La policía no localiza a Granados y este no se presenta a su cita por la querella de Cifuentes

El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados no ha comparecido este lunes ante el Juzgado de Instrucción 3 de plaza Castilla, donde estaba citado en el marco de la querella presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en su contra después de que declarara en la Audiencia Nacional que mantenía una relación sentimental con su antecesor Ignacio González y era conocedora de la presunta financiación irregular del partido.

La policía, encargada de entregarle la citación, no ha logrado hacerlo. Ha acudido al domicilio que dio el exvicepresidente madrileño pero no le encontró allí. Pese a que se encuentra investigado por el Juzgado 6 de la Audiencia Nacional por la trama Púnica y sometido a medidas cautelares en las que se incluyen las comparecencias periódicas, los agentes no han conseguido localizarle para entregarle en mano la orden de comparecencia judicial, informan fuentes jurídicas.

Así las cosas, el considerado cabecilla de la Púnica no se ha presentado en los juzgados. Está citado de nuevo el próximo jueves para declarar por tercera vez en el marco del caso Púnica ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Además, deberá comparecer mañana ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre esta presunta trama.

La presidenta madrileña presentó la querella criminal el pasado 15 de febrero mediante un procurador y un abogado particulares, sin intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. En concreto, Cifuentes considera que las manifestaciones del exsecretario del PP madrileño ante la Audiencia Nacional el pasado 12 de febrero, en el marco del caso Púnica, vulneraron los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal, o lo que es lo mismo, cometió delitos contra la integridad moral, calumnias e injurias.

El escrito de querella ponía de relieve que lo que se había producido "no era tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria". Las manifestaciones de Granados, según señala la querella, respondían también al tipo penal de la calumnia, al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad.

A todo ello sumaba la querella el delito contra la integridad moral, al suponer estas declaraciones "un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que conllevaba una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cifuentes".