Las penas por la muerte de Julen: hasta cuatro años por homicidio imprudente

Tras el hallazgo, en la madrugada del viernes al sábado, del cuerpo de niño de dos años Julen en el estrecho pozo de Totalán, el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha tomado ahora las riendas del caso y determinará si existe una responsabilidad penal en la caída y fallecimiento accidental del pequeño en el estrecho y profundo orificio para la extracción de agua de la finca donde se produjeron los hechos. Fuentes jurídicas indican a El Confidencial que, en principio, los hechos encajan en la comisión de un homicidio imprudente que puede ser castigado con penas de hasta cuatro años de prisión. En el foco se encuentran el dueño de la finca donde se produjo el accidente y el empresario encargado de la obra.

La investigación judicial, en manos de la magistrada María Elena Sancho, se centrará en establecer si la actuación de las personas vinculadas con la excavación pudo contribuir, de forma involuntaria, al accidente que acabó con la vida del pequeño. Es decir, la Fiscalía y la jueza establecerán ahora si existen indicios de irregularidades en la construcción y mantenimiento posterior del largo agujero. Para ello, tomarán declaración en los próximos días a los dos principales sospechosos, que ya han declarado ante la Guardia Civil.

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Agustín Rivera. Totalán (Málaga)

El Juzgado abrió diligencias unos días después del suceso, el pasado 22 para acotar las circunstancias previas de la muerte del pequeño y ha comenzado a recibir lo primeros atestados. Han sido también estas dependencias judiciales las que procedieron al levantamiento del cadáver. El último informe recibido es el de la autopsia que refleja golpes compatibles con la caída.

Por ahora, la atención se centra inevitablemente en las dos personas que intervinieron en la construcción del pozo. El empresario que lo efectuó, Antonio Sánchez, ya manifestó ante la Guardia Civil que cuando acabó los trabajos taponó la boca y destacó que su labor se modificó después. También aseguró que pensó que la obra contaba con permisos, aunque los que le mostraron pertenecían a otro terreno. Se investiga también si el propietario de las tierras efectuó o no trabajos posteriores que alteraran la seguridad de la zona y dejaran al descubierto el orificio.

El homicidio imprudente se castiga con penas de prisión de uno a cuatro años. Tras la reforma del Código Penal realizada en 2015, especifica que, si se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años. En función de la gravedad de la responsabilidad se establece un rango de menor gravedad en la que la pena va desde una multa de tres meses a dieciocho meses. Otro de los escenarios penales tras una instrucción que será larga y que ya se ha declarado secreta es la de las indemnizaciones y responsabilidad penal.

Testigos

El juzgado tendrá, además, que interrogar a una larga lista de testigos. Desde los padres de Julen hasta los miembros del operativo que durante 13 días desplegó todos sus esfuerzos para sacar al niño del pozo. Agentes, bomberos, mineros y otros profesionales que han participado en el rescate y comprobado, por ello, de primera mano desde el estado del terreno y orografía del terreno hasta los pasos que pudo dar el pequeño antes de la caída.

Uno de los puntos centrales de atención será el tapón que dificultó el procedimiento e impidió que los efectivos llegaran antes hasta el menor, y los motivos por los que parte del agujero aparecía rellenado hasta los 71 metros. Las hipótesis que se barajan van desde la vinculación con las nuevas obras que parecían estar en marcha en los alrededores hasta el desprendimiento fortuito por las lluvias.