El Atleti recurrió a Villarejo para espiar a los socios contrarios a la venta del Calderón

El Atlético de Madrid recurrió al comisario José Manuel Villarejo para investigar a las agrupaciones de socios que se movilizaron contra los primeros planes de venta del Estadio Vicente Calderón y la marcha del club a otras instalaciones, como terminó ocurriendo con la inauguración en 2017 del Estadio Wanda Metropolitano. Directivos del Atlético se reunieron con el agente encubierto para pedirle que buscara información personal sobre los líderes de esas plataformas e indagara en sus empresas y relaciones ante el temor a que llegaran a suponer una verdadera amenaza para su continuidad al frente del club.

Los contactos entre el Atlético y Villarejo se desencadenaron a finales de 2004, justo cuando empezaron a aflorar las primeras asociaciones contrarias a la demolición del Calderón y el cambio de sede. Por esos servicios, el comisario habría cobrado hasta 340.500 euros. Villarejo elaboró al menos un informe con las conclusiones que obtuvo tras unas primeras averiguaciones preliminares sobre los colectivos críticos. Según consta en el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación conjunta con 'Moncloa.com', el encargado de oficializar el encargo de esta operación fue el entonces director de Seguridad del equipo. El comisario lo identificó únicamente por sus siglas, JC. Se trataría de José Camarero, policía nacional en excedencia.

Villarejo bautizó el encargo como operación Stage. Asociación Plataforma Alternativa Atlética, a la que designó con la clave A2, fue uno de los blancos principales de sus pesquisas. El presunto cerebro del caso Tándem rastreó su origen, las cuentas bancarias que estaba utilizando y quiénes eran sus principales dirigentes. El grupo había sido creado solo unos meses antes de que el club recurriera al comisario. Se definía como un movimiento crítico con la familia Gil que aspiraba a conseguir una mayoría social suficiente para tomar el control de la entidad y desactivar los planes para construir miles de viviendas en el lugar que ocupaba el terreno de juego.

Entre los responsables de la plataforma, Villarejo situó a José Luis Sánchez Ayuso (lo llamó Sancho), presidente de la Asociación Señales de Humo y una de las voces más contundentes contra el desempeño de los Gil y Cerezo. El comisario peinó sus datos de nacimiento, sus estudios, para qué empresa estaba trabajando en esos momentos y qué otras habilidades atesoraba supuestamente. “Mediante hábiles maniobras, está intentando provocar una profunda crisis en el club para posteriormente instalarse en ella, al tiempo que se presenta ante la opinión pública como honrado miembro del club que persigue a los 'poderosos dueños que abusan del humilde aficionado sin recursos”, escribió Villarejo, que también atribuyó a Sánchez Ayuso “experiencia en técnicas de manipulación de masas, según informaciones recogidas en su entorno personal”.

Otra de los personas que más aparecen en el informe desvelado ahora es el actual concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona, que fue otro de los rostros visibles de la Alternativa Atlética. Villarejo hizo especial hincapié en su papel por las derivadas políticas que implicaba su presencia. En aquel momento, Miguel Ángel Gil Marín y Cerezo confiaban en alcanzar un acuerdo urbanístico con el entonces alcalde de la capital, el popular Alberto Ruiz-Gallardón. Según Villarejo, la directiva del club sospechaba que Alternativa Atlética era una maniobra socialista para dinamitar sus planes. “Carmelo [el nombre en clave que asignó a Carmona] ha mantenido relaciones con Castresana [el fiscal anticorrupción que fue la bestia negra de Jesús Gil], así como con Trinidad Jiménez [sobrina del fiscal Villarejo], y últimamente la relación y comunicación más intensa es con el concejal de su mismo partido, llamado Félix Arias”.

El último gran dirigente de Alternativa Atlética investigado por Villarejo fue el empresario Alfonso Camba Barbolla (CB en su informe), que ese mismo año llegó a lanzar una oferta para comprar el club. El presunto cabecilla de la operación Tándem averiguó que era el propietario de unos laboratorios farmacéuticos argentinos, que había vivido durante muchos años en Suiza, quién era su socio más destacado y cuáles eran los planes de expansión de su empresa. “CB está convencido de que al final puede hacerse con el club y dar el pelotazo de su vida, ya que cree contar con el respaldo económico adecuado (…) Están apostando por controlar todo y creen que será así si consiguen vaciar de espectadores los días de partido, para lo cual emplean todo el empeño en captar el apoyo de peñas, otras plataformas o foros y cualquier iniciativa que vaya en contra de los directivos de K”, la consonante con la que el agente ocultó el nombre del Atlético de Madrid, aunque el informe entero es una enorme flecha que apunta al club.

Además de Alternativa Atlética, el comisario también analizó a petición del club otra plataforma de oposición a la directiva que había surgido apenas unos días antes de los primeros contactos, Salvemos el Calderón, creada con el único objetivo de paralizar cualquier proyecto que pasara por el derribo del estadio y el traslado a otra zona de Madrid. Villarejo proporcionó al club datos confidenciales sobre la cuenta bancaria que utilizaba este grupo para solicitar donativos de apoyo. “Según gestiones de urgencia realizadas por este GIA [Gabinete de Investigación y Análisis], se encuentra abierta bajo la modalidad de libreta desde 2003 por un DNI particular y es la misma ya utilizada para la canalización de ingresos y pagos de otros actos como Caravana Atlética y Caravana contra Giles”.

En realidad, se trataba de una primera investigación prospectiva que podía ampliarse con nuevas indagaciones de las que no ha trascendido documentación. Villarejo vaticinaba en el documento al que ha tenido acceso El Confidencial que el éxito de la operación Stage rondaba el 85%. “El trabajo de investigación y análisis debe realizarse con la máxima rapidez, al menos la fase de urgencia, para evitar la presumible reorganización tanto de A2 como del resto de los 'movimientos espontáneos de aficionados y abonados descontentos”, advirtió Villarejo. “Sin duda va a forzar a este GIA a realizar un trabajo sutil, moviéndose de manera sigilosa y actuando con procedimientos de respuesta clandestina para que el rastro dejado sea prácticamente inexistente”.

Villarejo remitió al club el coste de toda la operación Stage. Solo este informe preliminar ascendía a 15.500 euros que, en todo caso, quedaban incluidos en el precio total del proyecto, cifrado en 340.500 euros. El Atlético debía pagar 200.000 euros por adelantado y el resto en las cuatro semanas siguientes. Este diario ha contactado con el club para preguntarle por su relación con Villarejo. El entonces jefe de Seguridad, José Camarero, se vio obligado a presentar su renuncia en mayo de 2005 después de que ultras del Frente Atlético llegaran hasta el palco e increparan a Enrique Cerezo y otro grupo de radicales se colara en un entrenamiento para amenazar a los jugadores por la mala marcha del equipo.

El club declinó en un primer momento realizar comentarios a este diario. Sin embargo, este jueves por la tarde, tras la publicación de la noticia, aseguró que ningún directivo tuvo contacto con Villarejo. También negó cualquier relación el informe Camarero. Asimismo, desde el club aseguraron que no han encontrado pagos en esa época por los importes que figuran en el presupuesto que elaboró el comisario.