El TSJ de Baleares investigará si el juez que intervino móviles de periodistas prevaricó

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha admitido a trámite la querella presentada por el Diario de Mallorca y Europa Press contra el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Miquel Florit, por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista. Ambos medios basan su querella en las entradas y registros efectuados a comienzos de mes en sus respectivas redacciones, operación que se produjo el marco de la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el caso Cursach.

La Policía Nacional se personó el pasado 11 de diciembre en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press para requisar documentación y equipos corporativos y personales, incautaciones con las que pretendían determinar el origen de una filtración periodística que avanzó en primicia dicho medio: "La Policía acusa al Grupo Cursach de defraudar 51 millones a Hacienda y otros 14 millones a la Seguridad Social". La Policía también se presentó poco después en la redacción de 'Diario de Mallorca', donde requisó el ordenador de trabajo y los documentos del periodista que cubre la misma trama, tratando así de averiguar sus fuentes.

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El auto emitido este martes por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares sostiene ahora que los registros podrían ser "constitutivos de infracción criminal", ante lo que opta por admitir a trámite la querella y por "declarar el secreto de las presentes actuaciones al haberse producido los hechos objeto de la querella en el seno de unas diligencias previas declaradas a su vez secretas".

Oleada de protestas

Los registros en Baleares provocaron una oleada de manifestaciones de periodistas en toda España. Más de 600 reporteros de diferentes medios de comunicación, entre ellos de El Confidencial, firmaron incluso un escrito que se entregó al Consejo General del Poder Judicial para denunciar lo ocurrido, asegurando en este sentido que "en 40 años de vigencia de nuestra Constitución, ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos".

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Horas después de registrarse este escrito, el Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado en el que manifestaba que "comprende la preocupación expresada por los profesionales del periodismo y medios de comunicación", pues "sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática".

De todos modos, en el comunicado se argumentaba también que "la tarea de establecer el alcance y límites de ese derecho y de sus mecanismos de protección corresponde a los jueces y tribunales en el seno del proceso y constituye, en esencia, una labor jurisdiccional cuya revisión y control no es ni puede ser función del Consejo General del Poder Judicial, sino de los propios tribunales por la vía de los correspondientes recursos o mediante el ejercicio de las acciones que resulten procedentes".