El ‘cachondeo’ de las minas

Vacíos legales, números redondos en los registros, someras inspecciones una vez al año... Así era el control, por llamarlo de alguna manera, de las idas y venidas de explosivos antes de los atentados del 11-M. Es decir, que en España estas sustancias que, entre otras cosas, pueden matar no se han tomado en serio hasta 2004.

Un cabo primero interventor de armas de la Guardia Civil ha relatado cómo eran las inspecciones técnicas, documentales, de Caolines de Merillés basadas en el reglamento de 2002: “Comprobábamos que los almacenes contenían la cantidad legalmente permitida de explosivos, que tenían los permisos en vigor y controlábamos los libros semi oficiosos de consumos para ver si coincidían con lo que había en la mina”. Libros oficiosos, “porque por entonces existía un vacío legal”, y por ello también ha reconocido era imposible conocer la cantidad exacta. Si en dichos documentos aparecían los consumos en “números redondos”, es porque los sobrantes de las salidas de explosivos se destruían para evitar líos.

El mismo agente, que participó en las inspecciones y consecuentes informes post-11-M, no tuvo conocimiento previamente de que Caolines de Merillés fuera investigada salvo por una denuncia de 1999 tras haber encontrado “explosivos y detonadores tirados por el monte”. Pero bueno, a la vista de la inoperancia, parece ser que todos estos hechos entraban dentro de la normalidad.

El propio coronel de la Guardia Civil Fernando Aldea Juan, autor de un informe sobre Mina Cochita, recuerda que la inspección de dicha explotación “consta sin novedad” y que no tuvo noticia de una supuesta “trama de explosivos” hasta febrero de 2003 en una nota de la UCO en la que “se señalaban los objetivos de Antonio Toro y Suárez Trashorras, que andaban en drogas y pretendían vender explosivos”.

Para más inri, desde el 18 de septiembre de 2002 existía una circular informativa acerca de posibles pequeños robos de los sobrantes de producción de explosivos. Lo ha contado el coronel de Intervención Central de Armas de la Guardia Civil en Asturias. Circular, no de obligado cumplimiento, que instaba a poner vigilancia en las minas y en caso de que faltaran efectivos, “que hubiera vigilantes de seguridad”. Según este coronel, “la materia no utilizada se debía detonar por el artificiero o devolverla al depósito”. La recomendación de 2002 alertaba sobre explosivo que ni había sido destruido ni se había devuelto a los depósitos correspondientes.

Agentes de alta fidelidad

Los guardias civiles de Asturias no reciben indicaciones, reciben “órdenes”. Así de clarito lo ha dejado Pedro Amado Marful Amor, capital jefe de la UOPJ de la Comandancia de Oviedo, quien ha defendido a capa y espada a su superior el comandante Francisco Javier Jambrina, aquél que quiso crear una comisión mixta de investigación junto a agentes de Gijón (ver ‘Los pecados de la Guardia Civil’). Marful ha contado las reuniones que mantuvo con el traficante Nayo y un testigo protegido del casi se le escapa el nombre. En el primero de dichos encuentros recuerda que se habló de que ETA “andaba detrás de los explosivos” que un tal Antonio Toro quería vender. En cuanto a la segunda reunión, con agentes de la UCO presentes, le falla la memoria y además “no me enviaron copia de la entrevista”.