El caso PDVSA, paralizado: el juez esconde la investigación que hace temblar a Maduro

El caso PDVSA lleva cinco meses paralizado en el Juzgado 41 de Madrid, que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado. El instructor de la causa no termina de remitir el procedimiento a la Audiencia Nacional, que el pasado junio se declaró competente para coordinar la investigación y reclamó la misma al mencionado juez. La titular del Juzgado Central 3 del alto tribunal, María Tardón, se hizo cargo del caso, que rastrea la red de altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos que saqueó la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) y desvió ingentes cantidades de dinero procedente de esta mercantil por todo el mundo. Gran parte de este incontable montante fue a parar a España, donde los presuntos beneficiarios del mismo cuentan con grandes fincas y propiedades de todo tipo que la Justicia investiga si fueron adquiridos con los fondos de la petrolera.

La decisión de la Audiencia Nacional, sin embargo, no parece afectar al juez Peinado, que en los cinco meses que han pasado desde que la magistrada Tardón se declaró competente apenas ha movido pieza. El aún instructor tiene varios recursos sobre la mesa y, según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, es necesario que los resuelva antes de remitir el procedimiento al Juzgado Central 3. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan a que el magistrado no tiene prisa en finiquitar esos recursos y el sumario no hace más que coger polvo en el Juzgado 41.

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La macrocausa que puso en marcha Peinado mantiene investigados a altos cargos de los gobiernos de Nicolás Maduro y de su antecesor, Hugo Chávez, por blanquear en España el dinero procedente del petróleo venezolano. Las diligencias abiertas por el magistrado apuntan tanto a miembros del actual Ejecutivo del país como del anterior y a colaboradores de ambos que residen en la península Ibérica desde hace años y que habrían ayudado a sus compatriotas a introducir de nuevo en el curso legal los fondos que extrajeron de PDVSA por medio de inversiones en el ladrillo y en otros sectores.

La investigación, aún bajo secreto de sumario, representa la mayor causa que ha emprendido el mencionado juzgado desde que Peinado está al frente. No en vano, al comienzo de la instrucción, el magistrado dedicaba la mayor parte de su tiempo a sacar adelante el procedimiento. Incluso en fechas señaladas, como Semana Santa, el instructor practicó diversas diligencias con el fin de hacer avanzar el asunto. Desde que la Audiencia Nacional se hizo cargo de la causa, sin embargo, la rapidez ha dado paso a la lentitud en la tramitación del expediente, ahora estancado en el despacho que el juez tiene en la madrileña plaza de Castilla.

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Según las fuentes consultadas, Peinado llegó a tener hasta a 40 personas investigadas en la causa. En concreto, el juez comenzó a rastrear más de 70 contratos firmados por la petrolera estatal con mercantiles pertenecientes a la mencionada trama. Algunas de estas últimas estarían vinculadas, según los primeros indicios que barajó el magistrado, a la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que de momento no ha venido a España para declarar en la causa. El instructor investigó si estos convenios, que podrían esconder sobornos previos, habilitaban a las sociedades para extraer el crudo y comercializarlo. También indaga si las mercantiles eran contratadas a dedo por el Gobierno de Maduro con el fin de que estas explotaran los yacimientos petrolíferos y vendieran luego el material en Europa, según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, encargada de impulsar el procedimiento.

Rodríguez es la vicepresidenta del país desde junio de 2018, cuando abandonó el cargo que tenía al frente de la Asamblea Nacional Constituyente. La ahora mano derecha de Maduro había sido antes canciller de la República Bolivariana y ministra de Información, puesto este último que luego cedió a su hermano Jorge Rodríguez, hoy vicepresidente de Comunicación y también investigado en la causa que aún mantiene Peinado en su poder. Los hermanos Rodríguez ostentan sin duda dos de los cargos más influyentes del país.

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Además de ellos, también se encuentran imputados el viceministro de Energía con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, su mujer, Milagros Coromoto, el empresario José Roberto Rincón Bravo y otros altos cargos y directivos vinculados al régimen. El Gobierno de Venezuela, de hecho, trató de personarse en la causa. El juzgado aceptó inicialmente que el Ejecutivo de Maduro fuera parte del procedimiento pero, tras los recursos del ministerio público y de otros personados, rectificó su decisión. "Requiérase a la representación procesal del Estado de la República Bolivariana de Venezuela para que devuelva el soporte con el contenido de la causa que se le entregó", ordenó el letrado de la administración de justicia del Juzgado 41.

La causa ha levantado el interés de los medios venezolanos, que durante los últimos meses han ido haciéndose eco de la información que ha venido publicando El Confidencial. No en vano, gran parte de ellos ha estado telefoneando durante el tiempo que el procedimiento ha permanecido parado con el fin de tratar de averiguar por qué no avanzaba la investigación. El Juzgado 41 ha optado asimismo por mantener un continuado silencio con relación a la paralización de la instrucción y no solo ante los periodistas. Las diferentes partes han interpuesto recursos para reclamar el avance de la investigación, pero aún no han recibido respuesta.