LA MEDIDA MÁS SIMBÓLICA

Sacar a Franco ya o tras las vacaciones: la decisión es de Sánchez, el texto está ultimado

La semana pasada se pulió en una reunión al máximo nivel el decreto, y ahora el presidente debe decidir si lo lleva al Consejo de Ministros de este viernes o espera a la vuelta, a partir del 24

Foto: Manifestantes republicanos urgen a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, el pasado 21 de julio ante la basílica. (Reuters)
Manifestantes republicanos urgen a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, el pasado 21 de julio ante la basílica. (Reuters)

Solo queda que Pedro Sánchez decida. Que el presidente del Gobierno determine cuándo quiere dar la orden de que se exhume a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Los diferentes soportes jurídicos ya están preparados, y los distintos escenarios, previstos. Con todos los papeles sobre la mesa, el jefe del Ejecutivo ha de decantar la balanza de forma inmediata: o lo aprueba este viernes el Consejo de Ministras y Ministros, o lo hace ya tras el parón de las vacaciones, a partir del 24 de agosto. De cualquier modo, solo la ejecución del texto legal, al margen del formato por el que se opte —real decreto o real decreto ley— llevará "como mínimo un mes". La aplicación supone unos mínimos trámites que impedirán, en todo caso, que el dictador salga a la fuerza antes de septiembre del mausoleo fascista que él mandó construir. Franco, pues, será desenterrado con seguridad —salvo que Sánchez incumpliera su promesa solemne—, aunque llegará algo más tarde de lo previsto, en buena medida por la oposición de su familia.

La semana pasada, confirmaron a El Confidencial fuentes gubernamentales, se produjo una reunión en La Moncloa entre representantes de Presidencia del Gobierno, de Vicepresidencia y del Ministerio de Justicia para "ultimar el texto del instrumento legal que se utilizará" para proceder a la exhumación. En el Ejecutivo rehúsan dar por definitiva una vía, si bien por el momento sigue ganando enteros la opción de un real decreto ley. Esto significa que la norma, con fuerza de ley, se puede desplegar desde el mismo momento de su entrada en vigor, pero ha de ser convalidada por el Congreso en el plazo de un mes.

La ventaja es que Sánchez dispondría del aval no solo de su Gobierno sino también del legislativo para sacar al dictador del Valle de los Caídos. Ello daría más empaque a la decisión y la blindaría frente a eventuales recursos de la familia. Los descendientes no podrían impugnar la ley, sí los actos derivados de la misma, ya que no están facultados para interponer un recurso de inconstitucionalidad.

La vía del real decreto ley supondría que el Gobierno también dispondría del aval del Congreso, y obligaría a los grupos parlamentarios a retratarse


Además, elegir este camino forzaría a los grupos parlamentarios a retratarse. Y a explicar también si cambian de criterio. En mayo de 2017, el PSOE defendió una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno de entonces, el de Mariano Rajoy, a exhumar a Franco y reubicar a José Antonio Primo de Rivera en un lugar no "preeminente" de la basílica, entre otras medidas. Su moción fue respaldada por 198 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Coalición Canaria) y 140 abstenciones (PP, ERC, UPN y Foro Asturias).

Apoyos teóricamente asegurados

El Gobierno calcula que, si optara por el formato del real decreto ley, no sufriría para su convalidación, porque los grupos que apoyaron la moción de censura que hizo presidente a Sánchez —PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, Nueva Canarias y Bildu— "votarían a favor seguro, además de Ciudadanos, si mantiene lo que dijo hace un año". Los socialistas creen que si el partido de Albert Rivera cambia su voto o el PP pasa directamente al no, tendrían la ocasión perfecta para ubicar a ambas formaciones en la derecha más extrema.

El otro camino es el del real decreto, de rango menor al no tener fuerza de ley. Pero en ambos casos se requeriría de la firma del rey Felipe VI

En previsión de que a la izquierda de la Cámara le parezca insuficiente un decreto consagrado únicamente a la exhumación de Franco, el Ejecutivo ya adelanta que está "abierto a escuchar" y a reformar la Ley de Memoria de 2007. De hecho, la titular de Justicia, Dolores Delgado, ya avanzó que su intención era una revisión integral de la norma que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero, pero esa modificación se haría posteriormente. Es decir, que lo primero que quiere acometer es la salida del dictador del Valle de los Caídos, y más tarde cambiar la ley para resignificar Cuelgamuros y hacer de él un monumento a la reconciliación de las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista, promover la apertura de las fosas comunes, crear una Comisión de la Verdad, recolocar a José Antonio o ilegalizar aquellas entidades que hagan apología de la dictadura.

La otra opción que baraja el Gabinete socialista es la del real decreto. Una orden que sale del Consejo de Ministros y que es ejecutiva desde el primer momento. No ha de recibir ningún refrendo parlamentario. Es una fórmula más sencilla pero de rango menor. No obstante, tanto el real decreto como el real decreto ley requieren de la firma del jefe del Estado —de ahí su rótulo, 'real'—, de modo que se dará la circunstancia de que Felipe VI revertirá la decisión que en 1975 rubricó su padre, el rey Juan Carlos, cuando por carta encomendó a los monjes benedictinos de la basílica que procedieran al entierro del dictador.

Sacar a Franco ya o tras las vacaciones: la decisión es de Sánchez, el texto está ultimado

Según indican fuentes gubernamentales, la redacción que está "ultimándose" es similar en los dos casos. La norma cubrirá todos los pasos administrativos, desde la comunicación primera a la familia y a la Iglesia —en este caso, los obstáculos vienen del prior de la abadía, no de la Conferencia Episcopal, ni de la Archidiócesis de Madrid, ni de la Santa Sede—, la atención a posibles alegaciones, la retirada de la pesada losa de la basílica y la inhumación posterior de los restos. El Ejecutivo confía en que, pese a su rechazo a facilitar la salida de Franco, los nietos sí indiquen dónde quieren que descanse el dictador, aunque la ubicación lógica sería el mausoleo familiar en la colonia de Mingorrubio, en El Pardo. Lo que no se plantea, "en ningún caso", es la incineración de Franco. "El procedimiento será ágil, pero plenamente respetuoso y digno", subrayan las mismas fuentes. Ahora bien, todos los trámites necesitan un tiempo. "Menos de un mes, imposible", sentencian. Esto quiere decir que la convalidación parlamentaria, si fuera precisa, nunca se producirá antes de la efectiva exhumación del cuerpo.

Justificar la urgencia de la medida

Si el presidente optara por la vía del real decreto ley, no obstante, tendría que justificar con argumentos sólidos la premura de la medida, porque así lo requiere la Constitución en su artículo 86, que reserva esta figura jurídica a los casos de "extraordinaria y urgente necesidad", y de hecho el TC ha advertido contra el uso abusivo de esta figura. El Gobierno entiende que cuenta con la apoyatura precisa, puesto que hay un mandato parlamentario de mayo de 2017 que aún no se ha cumplido y que conmina a afrontar "de forma decidida y urgente" las recomendaciones que los expertos redactaron en 2011, entre las cuales figuraba desenterrar al dictador. "Ya vamos tarde", resumen desde La Moncloa.

Una ocasión propicia para Sánchez sería este viernes, porque comparecerá tras el Consejo de Ministros, el último antes del paréntesis veraniego

La arquitectura jurídica para la salida de Franco del Valle de los Caídos ya está, por tanto, lista. Ahora todo está a falta de que Sánchez, junto con la vicepresidenta, Carmen Calvo, adopte la decisión definitiva. El miércoles se celebra, como cada semana, la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, la reunión que prepara las reuniones del Consejo de Ministros. Si para entonces ya hay un plácet, se incluiría en el llamado 'índice verde', el compendio de materias que van masticadas y resueltas al Consejo del viernes. De lo contrario, figuraría en el 'índice rojo' para su debate del presidente con los titulares del departamento.

Este 3 de agosto parece 'a priori' un momento propicio: quien dará cuenta de los acuerdos será el propio Sánchez, en la que será su primera rueda de prensa larga en España desde que asumió el poder. El anuncio de la salida de Franco de Cuelgamuros coparía de inmediato los titulares por su enorme impacto, justo antes del gran parón estival. No se descarta, en absoluto, que la noticia llegue a la vuelta de las vacaciones. El 24 de agosto se celebrará el primer Consejo de Ministros del curso político. A efectos prácticos, el retraso sería mínimo.

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La salida del dictador del mausoleo franquista será una de las medidas más simbólicas del mandato de Sánchez. Una iniciativa icónica. Un gesto que cobra más importancia en un contexto de fragilidad parlamentaria, como se apreció el pasado viernes, cuando el Congreso tumbó, por el abandono de sus socios, la senda de déficit pactada con Bruselas, y que concedía a España 6.000 millones de euros más de margen.

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No es un Ejecutivo "agotado"

El Gobierno quiere lanzar el mensaje de que, pese a los obstáculos que pueda encontrar en las Cortes, Sánchez gobierna y tiene un proyecto de país. Por eso, el mismo viernes el Consejo de Ministras y Ministros aprobó un ambicioso paquete de medidas: un decreto que mejora el acceso de las familias con menores recursos a las becas, la restitución de la sanidad universal, la mayor oferta pública de empleo de la última década (30.844 plazas en todo 2018), un plan director contra la explotación laboral o el real decreto que permite a los funcionarios recuperar el 100% de sus retribuciones en caso de incapacidad temporal.

El Gobierno insiste en que pese a su debilidad en las Cortes sí tiene margen para desplegar políticas, como hizo, recuerda, el viernes pasado

La debilidad parlamentaria, no obstante, perseguirá a Sánchez hasta el final de este mandato, precisamente por esos solitarios 84 escaños. Como le perseguirá el fantasma del adelanto de las generales, en que el presidente no piensa ni ha programado, visto cómo ha dado la vuelta, vía nombramientos, a todas las estructuras del poder en menos de dos meses en La Moncloa.

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"Es verdad que si no aprobamos los Presupuestos de 2019, el escenario es otro, aunque no obliga a convocar elecciones anticipadas porque incluso dentro de las cuentas de Rajoy hay margen para hacer mejoras y visualizar nuestras prioridades, como hemos estado haciendo estas semanas —señalan fuentes del Ejecutivo—. Está claro que hemos venido a hacer, y no desde luego a aceptar chantajes o a intentar aferrarnos a la poltrona. Pero ese debate de elecciones sí o no se genera cuando se emite el mensaje de que el Gobierno está agotado. Y no es el caso. Nuestros Consejos de Ministros llevan a veces más de medio centenar de asuntos. ¿Eso es sensación de agotamiento? Todo lo contrario". La exhumación de Franco permitirá lanzar ese aviso de que Sánchez cumple y se reconcilia con sus votantes de izquierdas. En La Moncloa, pese al varapalo a la senda de déficit, no hay "sensación de derrota".

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Montero llama a la "utilidad" de la izquierda y subraya que el proyecto del Gobierno "tiene futuro"

Al Ejecutivo le interesa remarcar las veces que haga falta que no tiene explicación ninguna que el Congreso rechazara una suavización en el cumplimiento de los objetivos de déficit permitidos por Bruselas. Por ello reforzó su mensaje ayer con un acto de José Luis Ábalos, secretario de Organización y ministro de Fomento en León, y este domingo con otro de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, en Mérida. 

La ministra llamó a la "responsabilidad" y "utilidad" de los partidos de izquierda para dejar al Gobierno de Pedro Sánchez poner en marcha medidas que benefician al conjunto de los ciudadanos. Decir no a la nueva senda de estabilidad significa "austeridad y más recortes", impedir a España coger "oxígeno" y hacer que "siga transitando por una cuesta empinada".

Las formaciones nacionalistas y progresistas se pusieron "de perfil" al tumbar el plan del Gobierno, reprochó, y negó que no se hubiera negociado, ya que se había "hablado hasta la saciedad de las ventajas" del nuevo marco presupuestario. También descalificó al PP de Pablo Casado, que representa "más derecha y más sectarismo". Y a Ciudadanos le acusó de tener el mismo discurso que los populares y que se apliquen "más recortes". 

Montero respondió, a los que perciben "debilidad" del Gobierno, que el proyecto del PSOE "tiene futuro" y seguirá trabajando para, con "diálogo", "capacidad de escucha" y "la mano tendida", llegar a acuerdos. Pero para ello, subrayó, es necesario que la otra parte dé "un paso", informa EFE.

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