El pozo de Totalán (Málaga) donde el pasado domingo cayó Julen, un niño de dos años que pasaba un día de campo con sus padres, carecía de permisos en tanto que la Junta de Andalucía no tienen ninguna constancia de que haya exisitdo autorización para acometer el sondeo y además no estaba correctamente sellado, a juicio de los expertos en prospecciones. 

El pocero que ejecutó el orificio, de 110 metros de profundidad y apenas 25 centímetros de diámetro, ha asegurado a la Guardia Civil en dos ocasiones que lo tapó con una piedra encajada en la boca, pero tal y como apuntan fuentes consultadas por la agencia 'Atlas', si era posible retirar la piedra "no es un buen sellado", sino que el pozo debería haberse rellenado con hormigón o con detritus, esto es, residuos orgánicos. 

Hay empresas que incluso lo aseguran con una tapa cerrada con un candado para que no se pueda acceder al agujero. No hacerlo constituiría una infracción grave castigada con sanciones de entre 6.000 y 300.000 euros, de acuerdo a la Ley de Aguas de Andalucía, que obliga a enterrar los pozos abandonados.

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