Más de 200 periodistas denuncian ante la Fiscalía los registros en medios de Baleares

Más de 200 periodistas de diferentes medios de comunicación, entre ellos de El Confidencial, han entregado este miércoles a la fiscal general del Estado, María José Segarra, una carta en la que denuncian las entradas y registros efectuados este martes en dos medios de comunicación de Baleares, la agencia de noticias Europa Press y el Diario de Mallorca, en el marco de la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el caso Cursach.

Aprovechando que Segarra asistía la mañana de este miércoles a un acto con motivo del V Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, dos periodistas le han hecho entrega de la carta, firmada por más de 200 profesionales de medios de comunicación en la que se muestran "sumamente alarmados" por las entradas y registros, que conllevaron la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentación de los periodistas baleares.

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"Se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna", explica el comunicado de los periodistas, que se reproduce al completo al final de este artículo.

A su entrada al acto, Segarra ha asegurado a los periodistas que "la Fiscalía y los jueces apelamos por la libertad de expresión y por el secreto de las fuentes", pero se ha negado a profundizar en el asunto: "Me van a perdonar que no vaya a hacer ninguna declaración al respecto, son actuaciones que están secretas, es una pieza secreta. Entiendo la inquietud que tienen ustedes pero entenderán que no pueda decirles nada por el momento".

Las entradas y registros se hicieron por orden del juez que instruye el caso Cursach con el informe favorable de la Fiscalía, de ahí que los periodistas hayan hecho entrega a Segarra de su carta. "Nos parece una actuación impropia de una Fiscalía defensora de la legalidad que, por encima del único secreto que la Constitución recoge expresamente, que es el relacionado con el derecho a la información, se haya impuesto el interés en conocer quiénes informan a los periodistas sobre un asunto de corrupción", denuncian.

Absoluta indefensión

En su opinión, "la actuación respaldada por la Fiscalía" de la que Segarra es responsable "sume, además, en la más absoluta indefensión a periodistas que ven lesionados sus derechos constitucionales, sin poder hacerlos valer en una causa en la que no son parte".

"Cuando acaba de cumplirse el 40 aniversario de la Constitución, lamentamos que una fiscal general que accedió al cargo con promesas de transparencia y de defensa de la información se convierta en la primera responsable del Ministerio Público que respalda una intromisión intolerable e inédita en los derechos fundamentales que garantiza el artículo 20", afirman los periodistas.

Por todo ello, los más de 200 profesionales que han refrendado esta protesta piden "encarecidamente" a la fiscal general que "reflexione sobre esta crítica situación", al tiempo que le trasladan su confianza en que "se esté a tiempo de rectificar".

Excma Sra. María José Segarra, fiscal general del Estado:

En el día de hoy hemos conocido, sumamente alarmados, que la Fiscalía que usted dirige ha avalado la realización de entradas y registros en medios de comunicación de Palma de Mallorca, con la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentación de varios periodistas, en el marco de la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el caso Cursach. 

Se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna.

Nos parece una actuación impropia de una Fiscalía defensora de la legalidad que, por encima del único secreto que la Constitución recoge expresamente, que es el relacionado con el derecho a la información, se haya impuesto el interés en conocer quiénes informan a los periodistas sobre un asunto de corrupción.

La actuación respaldada por la Fiscalía de la que usted es responsable sume, además, en la más absoluta indefensión a periodistas que ven lesionados sus derechos constitucionales, sin poder hacerlos valer en una causa en la que no son parte.

Cuando acaba de cumplirse el 40 aniversario de la Constitución, lamentamos que una fiscal general que accedió al cargo con promesas de transparencia y de defensa de la información se convierta en la primera responsable del Ministerio Público que respalda una intromisión intolerable e inédita en los derechos fundamentales que garantiza el artículo 20.

Le pedimos encarecidamente que reflexione sobre esta crítica situación y confiamos en que se esté a tiempo de rectificar.