El dardo de Cifuentes ante el juez de Púnica: hasta Pablo Casado estuvo en Fundescam

La declaración de este miércoles de Cristina Cifuentes en la Audiencia Nacional venía con sorpresa preparada. Durante la batería de preguntas de la Fiscalía sobre la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), organismo en el centro del presunto desvío de fondos a la caja B del PP, la expresidenta madrileña metió sin que nadie lo esperara al líder de su partido, Pablo Casado. "En un determinado momento estuvo incluso Casado como miembro de Nuevas Generaciones", dijo. Desde Génova, niegan radicalmente que fuera así.

Fundescam formaba, según la Fiscalía, parte del plan destinado a nutrir de fondos opacos al partido en Madrid: "El plan acordaría que, esta vez, el desvío de fondos públicos se materializase a través de las subvenciones concedidas por la comunidad a Fundescam", sostiene en su escrito, poniendo el foco en cómo se desviaron más de 500.000 euros en 2007, 2008 y 2011. "Todos ellos se sirvieron de la circunstancia de que Fundescam era una fundación adscrita al partido y por tanto gestionada desde el mismo, bajo la supervisión de sus máximos dirigentes", refleja uno de los autos del procedimiento.

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Según argumentó, cuando ella era patrona de Fundescam, más de 10 personas ocupaban el mismo cargo. Además de Casado, estuvieron como patronos Aguirre y González, así como otros que asumían ese papel por sus cargos en el partido. La expresidenta venía preparada e incluso aportó un certificado de 2006 sobre su papel en la fundación. El papel llamó la atención de las fiscales, que preguntaron reiteradamente cómo es posible que esté en su poder cuando Fundescam ha negado en requerimientos judiciales disponer de documentación anterior a 2010.

Niega conocer la caja B

Cifiuentes negó durante el interrogatorio cualquier relación con la trama Púnica o la presunta caja B del PP madrileño. En su declaración como imputada ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, la expresidenta se desmarcó de la financiación de las campañas investigadas y aseguró que su responsabilidad se limitaba a llenar los mítines. En cuanto a la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid, defendió que se siguieron criterios técnicos, de organización y de calidad, explican fuentes jurídicas a El Confidencial. También evitó atacar de forma directa a Esperanza Aguirre e Ignacio González.

La expresidenta no entró al trapo de las preguntas de las fiscales, las únicas a las que contestó junto a su propio abogado. Comenzó nerviosa y fue asentándose, sobre todo cuando el interrogatorio discurrió por las irregularidades en la adjudicación en 2009 y 2011 de la cafetería de la Asamblea de Madrid.

El pasado 2 de septiembre, el magistrado acordó la imputación de Cifuentes por formar parte del "comité de expertos que valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco" para la adjudicación de la cafetería. En su auto, García Castellón destaca además que no le importó que su participación "conculcase la legalidad vigente", ya que "también presidía la mesa de contratación y la investigada Recoder había emitido en el expediente del contrato un informe jurídico".

Frente a esta acusación, Cifuentes dijo este miércoles que se siguieron criterios de calidad, subrayando además que la decisión no solo le correspondió a ella, sino también a diversos políticos y técnicos. Aseguró no tener conocimiento de que el dueño del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández, realizara una serie de donaciones a Fundescam, subrayando además que el empresario también llevaba la restauración de Casa Real, la Zarzuela o el Atlético de Madrid.

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A preguntas de la Fiscalía, Cifuentes confirmó la presencia del empresario Daniel Horacio Mercado en diversos actos de campaña del PP de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre. Imputado en la causa, Mercado se erige como uno de los supuestos beneficiados de la trama, pero la expresidenta madrileña aseguró desconocer el papel que jugaba en la red corrupta: le vio en más de una ocasión detrás del escenario y no recuerda quién se lo presentó. Sobre la supuesta cláusula del 1% que el PP de Madrid imponía a toda empresa que quisiera conseguir contratos de construcción o explotación, dijo que nunca se le informó sobre ello.

Aunque el juez no lo menciona en su auto, la Fiscalía Anticorrupción va un paso más allá en el informe que generó las nuevas imputaciones y también apunta a un tejemaneje de la trama que "no pudo resultar ajeno" a Cifuentes. Según explica, la expresidenta madrileña "asistió a las reuniones que mantuvieron los investigados Ignacio González y Francisco Granados, junto a Esperanza Aguirre y Borja Sarasola, con Juan Miguel Madoz Echevarria, administrador de la empresa SWAT". El Ministerio Público considera clave su asistencia a estos encuentros, pues define a Madoz como "uno de los cooperadores en el desvío de fondos públicos para pago de gastos electorales". Cifuentes, sin embargo, aseguró ante el juez que nunca se reunió con él, explican fuentes jurídicas.

Tras la declaración, Cifuentes compareció ante los medios de comunicación para volver a desmarcarse de esos “asuntos” de la red corrupta: “Si algo hice cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid fue luchar de manera implacable contra la corrupción”. “Espero que esto termine cuanto antes y se llegue hasta el final”, señaló la expresidenta de la CAM, enfatizando que su “principal participación en la Púnica fue personar al Gobierno de Madrid como acusación particular"

La interrupción de la declaración

Pasadas las 17:30, el juez de Púnica interrumpió el interrogatorio al darse cuenta de que la declaración se estaba oyendo en la sala de prensa. La comparecencia se celebraba a puerta cerrada en el Salón de Plenos de la Audiencia Nacional, pero los periodistas pudieron escuchar las respuestas de la política durante más de media hora por un problema técnico. Tras percatarse de lo que estaba ocurriendo, el magistrado Manuel García Castellón paró el interrogatorio para proponer distintas opciones, como desalojar la sala de prensa o suspender la citación. "La única forma es arrancar los cables", llegó a decir. En vista de que los técnicos no conseguían solucionar el problema, la comparecencia pasó a celebrarse en un lugar distinto.

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La expresidenta madrileña se presentó en la Audiencia Nacional poco antes de las 17:00 y rechazó atender a los medios, tras lo que los periodistas se desplazaron a la sala de prensa. Minutos después, para sorpresa de los presentes, la voz de la política comenzó a sonar en la estancia: los micrófonos del Salón de Plenos estaban abiertos. Al advertir el problema, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 detuvo el interrogatorio en torno a las 17:30, pero una vez reanudado, la declaración de Cifuentes seguía oyéndose. Un grupo de policías se acercó entonces a la sala desde la que se controlan los micrófonos de la Audiencia Nacional, pero no consiguieron solucionarlo: los periodistas escucharon la declaración de Cifuentes hasta las 18:00, momento en el que el juez, tras preguntar a las partes, decidió trasladar el interrogatorio a otro lugar.

En las causas en instrucción, como ocurre con el caso Púnica, las declaraciones de investigados o testigos siempre son a puerta cerrada y solo se permite que asistan los abogados de los distintos implicados y las acusaciones. Al escucharse parte del interrogatorio a Cifuentes en la sala de prensa, las partes podían pedir que se anulara todo lo declarado hasta ese momento, pero fuentes jurídicas explican que se limitaron a continuar con la comparecencia en una nueva estancia.