Agresiones sexuales: crecen las denuncias pero caen las investigaciones

Las denuncias por casos de agresión sexual y violación no solo han alcanzado a las interpuestas hace cuatro años sino que, además, las han superado. Sin embargo, se han investigado un 8% menos. Los meses de 2017 fueron en los que menos investigaciones y detenciones se registraron desde 2015, un total de 1.517 frente a los más de 2.200 atestados.

Es la primera vez en siete años que el porcentaje de detenciones en relación con las denuncias declaradas en el mismo periodo de tiempo se cae de la cifra del 70%. Esto significa que menos de 70 denuncias por cada 100 mujeres han cursado en privaciones de libertad o investigaciones. De hecho, el número de actuaciones policiales sobre las agresiones sexuales sin penetración cometidas en este año superan por muy poco a las de 2016. El crecimiento puede contarse con los dedos de una mano: solo han sido tres más.

En 2011 se batió el récord de denuncias

Los datos nacen de los Informes de Delitos contra la libertad sexual elaborados por el Ministerio de Justicia con la información facilitada por las Fuerzas de Seguridad del Estado a partir de cada comunidad autónoma.

Si en 2016 la proporción de detenciones e investigaciones por denuncias era de un 74,8%, el año pasado se rebajó hasta el 68,3%. Siguiendo la estela de los datos, la cifra más alta de detenciones e investigaciones se alcanzó en 2014, cuando el 76% de las denuncias se resolvió en algún tipo de actuación policial.

No obstante, esto no quiere decir que las detenciones hayan disminuido debido a una saturación provocada por un mayor registro de denuncias. Si ponemos el foco en 2011, año en el que se batió el récord de atestados (2.881), observamos que la proporción de detenciones fue mucho mayor que en años anteriores y posteriores, como 2010, 2015 o 2013.

"Una respuesta institucional insuficiente"

El incremento de las denuncias tiene una explicación clara según Bárbara Tardón, doctora en estudios interdisciplinares de género: hay una mayor sensibilización de las mujeres ante la violencia sexual y el machismo en la sociedad.

La caída de las detenciones e investigaciones también puede explicarse: "La respuesta institucional que está siendo insuficiente. Da igual que pongas una denuncia si luego no se investiga correctamente, si el sistema judicial no te cree o no tienes a quién acompañarte durante el proceso de intervención", explica.

La investigadora ha trabajado con otras compañeras en Amnistía Internacional para publicar este jueves el informe "Ya es hora de que me creas", accesible aquí, que analiza la violencia sexual en España, las respuestas de las instituciones y los protocolos existentes.

Tras un año entrevistando a más de 30 personas -abogadas, psicólogas, trabajadores sociales, víctimas y un largo etcétera-, la organización ha definido seis problemas sistemáticos que dificultan la actuación contra la violencia sexual. Uno de los más destacables es el hecho de que todas las comunidades autónomas tienen asumidas las competencias en materia de igualdad, sanidad y violencia de género, pero cada una aplica sus propios marcos legales.

"Cada comunidad tiene una ley diferente y la calidad o profesionalidad de la asistencia a la víctima va a depender de dónde resida", espefica la doctora. Solo Andalucía, Cantabria, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Valencia cuentan con un centro especializado en violencia sexual al que las víctimas pueden acudir.

En 2017, se aprobó el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género con la intención, precisamente, de aúnar bajo en el ámbito estatal la actuación de las instituciones en diversos sectores. Sin embargo, tal y como analiza el informe, solo 30 de 212 medidas pactadas se enfocan en la violencia sexual.

Solo cuatro violaciones terminaron en prisión

De forma paralela, la Justicia ha trabajado en los casos de agresiones y violaciones que sí han pasado más allá de los registros en las comisarías. El año pasado se dictó sentencia para 787 casos de agresión sexual, violación y abusos; algunos cometidos en años previos.

La mayoría de condenas se resolvieron en inhabilitaciones de trabajo, órdenes de alejamiento y multas. De las que acabaron en prisión, el 68% fueron con penas de 0 a 2 años, omitibles si no existen antecedentes previos. Solo cuatro violaciones acabaron con el detenido entre rejas.

En julio de 2016, el secretario general de las Naciones Unidas recomendó a los Estados implementar una serie de principios orientadores para garantizar una asistencia integral lo suficientemente especializada para atender a las víctimas de agresiones sexuales y violaciones.

Según el Consejo de Europa, además de prestar servicio 24 horas de líneas telefónicas de emergencia y asistencia (como el 016), insistía también en la creación de centros de crisis especializados en la atención a víctimas y supervivientes de violencia sexual.

Estos, que aparecieron en los 70 gracias al Movimiento Feminista Antiviolación, deberían estar abiertos durante las 24 horas, los 365 días del año, y proporcionar la atención de equipos de psicólogos y trabajadores sociales.

Los centros se conocen como “Rape Crisis Center" (Centros de Gestión de Violaciones”) y abundan en Estados Unidos e Inglaterra. No tienen una traducción en español porque aquí no existen.

Tal y como explica Bárbara Tardón -y como ya se ha mencionado anteriormente en este reportaje- lo más parecido a estos centros en la península son los servicios de atención especializados, ubicados solo en siete comunidades autónomas y, normalmente, en sus capitales de provincia, dificultándose así el acceso desde zonas alejadas o rurales.