El rector exigió al director del máster un acta en tres horas para avalar a Cifuentes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, presionó al Instituto de Derecho Público de la universidad para conseguir un acta que avalase el máster de Cristina Cifuentes. Lo hizo el pasado 21 de marzo, cuando estalló el escándalo del máster falsificado de Cifuentes. Según fuentes de la universidad, este llamó al catedrático Enrique Álvarez Conde, responsable del máster, para lograr un acta que avalase a Cifuentes en tres horas. Y este a su vez conminó a sus subordinadas. Pero el resultado fue una chapuza con garabatos en lugar de firmas y sin sellos que la universidad se ha negado a compulsar posteriormente. El engaño estalló el jueves, cuando la presidenta del tribunal no reconoció su firma ante la inspección interna de la universidad y esta envió el caso a la Fiscalía. Un portavoz del rector sostuvo anoche que pidió un acta para salir ante la prensa, pero no un acta falsa. Ahora tendrán que aclarar sus versiones ante la fiscalía.

Álvarez Conde había guardado silencio pero en una entrevista en 'Onda Cero' ha reconocido que el rector le llamó y le pidió un documento. "Reconozco mi culpa porque le hice caso e intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector por la tarde", ha admitido. El catedrático ha intentado derivar responsabilidades arriba pero también hacia abajo. Por un lado al rector y después a sus tres discípulas que aparecían como firmantes del acta. Además, ha añadido que el rector le reclamó que el acta falsa -"reconstruida", la llama él- se le enviase por un gmail, no por el correo de la universidad.

El pasado 21 de marzo, cuando 'eldiario.es' reveló que Cifuentes había aprobado un máster con notas falsificadas, la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid parecía contundente. Cifuentes esgrimió un acta firmada por tres profesoras según la cual el 2 de julio de 2012 defendió ante ese tribunal un trabajo fin de máster. "Tengo aquí un acta del trabajo de fin de máster, un acta que está firmada por las tres miembros del tribunal calificador con la fecha de la evaluación y la calificación del trabajo, que por cierto saqué un notable [...] Los papeles hay que enseñarlos. Hay que hablar con papeles", afirmó en un vídeo emitido en Periscope. "Seis profesores universitarios han empeñado su palabra, su prestigio y su carrera profesional de funcionarios públicos para afirmar, sin la más mínima duda, que todo el procedimiento académico en relación con el máster se llevó a cabo de acuerdo con la más absoluta legalidad, y que no hubo irregularidades", añadió en un comunicado.

Sin embargo, esa acta era un fraude. El Confidencial desveló el miércoles que el acta tenía al menos dos firmas falsificadas, algo que reafirma un peritaje pedido por este diario. Dos de las firmas no concuerdan en nada con las originales de dos de las profesoras. De ellas, solo una, Alicia López de los Mozos, es profesora titular de la Rey Juan Carlos. Las otras dos, Cecilia Rosado y Clara Souto, no tienen plaza en propiedad. López de los Mozos figuraba como presidenta del tribunal y las otras, como secretaria y vocal respectivamente.

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¿Qué pasó el 21 de marzo para que en unas horas surgiera un acta falsa? Fuentes próximas al caso apuntan que el rector tuvo algún contacto con Cifuentes esa mañana. Es algo que él negó en rueda de prensa. Lo hizo a través de María Teresa Feito Higueruela, una asesora contratada por la Comunidad de Madrid que tiene plaza en la Rey Juan Carlos. Fuentes del Instituto de Derecho Público asignan a esta un papel clave en todo el caso, desde que en 2014 se manipularon las notas en el sistema informático para que dos no presentados pasaran a ser dos notables. Feito es una persona muy próxima a la hermana de Cifuentes, que en una extraña carrera pasó de personal de servicios de la universidad a profesora en una plaza reservada a personal de élite, según desveló 'eldiario.es'.

El rector llamó entonces a Enrique Álvarez Conde y le reclamó que hubiera un acta en tres horas, cuando iba a comparecer ante la prensa, según estas fuentes. La llamada choca con el procedimiento que se debería haber seguido en un máster cursado con garantías. El acta tendría que estar sellada en secretaría. No tenía por qué conservarla el departamento. Sin embargo, Ramos reclamó el documento al catedrático del máster, que seis años después difícilmente podría tener en su poder esa documentación.

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Un portavoz de la universidad afirmó la noche del jueves que efectivamente pidió un acta para salir ante la prensa, pero que en ningún momento presionó . "El rector pidió un acta, si tenían documentación que acreditara el máster, pero en ningún momento ha pretendido forzar nada", señaló este portavoz. Después de que la primera profesora haya negado que esa sea su firma y de que la falsedad del acta, desvelada por El Confidencial, es asumida por todas las partes, comienza el baile de responsables.

Álvarez Conde ha explicado en Onda Cero que en su opinión lo que hicieron fue reconstruir un acto administrativo, algo que puede ser un error pero no es delito. Si un documento oficial se pierde se puede reconstruir, pero no hacerlo pasar por el original (que además debe existir previamente). En este caso, Álvarez Conde apañó un acta en ese tiempo. Álvarez Conde conminó a sus subordinadas para lograrlo. Ha dirigido las tesis de las tres y les recordó su ascendencia sobre ellas. "En la universidad, un mentor tiene una ascendencia enorme y el poder sobre la carrera profesional de los profesores bajo su ala", cuenta una persona que conoce el proceso. Fue entonces cuando se apañó el acta que sirvió al rector para salvar la cara a Cifuentes. "He contactado personalmente esta mañana con este tribunal y confirman que la defensa se realizó en julio de 2012 y obtuvo una calificación de 7,5 puntos", declaró el rector ante la prensa.

La universidad defendió la legalidad del máster de Cifuentes, pero luego encargó una "información reservada" (una investigación) a la jefa de la inspección de servicios. Las tres profesoras han guardado silencio durante días, pero llegado el momento de declarar ante la inspectora —nunca aparecieron los dos inspectores externos anunciados de otras universidades—, la primera de ellas, Alicia López, optó por tirar de la manta. Declaró que esa no era su firma y que ella nunca evaluó el trabajo de Cifuentes. No estaba dispuesta a seguir con esta versión y ratificó todo lo adelantado por este diario.

Las otras dos profesoras no acudieron por una baja por depresión. Están sometidas a un enorme estrés. Álvarez Conde intentó en un principio pactar una versión común. Incluso se reunieron con el abogado Juan Mestre, que además de amigo suyo es miembro del Instituto de Derecho Público es catedrático de Administrativo por la Universidad de Valencia y hermano de Esteban Mestre (curiosamente abogado de Ignacio González, la némesis en el PP madrileño de Cristina Cifuentes). En esas reuniones llegaron a hablar de las versiones que debían mantener sobre lo ocurrido el 2 de julio de 2012.

Con una versión conjunta de estos, la ofrecida por Cifuentes podía aguantar. De seguir el guion, tres profesoras y un catedrático estarían avalando a Cifuentes, además de la cúpula de la universidad. Si el acta con sello original no aparecía, podrían decir que se debió de perder porque esas actas se envían por correo ordinario y que son frecuentes los extravíos en una universidad con varios campus. Al desvelar El Confidencial que había firmas falsas, eso se tambaleaba, pero aún se podía esgrimir que rehicieron un acta verdadera, una irregularidad menor.

Para la ausencia del trabajo fin de máster, podía haber otra explicación: Cifuentes lo había perdido en las mudanzas y la universidad los destruye cada cuatro años (aunque inicialmente dijo que no lo podía enseñar por la ley de protección de datos). Podría alegar que, al contrario que las tesis doctorales, no hay normativa que obligue a llevar un registro. La coartada no era firme pero otras peores han resistido.

Pero la primera de las profesoras no ha querido mantenerlo ante la inspección. El caso tenía ya toda la pinta de acabar en la vía penal después de que un grupo de estudiantes lo denunciara, y más al publicar este diario la falsificación del acta. La falsedad en documento público es un delito penado con hasta seis años de cárcel. Cada día que se enredaba e asunto las probabilidades de salir indemnes se reducían. El jueves, tras la primera declaración, la inspección de la Rey Juan Carlos envió el caso también a la Fiscalía, que horas antes ya había abierto diligencias pero en Móstoles (lo que implica que no investigan de momento a Cifuentes porque es aforada sino las irregularidades del expediente).

Tras conocerse que la supuesta presidenta del tribunal había negado estar evaluándola el día que ella habia dicho, Cifuentes dijo estar satisfecha de que el caso salte a la vía penal y de que se aclaren las posibles irregularidades —hasta ahora sostenía que todo era correcto—. Afirmó que es "una buena noticia" que el caso vaya a la Fiscalía y se presentó como una alumna víctima de un irregular expediente.