanto a la privación de información referida a los elementos esenciales de la detención ni consta petición del abogado de tener acceso a dicha información".

En lo que se refiere a Ros, el tribunal destaca también la gravedad de los hechos que él mismo confesó ante el juez: "El investigado reconoció que había más miembros del grupo implicados en el proyecto, siendo la finalidad de fabricar el explosivo emplearlo como medida de distracción, atrayendo la atención de la policía y los expertos en desactivación de explosivos, respecto de otra acción simultánea que sería la principal". Como consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso El Confidencial, uno de los planes de los acusados pasaba por ocupar el Parlament.

Las defensas sostuvieron este miércoles que los indicios son débiles e incluso pusieron en duda la competencia de la Audiencia Nacional para investigarles: consideran que los hechos investigados encajan con un delito de desórdenes públicos y no de integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos. También aseguraron que todos ellos tienen arraigo en Cataluña, argumento con el que trataron de descartar el riesgo de fuga. Pero ninguna de sus alegaciones convenció a García Castellón.