El juez de Villarejo pedirá al Gobierno que los investigados puedan revelar secretos oficiales

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, a cargo del conocido como 'caso Villarejo', planea solicitar al Gobierno en los próximos días que autorice a los investigados a declarar sobre secretos oficiales, según informan a El Confidencial fuentes jurídicas. El magistrado lanza esta petición para esclarecer la llamada operación Kitchen, un supuesto dispositivo policial encargado por el Ministerio del Interior en 2013 para recuperar los documentos sensibles que se había llevado el extesorero del PP Luis Bárcenas de la sede de Génova.

La Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido citar como investigados por estos hechos al comisario jubilado Eugenio Pino, así como al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, quien habría recibido dinero de los Fondos Reservados por hacer fotocopias de dichos documentos. El supuesto operativo policial habría estado dirigido por el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el también comisario Enrique García Castaño, más conocido como El Gordo, quienes jerárquicamente dependían del exDAO Eugenio Pino cuando tuvieron lugar los hechos, en 2013.

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Beatriz Parera

Aunque la Ley de Secretos Oficiales les impide por ahora revelar información que podría resultar clave para aclarar el funcionamiento de la trama, De Egea confía en que el Consejo de Ministros dé luz verde a su petición, tal y como le solicitó la propia Fiscalía Anticorrupción para investigar los hechos. De hecho, la solicitud llega después de que García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, pidiera ante el juez poder "declarar libremente" sin las prohibiciones impuestas tanto por dicha ley como por la de Gastos Reservados, que obliga a mantener en secreto el uso de los fondos reservados para operaciones policiales.

Rechazada la puesta en libertad de Villarejo

La petición del magistrado Diego de Egea llega tan solo un día después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volviese a negar la puesta en libertad al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en la cárcel desde hace ahora un año, porque entiende que persisten tanto el riesgo de fuga como de destrucción de pruebas.

Villarejo alegó que no existe riesgo de ocultación de pruebas ni tampoco de reiteración delictiva porque "ha sido destruido su buen nombre y honor" y "nadie se en atrevería a contratarle", descartando además el riesgo de fuga porque tiene "todo su patrimonio embargado", arraigo en España y es "conocido públicamente". De todos modos, el tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara rechazó su recurso. Tanto su socio, el también comisario Enrique García Castaño, como el que fue su abogado, Nicolás Redondo, han salido ya bajo fianza.