El Gobierno trasladará a Franco y también a Primo de Rivera "con respeto" a sus familias

Hasta ahora, el Gobierno se refería con rotundidad a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Y no citaba explícitamente, aunque el mandato parlamenterio sí lo incluye y está por escrito, a José Antonio Primo de Rivera, enterrado junto al dictador en la basílica. El Ejecutivo incluye al fundador de la Falange en la misma ecuación.

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Lo dijo claramente este martes la vicepresidenta, Carmen Calvo, a lo largo de su comparecencia en el Congreso —la primera desde que llegó a La Moncloa en virtud de la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy—, en la que quiso reservar unos minutos para hablar de memoria histórica. "Queremos que el Valle de los Caídos sea un lugar público de honra a la paz, a la democracia y a la memoria común, de encuentro de todos los hombres y mujeres. Queremos que los restos sean entregados a cada una de sus familias, incluidos los restos de Franco y de Primo de Rivera", subrayó. El Gobierno sigue trabajando "en los niveles administrativos correspondientes" para cumplir la normativa de forma "escrupulosa", aunque la decisión política está ya "tomada".

Calvo subraya que cumplirá el informe de 2011, que prescribía la salida de Franco del templo y la reubicación de Primo en un sitio menos destacado

En mayo de 2017, el pleno del Congreso apoyó una moción socialista —en la que el PP simplemente se abstuvo, pero no votó en contra— que se instaba al Gobierno de entonces, el de Rajoy, a exhumar a Franco y a colocar en un lugar menos "preeminente" de la basílica a Primo de Rivera. Ese texto del PSOE no hacía sino recoger el informe que redactaron los expertos que quien era ministro de la Presidencia en 2011, Ramón Jáuregui, reclutó para ordenar el futuro del Valle de los Caídos [aquí en PDF]. Ya en aquel año —el dictamen se presentó cuando el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero estaba en funciones— se decía qué habría de hacerse con ambos cuerpos. El del dictador, fuera del templo, y el de Primo de Rivera, trasladado a otro lugar en el mismo, puesto que él sí podía ser considerado como un caído de guerra, al haber sido asesinado por los republicanos al comienzo de la contienda, en 1936.

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Calvo, en esta comparecencia monográfica dedicada a explicar las líneas maestras de su departamento, subrayó que la reubicación de los restos de ambos se hará "en el ámbito de la responsabilidad de Patrimonio Nacional" —el Valle de los Caídos es administrado por este organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, aunque sea custodiado por un abad benedictino—, y "con el respeto debido a todas las familias, incluidas obviamente las de estas dos tumbas". "Pero lo haremos con toda claridad, toda firmeza y toda honra. Esta es una situación que debe resolverse por fin. No habrá mejor homenaje a los 40 años de democracia [en 2018 se cumplen cuatro décadas desde la aprobación de la Constitución] que haber cerrado muchas de las heridas que aún están por resolver".

Queremos reponer toda la dignidad a las víctimas de la contienda y de la dictadura, tienen que ser localizadas y honradas

La número dos incidió en que el Gobierno "no va a pasar por alto ni de rondón" todo lo que afecta a un "cierre justo" del pasado, y por eso todo lo relativo a la memoria histórica se ha colgado del Ministerio de Justicia, creando una dirección general específica que pilota el almeriense Fernando Martínez, responsable de esta área en la dirección federal del PSOE.

El Ejecutivo siente que tiene que responder, primero, a la Ley de Memoria que impulsó Zapatero en 2017, y que "el anterior Gobierno olvidó, consideró que no existía, no solo porque la dejó a cero en sus disponibilidades presupuestarias", sino porque "seguramente" no la compartía. Pero, además, está convencido de que ha de "mejorar" esa norma y cumplir las resoluciones de Naciones Unidas y el informe de los expertos de 2011.

"Queremos reponer toda la dignidad que corresponde a las víctimas de la contienda y de la dictadura, tienen que ser localizadas y honradas", porque la española, razonó, es "la única democracia" que no ha resuelto "esta parte de su propia dignidad".

"Nos disponemos a ello, en todas y cada una de las cuestiones de ese informe que nos trazaba el trabajo. Cumpliremos ese informe de los expertos, y lo haremos con el respeto debido a todas las familias, con las obligaciones respetuosas y completamente escrupulosas de los procedimientos, civiles y administrativos, y de las normas, pero convencidos de que la sociedad a la que servimos tiene en este momento claridad absoluta sobre esta situación", recalcó Calvo.

Lo que no indicó la vicepresidenta fueron plazos. Pero hasta ahora, el Ejecutivo, en sus declaraciones públicas y privadas, ha mantenido que la salida de Franco (ahora se añade el traslado de José Antonio) será "inmediata", antes de las vacaciones de agosto. Aunque aún hay que pulir la fase administrativa y vencer la oposición de los nietos del dictador, que amenazan con litigar contra el Estado si finalmente el cuerpo de su abuelo abandona el Valle de los Caídos.