Así vive Trashorras: castigado por amenazar a funcionarios y rodearse de yihadistas

Lleva 15 años en prisión. Y, de nuevo, ha tenido que ser trasladado de centro penitenciario después de que los responsables de su último destino, la cárcel pontevedresa de A Lama, detectaran ciertas conductas que recomendaban un cambio. José Emilio Suárez Trashorras, el exminero asturiano condenado a 34.715 años por suministrar los explosivos del 11-M, fue reubicado el verano pasado en la prisión de La Moraleja, en el municipio palentino de Dueñas. Llegó aquí después de que amenazara seriamente a uno de los funcionarios de A Lama, el subdirector de seguridad, al que intimidó diciéndole que se anduviera con cuidado porque sabía donde vivía su mujer.

Además, según explican a El Confidencial fuentes penitenciarias, Trashorras empezaba a tener relaciones fluidas con ciertos presos yihadistas de A Lama, por lo que al final se decidió que fuera trasladado de centro. Un portavoz de Instituciones Penitenciarias se limita a confirmar el traslado, señalando que se produjo por "razones regimentales". Este agravamiento de su conducta ha motivado que vuelva a ser clasificado en primer grado (estaba en segundo desde 2013), el más restrictivo. Trashorras lleva ya tiempo incluido en el Programa para la Atención Integral a Enfermos Mentales, conocido como programa PAIEM.

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El exminero está en la cárcel desde que fuera detenido el 30 de marzo de 2004, solo tres semanas después de los brutales atentados. La Audiencia Nacional le condenó en 2007 al considerar probado que consiguió en Asturias el explosivo que necesitaban los radicales de Madrid para fabricar las mochilas bomba que colocaron en los trenes de Cercanías. En concreto, el tribunal del 11-M le impuso 34.715 años de prisión tras concluir que su colaboración había sido necesaria para que se produjeran las 192 muertes. Y estableció además que era corresponsable material en todas ellas. Y también de las heridas que las explosiones ocasionaron a otras 2.000 personas.

El Tribunal Supremo ratificó meses después esa sentencia, convirtiendo así a Trashorras en el ciudadano español con la condena más elevada que se haya impuesto nunca en nuestro país. No fue hasta el verano de 2013 cuando obtuvo el segundo grado penitenciario, una importante mejora en su día a día en prisión. Una clasificación que permite pasar fuera de la celda la mitad de la jornada, convivir con más reclusos y participar en actividades deportivas y de ocio. Como publicó El Confidencial en febrero de 2014, su adaptación a la vida penitenciaria estaba siendo positiva.

"Pese a la gravedad y entidad de los hechos y condena, el interno ha evolucionado favorablemente, ha aprovechado bien las actividades ofertadas haciendo un buen uso del régimen flexible, en convivencia con internos de segundo grado de tratamiento cumpliendo adecuadamente las actividades pautadas", rezaba entonces uno de los escritos de la junta de tratamiento que evaluaba su conducta. Trashorras llegó a manifestar arrepentimiento y perdón, y según explicaron los abogados que le defendían esos años se reunió en prisión con algunas de las víctimas del 11-M.

Eulogio Paz, presidente de la asociación de víctimas del 11-M, señala que él y su institución solo tienen conocimiento de que Trashorras se ha reunido con una víctima en febrero de 2013. Desde que fue detenido en marzo de 2004, el exminero ha pasado por los centros penitenciarios de Alcalá Meco, Soto del Real (ambos en la comunidad de Madrid), Mansilla de las Mulas (León), El Dueso (Cantabria), A Lama (Pontevedra) y ahora en La Moraleja (Palencia). Todo se empezó a torcer para Trashorras a principios de 2016, cuando estando en El Dueso planeaba pedir un traslado al centro penitenciario de Villabona (Asturias), con el objetivo de estar mucho más cerca de su padre, enfermo, que reside en la localidad asturiana de Avilés.

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Trashorras decidió conceder una entrevista a través de sus abogados al diario 'La Nueva España', facilitando incluso fotografías. Esto motivó, según su letrado de entonces, que Instituciones Penitenciaras le castigara y le trasladara más lejos, a Galicia. Algo que trastocó totalmente la rutina y la relativa tranquilidad que había conseguido en El Dueso, donde estaba recluido desde 2011. Allí, en un módulo de respeto, había empezado a escribir, plasmando una especie de memorias, asistía a un taller de lectura, participaba en terapias con perros, y cumplía el tratamiento de su esquizofrenia crónica. En 2013 incluso consiguió el segundo premio del concurso de relatos cortos Ángel Guerra que organiza la Fundación Mapfre Guanarteme, dirigido a los reclusos de toda España.

En A Lama las cosas no fueron tan sencillas. Trashorras no se llegó a aclimatar y empezó a tener problemas. Se empezó a relacionar con determinados presos, muchos de ellos yihadistas. En la prisión pontevedresa había entonces ocho. Pero la gota que colmó el vaso fue la mala relación que mantenía con el subdirector de seguridad de su módulo, el 14, al que llegó a amenazar diciéndole que conocía donde vivía su mujer. Eso fue en diciembre de 2017. Meses después, en agosto de 2018, Instituciones Penitenciarias decidió reubicarlo en Palencia y volver a clasificarlo en primer grado.

Su actual abogado asegura que no conoce el motivo de este último traslado, aunque reconoce que le extrañó que le cambiaran. Lleva poco tiempo defendiéndole, apenas desde un mes antes de que dejara A Lama. Ahora, en Dueñas, está recluido en el módulo 9, el único destinado a presos de primer grado. Se trata de un régimen muy restrictivo que hace que esté solo en la celda y que allí desayune, coma y cene. Solo disfruta de cuatro horas de patio al día y tiene muy restringidas sus participaciones en talleres culturales, de ocio y actividades deportivas. Según aseguran fuentes penitenciarias, Trashorras solo se comunica telefónicamente con su abogado, su padre y su actual novia.

A pesar de su abultadísima condena, el exminero solo tendrá que pasar entre rejas 40 años, la estancia máxima en prisión que contempla la legislación española para los condenados por delitos de terrorismo. El próximo 30 marzo cumplirá 15 años encerrado. El Tribunal Supremo rechazó en mayo de 2017 aplicarle la prisión permanente revisable, en vigor desde 2015, por lo que se le seguirá aplicando el régimen especial que recoge el artículo 78.1 del Código Penal. En teoría, no podrá acceder al tercer grado (semilibertad) hasta los 32 años de condena, es decir, en 2036. Y a la libertad condicional no tendrá derecho hasta que haya cumplido 35 años en prisión.