Bronca entre jueces por la 'sugerencia' del Supremo de dejar presentarse a Puigdemont

La decisión ya está tomada: Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí podrán presentarse a las elecciones europeas. A falta de que el Tribunal Constitucional estudie los recursos que han anunciado el PP y Ciudadanos, tres juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid han dado luz verde a que los políticos huidos concurran como candidatos, echando así por tierra la exclusión que había decretado la Junta Electoral Central. El Tribunal Supremo ya se posicionó este domingo a favor de que se presentaran a los comicios, pero al mismo tiempo consideró que no era el órgano competente para pronunciarse y devolvió la pelota al tejado de los juzgados madrileños. Tan solo 24 horas después, estos atendieron la petición de Junts per Catalunya y dejaron destilar en sus sentencias un mensaje entre líneas: su enfado con el alto tribunal.

La decisión de la Junta Electoral Central (JEC) estuvo teñida de controversia desde el inicio, pues los siete miembros que tumbaron la candidatura basaban su decisión en que Puigdemont y los otros dos candidatos no estaban inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que ese paso era requisito obligatorio para cualquier persona que no resida en España. Junts per Catalunya no estuvo de acuerdo con la medida y recurrió ante la propia JEC, el Tribunal Supremo y los citados tres juzgados de Madrid. Optaron por elevar la causa a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y esta decisión los ató de pies y manos.

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Las sentencias reflejan ahora que a los jueces no les ha sentado bien que la Sección Cuarta de la Sala Tercera, presidida por el presidente de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo, evitase tomar la decisión final y, sin embargo, no viese problema en entrar a valorar la polémica: "En cuanto ciudadanos españoles, tienen derecho a presentarse como candidatos en las próximas elecciones", llegó a sostener el Supremo este domingo en su auto. Ante semejante afirmación, el magistrado Tomás Cobo Olvera, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 9 de Madrid, menciona al alto tribunal hasta en 13 ocasiones en su sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial. Entre las perlas que lanza, cabe destacar las siguientes tres:

"Para dar respuesta a las pretensiones de los recurrentes, es imprescindible en esta ocasión hacer referencia al auto del Tribunal Supremo de fecha 5-5-2019 por el que declara que la competencia para conocer de este recurso corresponde a este juzgado. Y se dice que es imprescindible porque en el mismo ha marcado la dirección en la que debe resolverse esta sentencia".

"El Tribunal Supremo, aunque como él dice no tiene competencia para resolver sobre esta cuestión, al mismo tiempo ha determinado que este juzgado resuelva con arreglo a los razonamientos del auto referido".

"En consecuencia, en relación con quizá la cuestión más polémica del asunto, este órgano judicial no puede entrar a decidir, ya que la ha decidido el Tribunal Supremo".

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El mensaje no deja lugar a dudas: el Tribunal Supremo dejó clara su postura y los juzgados no han tenido margen de maniobra. Una línea similar a la expuesta incluye la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 21 de Madrid, documento al que ha tenido acceso este diario y en el que la magistrada Cristina Pacheco del Yerro también subraya de forma sutil cómo el alto tribunal ha entrado en valoraciones. Demasiadas:

"A la vista de todo ello, esta juzgadora se ve, no obstante, en la necesidad de poner de manifiesto que la decisión que le corresponde adoptar ahora, precisamente porque el mismo Tribunal Supremo se ha declarado incompetente para conocer del recurso en favor de los juzgados de lo Contencioso Administrativo, no puede estar condicionada por la indicación expresa que reitera el auto de 5 de mayo de 2019 y mediante la cual se insta a que dicha decisión se ajuste, en cuanto al fondo del asunto, al criterio que sobre este manifiesta el propio auto".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Madrid, por el contrario, opta por no incluir ningún dardo al Tribunal Supremo en su sentencia. Aunque el magistrado Cristóbal Navajas Rojas sigue la misma línea que sus compañeros, en su caso prefiere no cargar contra el alto tribunal. Su silencio, sin embargo, no es suficiente para rebajar el mensaje de los otros jueces: un malestar evidente.