PAGÓ SOBORNOS A ALTOS CARGOS Y FUNCIONARIOS

Puertos, autovías, trenes... OHL amañó obras públicas valoradas en más de 700 millones

La constructora pagó presuntamente sobornos para adjudicarse el puerto de Granadilla (Tenerife), la variante de Baza (Granada), la Autovía de la Plata (Extremadura) y el puerto de Melilla

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La nueva trama de la constructora OHL descubierta por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría pagado sobornos a altos cargos y funcionarios de diferentes administraciones para asegurarse adjudicaciones por valor de más de 700 millones de euros. La lista de concursos públicos presuntamente manipulados incluye decenas de carreteras, puertos y líneas de tren, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a las pesquisas. El instructor del caso Lezo, el juez Manuel García Castellón, ha abierto una nueva pieza en ese mismo procedimiento para investigar las supuestas irregularidades cometidas en las licitaciones bajo sospecha e identificar a los cargos políticos y técnicos que pudieron obtener un beneficio personal por concedérselas a la multinacional de Juan Miguel Villar Mir.

Las primeras estimaciones apuntan a que las comisiones ilegales pagadas por la red de OHL superarían los 40 millones de euros, como adelantó este diario este jueves. Entre las obras que ya están siendo analizadas, se encuentran varios tramos de la A-66 o Autovía de la Plata a su paso por Extremadura que fueron adjudicados a partir de 2003 por el Ministerio de Fomento, que entonces encabezaba Francisco Álvarez-Cascos. De las 11 secciones de la carretera que salieron a concurso en aquella época, cinco fueron concedidas a OHL. Su éxito fue tan abrumador que desató la ira de los pequeños constructores extremeños, que vieron cómo se quedaban fuera sistemáticamente de las fases más suculentas de la infraestructura. Solo en la A-66, OHL consiguió contratos por importe de 210 millones de euros.

También se investiga la adjudicación en 2005 de la Estación Marítima de Melilla por 21 millones de euros. El organismo encargado de tramitar los trabajos fue la Autoridad Portuaria de la ciudad, cuyo presidente en aquel momento, Arturo Esteban Albert, simultaneaba esa responsabilidad con la presidencia del PP local. El concurso se lo terminó llevando Elsan-Pacsa SA, una de las filiales de OHL.

Otra de las filiales de la constructora que también están en el punto de mira del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional es Sato, una firma especializada en el desarrollo de infraestructuras portuarias. Formó parte de la UTE que se impuso en 2007 en el concurso de ejecución de las obras del dique de abrigo del puerto industrial de Granadilla, al sur de la isla de Santa Cruz de Tenerife. La UTE de Sato ganó con una oferta de 114,5 millones de euros. En una investigación posterior, se descubrió que el entonces presidente de Puertos de Tenerife, Luis Suárez Trenor, un destacado dirigente de Coalición Canaria, acumuló ingentes cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido. Tenía tanto dinero que llegó a comprar cinco vehículos en solo tres años.

Los indicios acumulados en esta nueva pieza de Lezo, que fue hecha pública este miércoles tras dos años de instrucción en el más estricto secreto, apuntan igualmente contra la empresa pública para la Gestión de Infraestructuras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Altos cargos y funcionarios de este organismo cobraron presuntamente sobornos de OHL a cambio de que la compañía de Villar Mir asumiera la construcción de la variante de Baza (Granada) por 7,7 millones de euros y las obras del puente de Loja (Granada) por cinco millones, entre otros proyectos. Según fuentes cercanas a las pesquisas, la penetración de OHL en la Administración andaluza fue especialmente fructífera.

Entre las principales obras amañadas por la trama, también se encuentra una infraestructura que ya había aparecido en el caso Lezo. Se trata de la fallida línea de Cercanías que debía unir las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero. Ya hay una pieza entera del procedimiento dedicada a investigar el presunto pago de 1,4 millones de euros que hizo supuestamente OHL a Ignacio González a cambio de la concesión de ese ramal. El dinero, sin embargo, nunca llegó a su teórico destino. Se quedó en una cuenta suiza del industrial Adrián de la Joya. Por esa operación se encuentran investigados el propio Villar Mir y su yerno y también consejero de OHL Javier López Madrid como presuntos inductores del pago.

A esa línea de investigación se suman ahora nuevas pruebas que revelarían pagos de la constructora a otros dirigentes de la Comunidad de Madrid para asegurarse el mismo contrato. Las obras fueron adjudicadas en 2008 por el Ejecutivo que entonces presidía Esperanza Aguirre. OHL se impuso con una oferta de 364 millones de euros y automáticamente inició las actuaciones para acondicionar el trazado. Pero, solo unos meses después del inicio del proyecto, la crisis demostró que las estimaciones de usuarios de la nueva línea de Cercanías eran por completo irreales y la empresa paralizó los trabajos.

Solo estas seis adjudicaciones alcanzarían un valor de 722 millones de euros. La cifra total que se investiga es muy superior. Por lo pronto, el foco se centra en dos nombres propios. El directivo de la constructora que habría jugado un papel más destacado en el pago de sobornos sería presuntamente Felicísimo Ramos, un antiguo director de control de gestión que se jubiló en 2013 pero que, sin embargo, siguió en nómina de la multinacional como asesor independiente al menos hasta 2016. Por debajo de Felicísimo se encontraría el también investigado Paulino Hernández, director general de Obra Civil Nacional de la cotizada hasta mayo de 2017.

Las pesquisas sitúan a estos dos directivos como ejecutores directos de los amaños. Presuntamente, se encargaban de negociar las comisiones con los altos cargos y funcionarios de las administraciones que más interesaban a OHL y luego les hacían llegar el dinero o los regalos acordados. La autoría intelectual de la trama aún no ha sido esclarecida, pero las investigaciones la ubican en las esferas más altas de la compañía, en la misma cúspide. Parece difícil que solo dos personas pudieran coordinarse para disponer de 40 millones de euros sin que saltara ninguna alarma interna. Ramos y Hernández ya han pasado por la Audiencia Nacional y hay previstas más declaraciones en los próximos días.

Fuentes de la empresa consultadas por El Confidencial precisan que OHL tiene "un absoluto compromiso con la ética, la integridad, la transparencia, las más exigentes prácticas de buen gobierno y el respeto a la ley en el desarrollo de su actividad". También ponen de manifiesto que la constructora mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y que, desde su fundación en 1911 hasta hoy, ningún directivo ni empleado de la compañía ha sido condenado por algún supuesto de corrupción.

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