el presidente queda en minoría

La jueza que respaldó a La Manada apoya la libertad provisional de los 5 condenados

La polémica decisión tiene lugar a poco de que expiren los dos años que pueden estar de máximo en prisión sin sentencia firme

Foto: Cartel en Pamplona con los rostros de los cinco integrantes de 'La manada' junto al lema No queremos violadores en las calles. (EC)
Cartel en Pamplona con los rostros de los cinco integrantes de 'La manada' junto al lema "No queremos violadores en las calles". (EC)

Este jueves la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decretado la libertad provisional para los cinco miembros de La Manada, condenados a nueve años de prisión por abuso sexual a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016. La decisión se ha tomado con el respaldo de una de las magistadas que dictó dicha condena, por lo que el presidente del tribunal se ha quedado en minoría al respaldar la prórroga de la prisión incondicional.

La Sección Segunda de la Audiencia está compuesta por tres magistrados: José Francisco Cobo Sáenz (presidente), Raquel Fernandino y Ricardo González. Hasta ahora Cobo Sáenz y Fernandino se habían mostrado en contra de decretar la libertad provisional de los cinco sevillanos encausados en este procedimiento, en contra del criterio del magistrado Ricardo González, que se había declarado partidario de la libertad provisional bajo fianza.

La propia sentencia condenatoria a nueve años de cárcel dictada el pasado mes de abril contó con el voto particular del juez Ricardo González, que discrepó de sus dos compañeros de sala y abogó por la absolución de los cinco acusados. En esta ocasión, este equilibrio de mayorías ha variado, dado que la magistrada Raquel Fernandino se ha inclinado por dictar la libertad provisional bajo fianza para los cinco condenados, a la espera de que se dicte sentencia firme.

Al margen de la fianza, el tribunal ha impuesto a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad. También les impone la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, la prohibición de comunicación con la víctima, la retirada del pasaporte, y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial.

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