Púnica tuvo a sueldo a la hermana de Aguirre mientras recibía contratos de su Gobierno

Un nuevo indicio complica la situación procesal de Esperanza Aguirre, acusada formalmente desde agosto de formar parte de la presunta trama de financiación ilegal del caso Púnica que alimentó con dinero opaco sus propias campañas electorales. Una de las agencias de publicidad que supuestamente usó el PP de Madrid para desviar fondos públicos a su caja B, Lata Latina SL, tuvo en nómina a su hermana pequeña, Cristina Aguirre y Gil de Biedma, al mismo tiempo que la compañía recibía adjudicaciones de su Gobierno.

Los contratos concedidos a Lata Latina SL son ahora uno de los ejes sobre los que gira la investigación de este escándalo, que arrancó en 2014 pero está lejos de cerrarse. Según las fuentes consultadas por este diario, la menor de los siete hermanos de Esperanza Aguirre habría estado a sueldo de Lata Latina al menos durante 13 meses entre los años 2006 y 2007. Fue en esas fechas cuando la compañía comenzó a trabajar para Presidencia y la mayoría de consejerías del Ejecutivo autonómico. Su gran valedor en la Puerta del Sol fue Alberto López Viejo, viceconsejero de Presidencia (2004-2007) y consejero de Deportes (2007-2009) de Aguirre. Tuvo que dejar este último cargo por su implicación en Gürtel. El año pasado, fue finalmente condenado a 31 años de cárcel por ese otro gran caso de corrupción del PP.

TE PUEDE INTERESAR

Un técnico del PP asegura al juez de Púnica que Aguirre controlaba las adjudicaciones

Pablo Gabilondo

Lata Latina llegó a ser investigada en ese procedimiento, pero eso no impidió que siguiera recibiendo encargos de los gobiernos del Partido Popular en los siguientes años. En ocasiones, la agencia recibía contratos directos, pero muchas otras trabajaba subcontratada por otros adjudicatarios, como la multinacional tecnológica Indra, una de las compañías que más facturaron a la Comunidad de Madrid durante la etapa de la exdirigente del PP (2004-2012).

La Audiencia Nacional ha puesto el foco precisamente en varios pagos realizados por Indra a Lata Latina entre 2011 y 2014. Como reveló este diario, la pista clave la ofreció la Agencia Tributaria, que en 2015 abrió una inspección a la cotizada sobre los ejercicios no prescritos, tras detectar que había pagado a esa mercantil al menos 3,3 millones de euros por trabajos inexistentes. Las facturas que emitió para justificar esos abonos eran falsas. El pasado mayo, un Juzgado de lo Penal de Madrid condenó en firme a Indra por un delito contra la Hacienda Pública al considerar acreditado que Lata Latina no trabajó para la compañía y que, por tanto, la multinacional nunca debió computarse esos gastos en la declaración del impuesto de sociedades.

La menor de los seis hermanos de Esperanza Aguirre habría estado a sueldo de Lata Latina al menos durante 13 meses entre 2006 y 2007

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García-Castellón, va más allá y ha apuntado en su último auto que esas facturas falsas de Indra y Lata Latina serían una parte del engranaje diseñado presuntamente por Esperanza Aguirre para desviar fondos gestionados por su Gobierno hacia la contabilidad opaca del partido. La agencia en la que trabajó su hermana era una parte esencial de ese engranaje, según el instructor del caso, que atribuye a la expresidenta regional “un papel decisivo y esencial” en esta red, que habría “usado de forma continuada durante tres campañas numerosos artificios para ocultar gastos electorales y pagarlos con flujos de distintas fuentes, ajenas a las cuentas” de la formación.

Aguirre, que tendrá que declarar el próximo 18 de octubre ante García-Castellón, rechaza esas acusaciones y mantiene que no solo no participó en ninguna de las decisiones que están siendo cuestionadas, sino que ni siquiera tuvo conocimiento de que existieran. La antigua lideresa del PP sostiene que el auto es “completamente falso” y rechaza cualquier relación con Púnica.

Pero la contratación de su hermana pequeña en Lata Latina durante más de un año debilita sus argumentos de defensa, al hacer menos creíble su coartada de que desconocía por completo el funcionamiento de la trama de financiación ilegal de sus campañas. No solo habrían participado en ella sus dos hombres fuertes en el Ejecutivo regional, Francisco Granados e Ignacio González, ambos también imputados. Hasta una de sus hermanas habría estado en nómina de una sociedad de la red.

No sería la primera vez que la mano de Aguirre asoma sobre la menor de sus siete hermanos. En mayo de 2012, apenas cuatro meses antes de dejar sorpresivamente la presidencia de la Comunidad de Madrid, se descubrió que una dirigente del PP estrechamente vinculada a la entonces jefa del Ejecutivo madrileño que entonces era concejala del distrito de Hortaleza, Almudena Maíllo, había fichado como asesora política a Cristina Aguirre con un salario anual de 46.000 euros. Maíllo aseguró entonces que Aguirre no había influido en nada en su decisión de contratar a su hermana. En la actualidad, Maíllo es concejala delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Madrid, presidenta del distrito de Moratalaz y, desde julio, secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).