El Constitucional permite al Congreso rechazar vetos del Gobierno a leyes

El Tribunal Constitucional ha emitido un fallo que puede tener implicaciones y consecuencias vitales para la legislatura en el Parlamento, porque considera que el poder de veto del Gobierno a iniciativas de los grupos en el Congreso no es ilimitado, sino que la Mesa de la Cámara tiene capacidad para rechazarlo cuando considere que no están fundados. Según el resto de partidos, el Gobierno de Mariano Rajoy ha abusado de esta facultad para salvar la legislatura en minoría. El Ejecutivo puede seguir vetando, pero sometido a la decisión de la Mesa.

La importancia se resume en la cifra de proposiciones de ley vetadas por el Ejecutivo que este martes ha alcanzado ya el número de 62. El Gobierno se apoya en el artículo de la Constitución que asegura que se podrán vetar las iniciativas de la oposición que supongan aumento de Presupuesto.

El artículo 134.6 de la Constitución "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".

Mariano Rajoy ha utilizado este instrumento para sobrevivir a la su minoría parlamentaria, pero en dos ocasiones la Mesa decidió, sin apoyo del PP, rechazar esos vetos por infundados.

El Gobierno presentó un conflicto de atribuciones por entender que no es posible que la Mesa limite su capacidad constitucional. Pretendía que cuando a Mesa entienda que es abusivo o poco fundado pueda recurrir al Tribunal para que decida en cada caso. El Constitucional le ha quitado la razón y se la ha dado al Parlamento.

"El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha desestimado el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado presentado por el Gobierno contra la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de tramitar una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista para suspender el calendario de implantación de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa). El Tribunal avala los acuerdos de la Mesa y rechaza que supusieran una injerencia en las atribuciones del Ejecutivo, concretamente, en la potestad que le atribuye la Constitución para paralizar iniciativas legislativas que incidan en las cuentas públicas (art. 134.6 CE). Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré", asegura la nota.

Explica que el Constitucional que “la capacidad de veto del Gobierno a la que se refiere el art. 134.6 CE tiene límites: por un lado, sólo puede afectar a aquellas medidas que “incidan directamente sobre el Presupuesto aprobado, esto es, sobre ‘los gastos e ingresos del sector público estatal’”; por otro, dicha incidencia sobre las cuentas públicas debe ser “real y efectiva” y, además, debe referirse al presupuesto en vigor, no a presupuestos futuros”.

“La Mesa del Congreso, por su parte, puede “rechazar la falta de conformidad del Ejecutivo” cuando compruebe que el Gobierno no ha cumplido los requisitos que se le exigen; es decir, en el ejercicio de su función de control técnico-jurídico debe constatar que la iniciativa legislativa vetada por el Ejecutivo afecta de una forma real y efectiva a los presupuestos en vigor”, añade.

Los magistrados aeguran que "corresponde a este órgano de la Cámara ejercer una limitada función de calificación del criterio del Gobierno, como parte de su función genérica de calificación en relación con los documentos de índole parlamentaria que le remita el Gobierno. Tal función de la Mesa tiene en todo caso carácter jurídico-técnico, no respondiendo en ningún caso a criterios de oportunidad política".

La sentencia termina asegurando que "la apreciación de la Mesa de la Cámara, en el sentido de considerar que la motivación del Gobierno resulta insuficiente para verificar la efectiva conexión de la medida con los ingresos y los gastos públicos, no ha supuesto el menoscabo de la competencia del Ejecutiva en este caso. El artículo 134.6 contiene una prerrogativa del Ejecutivo que tiene, como presupuesto habilitante, la vinculación estricta a la norma presupuestaria, que debe por ello verse afectada. Teniendo en cuenta, como ya se ha señalado, que cualquier iniciativa o proposición de ley es susceptible de suponer un incremento de gasto o una disminución de ingresos, el Gobierno debe justificar de forma explícita la adecuada conexión entre la medida que se propone y los ingresos y gastos presupuestarios. Esta conexión debe ser directa e inmediata, actual, por tanto, y no meramente hipotética. Debe además referirse al Presupuesto en particular, sin que pueda aceptarse un veto del Ejecutivo a proposiciones que, en el futuro, pudieran afectar a los ingresos y gastos públicos, pues ello supondría un ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución".

El recurso y la sentencia se refieren a un asunto muy concreto, referido a la LOMCE, pero fija una referencia sobre un aspecto de la constitución del que no había jurispridencia. Y, por tanto, puede ser aplicable a otros casos. Había una sentencia referida al Parlamento de Extremadura y otra al del País Vasco, pero con fallos contrarios.

Desde que Rajoy fue investido presidente, Ciudadanos ha apoyado los vetos del Gobierno, por entender que forma parte del acuerdo de investidura. Sólo en dos ocasiones previas el partido de Albert Rivera unió sus votos a PSOE y Unidos Podemos y una de ellas es la que ha fallado ahora el Constitucional. Ahora, vuelve la presión sobre Ciudadanos, puesto que ya no hay automatismo en la aplicación de los vetos. Este mismo martes, la Mesa ha tramitado dos, hasta llegar a la cifra de 62.