¿Qué pasa si Casado es imputado y tiene que dimitir? Solo puede haber otro congreso

Con la llegada del caso Máster de Pablo Casado al Tribunal Supremo, el arranque de la nueva etapa del PP tras el congreso extraordinario se ha visto comprometido. Todo parece indicar que la oposición mantendrá una postura firme al respecto en las próximas semanas, coincidiendo con el periodo estival y el arranque del curso político. El recién elegido presidente de los conservadores ha dejado muy claro que no se plantea dimitir. Pero si en unas semanas resultara imputado por el alto tribunal, el escenario podría cambiar.

En el PP existe una sensación generalizada de que la formación debe remontar como sea tras su última crisis con la marcha de Rajoy, y que polémicas de este tipo no ayudan. Casado, en todo caso, transmite "tranquilidad" a los cuadros populares. Lo que está claro es que si el horizonte judicial del nuevo líder se complica y este se marchara, la única salida sería un nuevo congreso como el vivido el pasado julio.

Se trataría de un caso sin precedentes en la formación. Con todo, la normativa interna no contempla, 'a priori', ninguna otra vía ante una crisis de liderazgo de este tipo. La junta directiva —máximo órgano de dirección del partido entre congresos y designada por el propio Casado tras ganar la segunda vuelta a Sáenz de Santamaría— sería la encargada de convocar un nuevo congreso y el comité organizador designado se ocuparía de la celebración. Los estatutos fijan el plazo de mes y medio entre la convocatoria y el congreso, pero podría ser de un mes en caso de urgencia.

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En todo caso, el entorno de Casado reitera su confianza en que ni siquiera se produzca una imputación. "Ha venido para quedarse", reiteró su número dos, Teodoro García, este mismo martes en mitad de la polémica, atribuyendo la "persecución" y el "ataque" a otros partidos políticos. Las dudas sobre qué consecuencias podría tener para el partido la polémica en torno a su líder se alimentan también con la hipótesis de un posible adelanto electoral este mismo otoño. Aunque el presidente del Gobierno insistió en descartar esa idea, asegurando que sería irresponsable pensar en una convocatoria con fines partidistas, la fragilidad en la que se puede encontrar el PP si el caso continúa es un motivo de peso para muchos dirigentes socialistas, que creen que sería un buen momento. Más todavía con los resultados del último CIS en la mano.

De lo que sí existe un antecedente es del supuesto en el que el PP tuviera que afrontar unas elecciones generales sin presidente. Si Casado dimitiera y el Gobierno del PSOE adelantara los comicios, sería la Junta Directiva la encargada de elegir al candidato y, después, tendría lugar un nuevo congreso. Sucedió en las elecciones de 1989 cuando Felipe González convocó 'in extremis' y Manuel Fraga había dejado la presidencia popular. La Junta Directiva eligió a José María Aznar como candidato y solo después el PP celebró el congreso en el que el expresidente tomó las riendas de la formación y se produjo la refundación.

Lo que dicen los estatutos

Pero más allá de la presión que pueda generarse, los estatutos del partido pasan de puntillas por los supuestos en los que podría encontrarse Casado. Si algo dejó claro el presidente del PP en su comparecencia ante los medios cuando saltó la noticia de que la jueza elevaba el caso al Supremo, fue que su intención no es, en ningún caso, dimitir. "En absoluto", dijo, insistiendo en que "el PP tiene unas normas muy tasadas en relación a estas cuestiones para cifrar en qué supuestos se tiene que asumir responsabilidades y, en este caso, no se cumple ninguna de ellas", zanjó.

Lo que sí contemplan las normas internas populares es la apertura de un expediente informativo (que podría derivar en uno disciplinario) si la imputación judicial llega. En concreto, en el apartado 8 del artículo 18 sobre el procedimiento disciplinario y medidas cautelares se habla de los casos en que "un afiliado realice conductas que estén tipificadas como delito doloso que, por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido, se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos" recogidos en los estatutos.

A continuación, los estatutos sí establecen que en el momento en que "se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial a un afiliado" por un caso referido a lo anterior, "se abrirá un expediente informativo que se convertirá en disciplinario en el momento en que se produzca el señalamiento del juicio oral". Por último, el comité de Derechos y Garantías, presidido en estos momentos por Rafa Hernando, podría determinar la suspensión de funciones o de militancia, que se acordaría en función de las circunstancias concretas.

Eso sí, los estatutos en ningún caso obligan a un cargo público a dimitir si es citado como investigado (imputado), como ocurre en otras formaciones y como se recoge en los propios pactos de investidura que cuatro gobiernos autónomicos del PP firmaron con Ciudadanos tras las elecciones de 2015. En ellos se establecía con claridad "la separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículo o su cualificación profesional o académica".