El TC estudiará la impugnación del Gobierno contra la reprobación al Rey del Parlament

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad admitir a trámite la impugnación del Gobierno contra la reprobación del Rey aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado octubre, en el que se "rechaza y condena el posicionamiento de Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017”.

El texto fue presentado por Catalunya en Comú-Podem y gozó del respaldo de Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC, y en él reafirman su "compromiso con los valores republicanos" y su "apuesta por la abolición de una institución". La CUP se abstuvo, mientras que Ciudadanos, PSC y PP votaron en contra. Aunque el Ayuntamiento de Barcelona aprobó también una resolución similar en octubre, esta no ha sido recurrida por el momento.

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El Consejo de Estado se mostró en contra del recurso del Gobierno al considerar que la declaración del Parlament era un simple "juicio valorativo", alegando en este sentido que “el debate político no está sujeto, en nuestro ordenamiento, a límites materiales que impidan manifestar opiniones contrarias a la Constitución o al resto del ordenamiento". Consecuentemente, "al carecer de efectos jurídicos, no será posible proceder a su impugnación ante el Tribunal Constitucional, por más que de ellas quede constancia formal y expresa en un documento institucional”, sostuvo el Consejo de Estado.

En su informe, dicho órgano abogó entonces porque "la eventual respuesta que se dé a una declaración política que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra, debe ser igualmente política, sin que el planteamiento de la impugnación pretendida a través de la vía prevista en el artículo 161.2 de la Constitución sea el cauce idóneo para privar de legitimidad a la referida Resolución".

La justificación de Sánchez para recurrir

Pese a la oposición del Consejo de Estado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguió adelante con el recurso al considerar "inadmisible" la medida del Parlament, asegurando para ello que la posición constitucional del jefe del Estado "debería quedar siempre al margen de su utilización en el debate partidista". El Ejecutivo socialista sostuvo además que la moción es "producto de la deriva de los grupos independentistas que, inexplicablemente, ha contado con el apoyo de otro grupo parlamentario", el de los comunes, "en su irresponsabilidad de utilizar las instituciones catalanas para alentar el conflicto y no para servir a los intereses generales de todos los catalanes".

Basándose en estos argumentos, el Gobierno impugnó la reprobación ante el Tribunal Constitucional, invocando para ello el artículo 161.2 de la Carta Magna, que establece que pueden interponer recursos por inconstitucionalidad "el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas". El Ejecutivo sostiene que la medida del Parlament puede haber vulnerado los artículos 1.2, 1.3, 2, 9.1 y 168 de la Constitución, así como los artículos 2.4 y 4.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.