Pamplona deberá pagar 8.000 euros por el ilegal uso de la ikurriña en Sanfermines

La decisión del Ayuntamiento de Pamplona de hacer ondear la ikurriña durante el inicio de los Sanfermines de 2017 va a conllevar a las arcas municipales un coste de 8.000 euros en concepto de costas judiciales después de que un tribunal haya calificado esta actuación “disconforme con el ordenamiento jurídico”.

El Gobierno de Joseba Asirón deberá abonar esta cantidad por el pago de las costas después de que el Juzgado contencioso administrativo número 3 de Pamplona haya estimado los dos recursos presentados por la Delegación del Gobierno en Navarra y el grupo municipal de UPN contra la decisión de hacer ondear la ikurriña en el inicio festivo, y que ascienden a 4.000 euros por cada demandante.

La sentencia contra el Ayuntamiento de Pamplona se suma a la larga lista de varapalos judiciales a las instituciones navarras por hacer ondear la ikurriña

La sentencia contra el Ayuntamiento de Pamplona se suma a la amplia lista de varapalos judiciales que están recibiendo en las últimas semanas las administraciones gobernadas por el nacionalismo en Navarra por el ilegal uso de la ikurriña. El fallo ahonda en el argumento de que el consistorio carece de "cobertura legal" para ondear la bandera vasca porque la derogación de la Ley de Símbolos “no regula ni ampara la exhibición de la bandera de otra comunidad autónoma distinta a la de Navarra ni de la ikurriña en concreto”.

Los partidos que sustentan el Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai –la marca del PNV en Navarra-, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra) derogaron a finales de marzo del pasado año la Ley de Símbolos con la pretensión de dar cobertura legal a las instituciones navarras para poder izar la bandera del País Vasco sin tener que estar expuestas a sanciones y prohibiciones. Sin embargo, el intento del cuatripartito de oficializar la ikurriña en la Comunidad Foral se ha encontrado con el rechazo permanente de la Justicia, que está declarando nulas todas las actuaciones de las instituciones en este sentido a instancias de la Delegación del Gobierno en Navarra. Hasta la fecha, una docena de ayuntamientos han sido condenados por colocar la enseña vasca el pasado año en fiestas.

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La Justicia replica que la derogación de la Ley de Símbolos no faculta a las administraciones a hacer uso de la enseña vasca ya que “lo que hace es remitirse a otra ley que a día de hoy no ha sido aprobada y que parece ser será la que regule este tema”. Con la pretensión de avalar la ikurriña, el cuatripartito reflejó en la exposición de motivos del texto que derogaba la Ley de Símbolos que “en tanto y cuanto se alcanza un nuevo acuerdo político e institucional” sobre una nueva ley “incluyente que recoja todas las aspiraciones legítimas de la ciudadanía se hace precisa la derogación de la vigente Ley de Símbolos, permitiéndose el desarrollo de una política democrática de tolerancia e integración en lo relativo a los mismos”

Ante esta redacción, el contencioso administrativo sostiene que el texto “remite a otra norma previo acuerdo político que aún no se ha alcanzado sin que la mera referencia a pretender con la derogación de la Ley de Símbolos una ‘política de tolerancia e integración’ pueda suplir a una regulación normada de la cuestión”. Estas razones expresadas en la exposición de motivos, según rebate, “no son suficientes para suplir esa falta de regulación en la materia”. Así, sostiene que será, en su caso, una nueva ley aprobada en el Parlamento la que determine el uso de las enseñas en los edificios públicos. Mientras tantos, asevera con contundencia, “no existe norma que ampare la exhibición de otras enseñas distintas a las reguladas” en la ley española que establece el uso de las banderas, que queda “como única norma”.

"No existe norma que ampare la exhibición de otras enseñas distintas a las reguladas en la Ley de Banderas", que queda "como única norma"

Asimismo, más allá de estas consideraciones, el tribunal también pone de manifiesto que hacer ondear la ikurriña “tampoco es enmarcable dentro del principio de pluralismo político" al que aluden las instituciones navarras porque “dicho principio no es superior al de la legalidad”. De este modo, el acto “carece de cobertura legal”.

El Gobierno municipal de Asirón otorgó un lugar preferente a la ikurriña en la fachada consistorial en el inicio festivo del pasado año. Además, para burlar la posible actuación preventiva de la Justicia, que podría ordenar de forma cautelar la retirada de la bandera vasca, el alcalde ordenó colocar la enseña vasca a escasos minutos del chupinazo. Posteriormente, ya iniciadas las fiestas, retiró la bandera para evitar los posibles recursos, si bien UPN y la Delegación del Gobierno emprendieron la vía judicial.

Tras la sentencia contra el Ayuntamiento de Pamplona, el grupo municipal de UPN ha exigido al alcalde que “pague las costas de su bolsillo o del de EH Bildu”. “Acumulamos ya numerosas condenas en costas fruto de decisiones puramente políticas y los ciudadanos no tienen por qué pagar sus obsesiones partidistas”, ha denunciado. A este respecto, el PP de Navarra ha presentado en el Parlamento una proposición de ley para obligar a los alcaldes a que "paguen de su bolsillo las costas y multas de colocar ilegalmente las ikurriñas en los ayuntamientos".