los planes del ejecutivo para frenar la investidura de un procesado

El Gobierno se planteará mantener el 155 si hay un president imputado

La Moncloa confía en que Llarena impedirá la investidura de Jordi Sànchez, pero estudiaría pedir al Senado el mantenimiento del artículo si no hay un president no imputado

Foto: Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre. EFE Juan Carlos Hidalgo
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre. EFE Juan Carlos Hidalgo

El Gobierno se planteará mantener el artículo 155 en vigor si en Cataluña fuera elegido un president de la Generalitat imputado por rebelión y si en el pacto de investidura entre los partidos independentistas hubiera referencias al proceso constituyente o similar, según fuentes del Ejecutivo.

La aplicación del artículo terminaría formalmente en el momento en el que tome posesión el nuevo Govern, pero el Gobierno podría dirigirse de nuevo al Senado para pedir formalmente la prórroga, si hubiera indicios de que se mantiene la situación que lo originó y si no hay un president de la Generalitat que no esté inmerso en ningún proceso judicial. El texto aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 21 de octubre señala que "las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña".

Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que se prolongará la situación de incertidumbre y dudas legales si el presidente del Palament, Roger Torrent, porpone a Jordi Sànchez como candidato para la investidura. Sànchez esta encarcelado por diferentes delitos, incluido el de rebelión, por lo que el juez Pablo Llarena debería autorizar su presencia en el pleno de investidura. Hay un precedente de un preso preventivo de ETA que fue autorizado a acudir al Parlamento Vasco a defender su investidura, pero la diferencia, explica el Gobierno, es que en el caso de Sànchez esa investidura podría servir para mantener la continuidad en la actividad delictiva y, por tanto, es posible que Llarena no lo autorice. Si fuera así, volvería el vacío legal y Torrent tendría que buscar otro candidato independentista.

Si Llarena autoriza a Sànchez a acudir a su investidura y tomar posesión se llegaría a la insólita situación de un president de la Generalitat encarcelado. Sería, en todo caso, por poco tiempo porque Llarena tiene previsto procesar a Sànchez en marzo y ese procesamiento firme supondría suspenderle de sus cargos de diputado y de president. El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento criminal señala que ante “un auto firme de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

Si se produjera esa situación y hubiera un Govern presidido por el encarcelado Sànchez, el Gobierno asegura que se plantearía acudir al Senado para prolongar la aplicación del 155. Más aún si como aseguran los partidos independentistas uno de los puntos que se está discutiendo para el pacto de investidura es el mantenimiento de la opción del proceso soberanista y, más concretamente, un proceso constituyente, a margen de los plazos para llevarlo a cabo.

Si no fuera Sànchez el candidato, los independentistas se platearían la opción de Jordi Turull, que también está imputado, pero está en libertad provisional. No podría ser suspendido porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que esté en prisión, pero tendría la perspectiva de ser juzgado y quizás condenado a prisión e inhabilitacón en 2019. Si Turull fuera investido, el Gobierno asegura que también se plantearía mantener el 155.

En todo caso, aseguran esas fuentes que lo harían de forma coordinada con PSOE y Ciudadanos, partidos con los que sacó adelante la aplicación del 155, pese a contar con la mayoría absoluta necesaria en el Senado. Un efecto de esa decisión podría ser que no hubiera Presupuestos de 2018, ya que el PNV ha asegurado que no se sentará a negociar las cuentas si antes no se levanta el 155.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado este martes que igual que es "inimaginable" pensar en un presidente de un gobierno autonómico "que está huido de la justicia y fuera de España" también es "difícil" pensar en un presidente autonómico "que está en prisión y no puede ejercer sus funciones".

En otro acto posterior el ministro ha añadido que "el 155 se aprobó como consecuencia de una situación de incumplimiento grave por parte del Gobierno de Cataluña. Por tanto, no es una cuestión de personas, no es quién sea el futuro presidente o cuáles sean sus circunstancias. Es que el Gobierno de la Generalitat cumpla con sus obligaciones".

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