La Justicia envía al ámbito penal las ayudas que Clemente dio a la empresa de su marido
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DESESTIMA EL RECURSO DEL EMPRESARIO

La Justicia envía al ámbito penal las ayudas que Clemente dio a la empresa de su marido

Desestima el recurso de Patatas Meléndez, que exigía recuperar el cobro de una subvención frenada. El futuro de Clemente se complica porque también envía el caso al ámbito penal

Foto: La Justicia envía al ámbito penal las ayudas que Clemente dio a la empresa de su marido
La Justicia envía al ámbito penal las ayudas que Clemente dio a la empresa de su marido

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa Patatas Meléndez SL —de la que es propietario Javier Meléndez Juárez, marido de Silvia Clemente, exdirigente popular y hoy candidata a las primarias de Ciudadanos en esta comunidad— que reclamaba a la administración autonómica recuperar una subvención de casi 600.000 euros que la Junta frenó al ver un "incumplimiento total" de las actividades previstas en la concesión que se autorizó en un inicio, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl). La magistrada impone a la empresa además la asunción de las costas (2.000 euros) y, sobre todo, da un vuelco absoluto al caso remitiendolo al ámbito penal.

Puede leer aquí la sentencia
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En concreto, la sentencia a la que ha accedido El Confidencial, recoge una apreciación de la jueza que puede complicar mucho el futuro político de Clemente, al considerar "indicios de una posible manipulación de documentos", que entiende debe ser investigada por el órgano competente. La manipulación documental recae sobre el ámbito penal y será el juzgado el que decida abrir o no un nuevo procedimiento para ampliar las diligencias que fueron abiertas hace un año tras la petición de la Fiscalía.

Si finalmente este procedimiento prospera, una de las personas investigadas sería la propia Clemente, que se encontraba al frente de la Consejería de Agricultura de Castilla y Léon en los años en que se concedieron las subvenciones de la polémica. En concreto, según explica la jueza en el fallo (que no es firme), para resolver el recurso que planteaba Patatas Meléndez se debían analizar "dos concesiones a la mercantil, y tener en cuenta si existía o no duplicidad entre ambas" como sostenía el director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, que denunció los hechos en 2017. La primera de las ayudas fue otorgada el 30 de diciembre de 2008 y, la segunda, el 31 de diciembre de 2009. Clemente estuvo al frente de la consejería competente entre los años 2007 y 2015, año en el que pasó a ser presidenta de las Cortes castellano leonesas tras las elecciones autonómicas.

La empresa, en todo caso, insiste en que ejecutó "sustancialmente" las tareas comprometidas y que aquellas que mostraron "inutilidad" fueron modificadas, por lo que se resiste a aceptar que las ayudas deban ser revocadas. También se pronuncia sobre la supuesta coincidencia de ciertas tareas con otras líneas, asegurando que los proyectos para los que le fueron concedidas esas ayudas, eran "absolutamente distintos". En ese sentido, niega que exista la duplicidad denunciada y añade que en ningún caso "el gasto justificado sea menor que el aprobado".

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Sin embargo, la Sala mantiene un punto de vista muy distinto. Considera que la compañía pretendía incluir en la justificación de las subvenciones tareas que ya habían sido presentadas para otras ayudas, y considera que el proyecto "no se ejecutó" en los términos aprobados en la resolución de concesión.

Una de las claves, en todo caso, es la duda que la magistrada ve en la autencidad del informe final del proyecto del mencionado instituto, fechado en 2012 y que Patatas Meléndez aportó cuatro años después. Primero, porque el membrete oficial solo está en la primera página (en el resto de ellas no), además de que incorpora un punto en el que sea clara la diferenciación de los dos proyectos de la discordia.

El caso, que tiene su enjundia, comienza en agosto de 2017 cuando el director general de la consejería estimó que la empresa de Meléndez perdía el derecho a cobro de la subvención. Precisamente, la consejería denunciaba entonces ante la Fiscalía que había desaparecido el expediente relativo a la subvención.

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