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Fiscalía estudia el acta antes de decidir si abre diligencias por el máster de Cifuentes
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solo abrirá investigación penal si hay materia delictiva

Fiscalía estudia el acta antes de decidir si abre diligencias por el máster de Cifuentes

La Secretaría Técnica del departamento que dirige Julián Sánchez Melgar analiza todos los documentos vinculados al título de la URJC

Foto: Combo de fotografías de los documentos que ha presentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes en el pleno extraordinario de la Asamblea regional. (EFE)
Combo de fotografías de los documentos que ha presentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes en el pleno extraordinario de la Asamblea regional. (EFE)

La Fiscalía General del Estado tiene sobre la mesa el máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que la Secretaría Técnica del organismo que dirige Julián Sánchez Melgar estudia toda la documentación vinculada con el título otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) antes de decidir si se abren diligencias sobre lo ocurrido.

Según precisan las citadas fuentes, el Ministerio Público se encuentra en fase de comprobar si existen posibles hechos delictivos. No solo analiza el acta que, según adelantó este miércoles El Confidencial, fue fabricada el pasado 21 de marzo —poco después de que estallara el escándalo— y en la que al menos dos de las tres firmas de las profesoras fueron falsificadas, también el resto de documentos aportados por la presidenta y el centro universitario.

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Se espera que la decisión no se haga esperar. Tras el escándalo destapado por 'eldiario.es', la presidenta madrileña salió al paso de las informaciones presentando distintos papeles. Entre la documentación que sacó a la luz aquella noche se encuentra la matrícula del Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico (con un coste de 1.586 euros), con la relación de las 13 asignaturas impartidas, incluyendo el trabajo fin de máster; el certificado del pago de las tasas de expedición del título académico en 2014; un certificado académico con las calificaciones finales obtenidas en cada una de las materias; acta del trabajo fin de máster con la calificación de 7,5 puntos, de fecha 2 de julio de 2012, y un correo electrónico en el que uno de los profesores solicita en octubre de 2014 a la funcionaria Amalia Calonge que se subsane el error de transcripción de la calificación de Cristina Cifuentes.

El recorrido judicial del asunto se encontraba en manos de la Fiscalía de Madrid después de que varias asociaciones de estudiantes presentaran una denuncia en este departamento para que se investigara el polémico máster. Reclamaban entonces que se indagara si pudo producirse un delito de falsedad en documento público y cohecho. La falsificación de documentos lleva aparejadas penas de prisión, de hasta seis años. Las denuncias se cursaron contra la funcionaria que modificó el expediente, Amalia Calonge, la propia presidenta regional, el director del máster y los miembros del tribunal que calificó el trabajo de fin de máster.

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No obstante, la complejidad de la cuestión ha provocado que sea por el momento la Fiscalía General quien se encargue de la valoración. En función de este análisis y en el caso de que el criterio sea el de abrir las diligencias mencionadas, se determinará también qué departamento es el competente y si el procedimiento permanece en manos de la Fiscalía Superior de Madrid o alguna otra regional. Cifuentes, como presidenta, es aforada ante el Tribunal Supremo.

Las fuentes consultadas también precisan que su decisión final no depende del resultado de la investigación que ha iniciado la inspección de servicios de la universidad, con el apoyo de dos observadores externos de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). La Fiscalía solo abrirá procedimiento si hay materia delictiva para ello y no simples irregularidades administrativas.

La Fiscalía General del Estado tiene sobre la mesa el máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que la Secretaría Técnica del organismo que dirige Julián Sánchez Melgar estudia toda la documentación vinculada con el título otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) antes de decidir si se abren diligencias sobre lo ocurrido.

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