La 'jueza del tarot' seguirá ejerciendo porque la prueba se obtuvo con cámara oculta

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha archivado el expediente incoado a la jueza María Jesús García Pérez por echar las cartas del tarot. El tribunal considera que la prueba que se obtuvo contra ella fue obtenida a través de una cámara oculta situada en el domicilio de la magistrada y que por lo tanto tiene un origen ilícito.

La comisión ha tomado la decisión por cuatro votos a favor y tres en contra, después de que el Promotor de la Acción Disciplinaria del Poder Judicial abriera el expediente a la que era y continuará siendo titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, con sede en Lugo, por lo que correspondía con una falta muy grave, el ejercicio de actividades incompatibles con el cargo judicial.

TE PUEDE INTERESAR

La peculiar vida de la 'jueza pitonisa': ganó al CGPJ para ser 'stripper' en Canarias

David Fernández

En concreto, han votado a favor del archivo los vocales de la comisión Roser Bach, Victoria Cinto, Vicente Guilarte y Enrique Lucas. En contra del mismo, por su parte, han votado los magistrados Ángeles Carmona, Carmen Llombart y Wenceslao Olea. El Promotor de la Acción Disciplinaria solicitaba una sanción de seis meses de suspensión de funciones para la magistrada.

Según publicó 'El Progreso de Lugo', la jueza cobraba por leer las cartas del tarot en un piso de la localidad gallega. La mujer trató de dar publicidad a su actividad paralela y comenzó a distribuir folletos en los que se anunciaba a sí misma como vidente, lo que provocó que varios periodistas del diario se personaran en la 'consulta' haciéndose pasar por clientes. Tras la noticia, el Consejo General del Poder Judicial incoó diligencias informativas para comprobar la veracidad de los hechos y determinar si la magistrada estaba incumpliendo la normativa de incompatibilidades.

TE PUEDE INTERESAR

La jueza pitonisa de Lugo, bajo la lupa por sus responsabilidades disciplinarias

Beatriz Parera

Como contó El Confidencial, García Pérez ingresó en la carrera judicial en 1992. Su primer destino fue Laredo (Cantabria). De ahí pasó en 1996 al municipio madrileño de Collado Villalba. Su tercer destino fue Las Palmas de Gran Canaria, donde su vida personal fuera de lo juzgados llamó la atención del CGPJ. Fuentes judiciales señalan que el servicio de inspección del Poder Judicial tuvo que desplazarse a la isla ante una denuncia interna que había llegado: por las noches, la magistrada actuaba puntualmente en un local de 'striptease' de un amigo. "Se abrieron diligencias informativas", explican las mismas fuentes, que estuvieron presentes en aquellas pesquisas desarrolladas en 2001.

La jueza alegó entonces que no cobraba por esa actividad, que lo hacía en su tiempo libre, como una especie de 'hobby'. "Su actitud era reprochable, pero compatible, porque no tuvo encaje como actividad incompatible", concluyen las mismas fuentes sobre la resolución de aquel primer expediente. No hubo ningún tipo de sanción y su caso se archivó. También salió airosa cuando la Dirección General de Justicia, dependiente del Gobierno canario, llegó a reclamarle unos 6.000 euros en llamadas telefónicas a números del tarot. Según publicó la prensa canaria, ella se defendió achacando las llamadas a los funcionarios del departamento.