La Agencia de Protección de Datos sanciona al militar de la Manada con 150.000 euros

“Es un despropósito sideral”, denuncia Agustín Martínez, su abogado. “Los de la Agencia no se enteran de nada. Dicen que mi cliente difundió el vídeo de los Sanfermines y eso es radicalmente falso, pero como estamos hablando de la Manada, la verdad no importa. Todo lo malo que les pase será aplaudido”.

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El militar de la Manada tendrá que apoquinar 150.000 euros uno detrás de otro. Así se lo ha comunicado la mismísima Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España Martí, que, eso sí, le ofrece rebajarle la multa hasta 90.000 euros, si no protesta —un 20% menos— y paga pronto —otro 20%—. Reconoce el documento de ocho páginas, al que ha tenido acceso El Confidencial, que para iniciar su investigación tuvieron que descargarse las sentencias condenatorias de internet. “Concretamente, explican que se las bajaron del periódico 'El Plural”, cuenta Agustín Martínez, abogado de los cinco jóvenes sevillanos, manifiestamente enojado.

“Digo yo que un organismo del Estado tan importante como este podría tener algún otro medio para haberlas conseguido, porque suena a Pepe Gotera y Otilio. Pero anécdotas aparte, en esa sentencia, que todavía se puede encontrar en internet, los ávidos e intrépidos inspectores de la Agencia se podrían haber dado cuenta de que en sus folios número dos y tres, aparecen los nombres y apellidos de mis clientes, los de sus padres, que no pintan nada en esto, y las direcciones exactas de sus domicilios, pero eso a la Agencia de Desprotección de Datos le da igual, se la refanfinfla. Que se publican datos personales hasta de sus padres, pues que les zurzan, ¿no? Como son la Manada, todo lo malo que les ocurra, bienvenido sea”, dice.

El nivel de irritación del letrado se percibe a distancia, sin que hable. Tiene el gesto crispado y, aunque aparenta calma, tira de ironía para evitar usar palabras gruesas. “Lo que más me molesta es que los de la Agencia no saben leer. Se supone que han aprobado una oposición y que deben, pero hete aquí que en este caso no”, denuncia el letrado. Se refiere, concretamente, a la siguiente frase del documento: “El 7 de julio de 2016 A. J. [el militar] grabó el vídeo de los hechos cometidos en el que aparece la víctima y que posteriormente ha sido publicado”. Es en esa concreta aseveración en la que se basa la multa de 150.000 euros, en que el vídeo grabado en el interior de un portal de Pamplona de madrugada ha sido distribuido y cualquiera ha podido verlo.

“Es radicalmente falso que nadie haya difundido el vídeo de lo que ocurrió en los Sanfermines. Si yo he podido visionarlo en el juzgado, es porque es una prueba que forma parte de un procedimiento judicial, pero cuáles no serán las medidas de seguridad, que pude verlo después de que sacaran la grabación de una caja fuerte. Por tanto, la afirmación de la Agencia de Protección de Datos es, además de falaz, demencial”.

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En la resolución se repite esta conclusión, la de la distribución del vídeo, varias veces: “Ha resultado probado que A. J. grabó con su móvil un vídeo de 39 segundos de duración, que posteriormente fue difundido y que hacía referencia a la vida sexual de la víctima del grupo denominado la Manada”; “La grabación de los hechos referidos en este procedimiento y la posterior difusión suponen un impacto relevante en la privacidad de la persona grabada en esos momentos, con la afectación a su salud y vida sexual, como se describe a lo largo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra”.

El abogado tiene 10 días para recurrir: “Hay veces que tengo la sensación de que vivimos en un país de chirigota. En las próximas horas, presentaré las alegaciones pertinentes. Espero que esta vez, si saben, las lean. Y si lo hacen, tendrán que archivar inmediatamente este despropósito, aunque ya sabemos que si hablamos de la Manada, casi todos juzgan con las tripas y no con la razón. Con lo que no descarto, aunque sea del tebeo, que al final tenga que pagar”.