"Una investigación titánica": habla el policía que viajó a Brasil a por el pistolero de Atocha

El jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado, Marcos Frías, atiende a El Confidencial desde su hotel en Sao Paulo. Hace poco más de 48 horas que el comisario cogió un vuelo rumbo a Brasil junto a un compañero para comprobar con sus propios ojos la noticia que, según explica, pone punto y final a "una investigación titánica" de la Policía Nacional: el autor material de la matanza de los abogados de Atocha que huyó de España hace más de dos décadas, Carlos García Juliá, se encuentra detenido en Sao Paulo desde el pasado miércoles.

Tras fugarse en 1994, el pistolero de extrema derecha buscó cobijo en distintos países de Sudamérica y se instaló finalmente en un barrio de clase media de Sao Paulo. Haciéndose pasar por un ciudadano de Venezuela, García Juliá logró rehacer su vida con una mujer brasileña en esta ciudad, un engaño que mantuvo hasta su detención este miércoles: mientras los agentes le ponían las esposas, él les aseguró que no era más que un conductor de Uber que respondía al nombre de Genaro Antonio Materan Flores.

Pese a su desesperado intento, tanto la Policía Nacional como sus homólogos brasileños conocían ya su falsa identidad, por lo que García Juliá terminó por derrumbarse en comisaria. A falta de que Brasil dé luz verde a su extradición, los agentes confían ahora en averiguar durante los interrogatorios si contó con "ayuda externa" durante sus más de dos décadas de huida.

Así siguieron sus pasos por Sudamérica

El pistolero fue condenado en 1980 a 193 años de prisión por cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio, pero en 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 consiguió autorización para salir de España por una oferta de trabajo en Paraguay. Después de abandonar el país, García Juliá ignoró los requerimientos judiciales de comparecer ante la embajada española de Asunción, pasando así a ocupar un puesto en la lista de fugitivos nacionales.

La búsqueda se mantuvo sin demasiados avances hasta alrededor de cinco años después, cuando las autoridades españolas descubrieron que había sido condenado por tráfico de drogas en Bolivia y que cumplía condena en la cárcel de alta seguridad de Palmasola desde 1996. La Audiencia Nacional solicitó entonces su extradición en 2001, pero la petición llegó demasiado tarde: García Juliá había desaparecido durante un permiso penitenciario.

El caso cayó entonces en manos de la Policía Nacional, que trató de seguir sus pasos por Sudamérica y dio con varias pistas que apuntaban a que había pasado por Chile, Argentina, y Venezuela. Conforme pasaron los años, el fugitivo se sintió cada vez más seguro y llegó incluso tomar vuelos para desplazarse por estos territorios, pero los investigadores fueron estrechando el cerco con cada viaje que emprendía. "Han sido muchos años de trabajo cruzando bases de datos y documentos con las policías de distintos países de Sudamérica", explica el comisario.

La investigación dio el vuelco definitivo en 2017, cuando se emitió una orden internacional de detención que permitió intensificar las labores de búsqueda. Una de las pistas que comenzó a coger fuerza a partir de ese momento fue la de que el pistolero se estuviese escondiendo en Sao Paulo con la identidad de un ciudadano venezolano, línea de investigación que permitió que la Policía Federal de Brasil detectara a García Juliá en dicha ciudad.

De todos modos, los investigadores se encontraron entonces con un nuevo problema: a diferencia de otros países, a Brasil no le vale con que la Interpol busque a un fugitivo para proceder a su detención. La policía de Sao Paulo necesitaba luz verde de la Corte Suprema antes de ponerle las esposas, lo que exigió que los investigadores tuvieran que comprobar hasta el último detalle para poder así confirmar sin la menor duda que se trataba de García Juliá. Tras varios meses cruzando datos, la detención se produjo finalmente este miércoles.

La Fiscalía pedirá su entrega a España

La Fiscalía solicitará en los próximos días la extradición de Carlos García Juliá y se apoya para ello en que todavía no han pasado 30 años desde su fuga. Una vez se formalice esta petición, la Sección Primera de la Sala de lo Penal tendrá que emitir un auto en el que acepte o no la solicitud y, en el caso de que esta salga adelante, las fuentes consultadas apuntan a que García Juliá podría pasar alrededor de diez años más entre rejas.

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Al pedir su entrega desde Bolivia en 2001, la Audiencia Nacional basó su requerimiento en que debe cumplir "el resto de la pena privativa de la libertad impuesta que, según la liquidación de condena practicada en la causa, alcanza a 3.855 días". Dicha solicitud se basa en que en agosto de 1996 el juez de vigilancia revocó su libertad condicional porque, según dice la orden de arresto, "no cumplió las condiciones impuestas para la condición de libertad condicional, dejó de presentarse en la Embajada, salió de Paraguay y cometió nuevos delitos de tráfico de estupefacientes en Bolivia, por lo que fue detenido en mayo de 1996".

Las fuentes consultadas apuntan a que la Fiscalía se apoya en esta fecha, agosto de 1996, a la hora de sostener que no han pasado 30 años desde que el preso quebrantó el cumplimiento de su pena, lo que descartaría la prescripción de los hechos. Con su entrega a España, el Ministerio Público confía así en poder esclarecer un crimen que hizo que los cimientos de la Transición se tambalearan.