El Gobierno culmina su giro en inmigración al embarcar guardias civiles con Salvamento

En ocho meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha virado su discurso en materia de inmigración. De acoger al 'Aquarius' a impedir que zarpe del 'Open Arms'. La última medida en esta línea es la de embarcar a la Guardia Civil en el buque de Salvamento Marítimo 'Clara Campoamor', un gran barco civil destinado al rescate de inmigrantes en el Mar de Alborán, según denuncian los sindicatos de Salvamento Marítimo (Sasemar). Interior afirma que no se trata de un plan generalizado. En medio, la irrupción de Vox y su discurso de mano dura contra la inmigración.

Sasemar ha reunido a los sindicatos para explicarles los planes de las próximas campañas. Según fuentes de CGT, el sindicato mayoritario, una de las principales novedades es tener el buque 'Clara Campoamor' como centro de operaciones en el mar de Alborán usando como puertos Almería, Motril o Málaga. Este buque tendrá un refuerzo de tripulación y dará apoyo a las distintas Salvamares, lanchas más pequeñas.

Interior afirma que el embarque de guardias civiles no será generalizado, pero los sindicatos critican la militarización del cuerpo civil de salvamento

El 'Clara Campoamor' es un buque de 80 metros de eslora con base en Cartagena previsto para luchar contra la contaminación, pero ya ha participado en operaciones de rescate de personas en alta mar. La novedad es que a partir de ahora a bordo irán tres guardias civiles, según documentación a la que ha tenido acceso este diario. Fuentes de CGT denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez "militarice un servicio civil de salvamento" y temen que el mando real corresponda a estos agentes armados. Sobre todo, porque en agosto el Gobierno creó un mando único en materia de inmigración y puso al frente a un general de la Guardia Civil. El 'Clara Campoamor' desde entonces sigue órdenes de este mando único.

Las patrulleras de la Guardia Civil trabajan también en tareas de salvamento y en ocasiones los responsables de Sasemar les han pedido ayuda para que guardias civiles vayan en sus barcos si auguran problemas con alguna patera. Pero fuentes sindicales insisten en que es distinto que poner el centro de operaciones con tres guardias civiles a bordo. El año pasado España rescató a casi 50.000 personas en 2.300 embarcaciones.

El año pasado España rescató a 50.000 personas en 2.300 embarcaciones

El Ministerio de Interior resta importancia al tema. En contraste con las órdenes dadas a los trabajadores, el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska asegura a este diario que "no hay ningún plan para que los guardias civiles vayan en barcos de Sasemar" y que solo en determinados rescates "puede haber supuestos en que la Guardia Civil tenga que subir, pero desde luego no con carácter general".

El gesto de llevar de forma permanente guardias civiles embarcados en operaciones de Fomento se une a decisiones anteriores del Ejecutivo. Interior ha rescatado un acuerdo con Marruecos de los año 90 para devolver a 116 inmigrantes en 24 horas, Fomento ha impuesto un apagón informativo en redes sociales sobre las operaciones de rescate que realiza Sasemar y además ha negado el permiso de navegación a los buques 'Open Arms' y 'Aita Mari' de ONG que se dedican al rescate de inmigrantes en el Mediterráneo. La retirada de concertinas en la valla de Ceuta y Melilla aún no se ha concretado y los aviones de Salvamento llevan meses sin radar para detectar pateras.

El pasado jueves en el Congreso, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se defendió de las críticas de la oposición por haber cambiado radicalmente de política migratoria desde el 'Aquarius'. "La decisión del Gobierno de España de acoger al 'Aquarius' el pasado verano, que tanto se utiliza, supuso lanzar un mensaje, que fue atendido por distintos Estados miembros que han participado en el reparto solidario de inmigrantes. El Gobierno sigue trabajando a nivel europeo para dejar de dar respuestas 'ad hoc' e institucionalizar y sistematizar el reparto de estos inmigrantes que llegan a nuestras costas".

Sobre por qué Fomento no da permiso para zarpar al 'Open Arms' y al 'Aita Mari', respondió que estos "incumplen la normativa internacional de salvamento y, por ello, no obtienen el permiso para volver al Mediterráneo central". Ábalos justificó que "el cierre de los puertos a buques de ONG en la zona en la que pretenden operar, junto con la negativa de estos buques de proceder al desembarco en Libia, hace que los buques de las ONG se vean forzados a tomar rumbo a España por ser su país de abanderamiento".

El resultado, siempre según el ministro, es que eso convierte sus operaciones "en un transporte de personas de varios días hasta llegar a España en buques que no cumplen las condiciones de seguridad necesarias para ello, poniendo en riesgo la seguridad del buque, de su tripulación, de las personas auxiliadas a bordo e incluso de los posibles barcos que pudieran acudir en su ayuda en caso de emergencia". Esos buques, añadió, "no cuentan con los certificados que garantizan el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino para el transporte de un elevado número de personas a bordo".

Las críticas al Gobierno por su política migratoria le llegan desde sus aliados. A Ábalos le contestó el diputado de Unidos Podemos Marcelo Espósito: "No tiene derecho a impedir que los buques españoles salgan al Mediterráneo a impedir que rescaten a migrantes y refugiados". Y en su réplica añadió: "Nos toma por tontos. El Gobierno hace dibujitos con la mano izquierda y emborrona con la derecha", en alusión a las relaciones entre Fomento e Interior. Marta Sibina, diputada de los Comunes, ha comenzado a votar sistemáticamente en contra de todo lo que llegue a la Cámara hasta que no zarpe el 'Open Arms'. Sibina rompe la disciplina de voto de su grupo y genera una situación incómoda en Unidos Podemos.

Iñigo Barandiaran, portavoz de Fomento del PNV, reclamó a Ábalos que "reconduzca la situación" para que los buques de ayuda humanitaria 'Aita Mari' y 'Open Arms' puedan salir al Mediterráneo a salvar vidas. Barandiaran calificó como "inaceptable" que los dos barcos permanezcan amarrados e insistió en que "la acción del Gobierno no puede ser ajena a las consecuencias que respecto de los Derechos Humanos pueda producir".

En el último barómetro del CIS, el 11,1% de los encuestados señaló la inmigración como uno de los tres principales problemas de España. En junio, ese porcentaje era solo del 3,5%. La irrupción de Vox en Andalucía y el discurso duro del Pablo Casado en el PP contra la inmigración ha influido en el cambio en Moncloa en el tema. Podemos ha señalado a los ministros Grande-Marlaska y Ábalos por el cambio pero el Ejecutivo asegura que busca una respuesta común europea.