El Supremo traduce el Código Penal belga para acusar a Puigdemont de rebelión

El Estado está a pleno pulmón en su rendimiento. Carles Puigdemont, acorralado política y judicialmente en su mansión de Waterloo (Bruselas), sabe que su vuelo necesariamente será corto. El experimento ha provocado serios daños a la economía catalana y costado a España y a sus contribuyentes muchos millones de euros, y ello sin contar los enormes agujeros dejados en la productividad de la comunidad autónoma y el desgarro en la imagen de ese territorio y del conjunto del país. Por ello, el juez del Tribunal Supremo tiene ya la traducción del Código Penal belga que le permitiría solicitar, cuando llegue el momento procesal oportuno, reactivar la euroorden contra Puigdemont por un delito de rebelión que la citada traducción demuestra que sí existe en el citado Código belga.

El 2 noviembre de 2017, después de perpetrada la fuga con la inestimable ayuda de sus 'mossos' de confianza, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela (que entonces entendía sobre la rebelión y otros presuntos delitos cometidos por el círculo de Puigdemont) dictó orden de búsqueda y captura “nacional e internacional” contra el 'expresident' que osó echar un pulso al Estado en un intento de hacerlo volar por los aires.

El 5 de diciembre, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena —que ya había reclamado el conjunto de la causa para su jurisdicción— decide que existe riesgo de que Bélgica lo extradite 'con límites', algo que solo permitiría procesarle por delitos menores. Y, por tanto, anula la euroorden.

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Desde entonces, el mencionado juez y todo el aparato judicial y policial que le asiste en el empeño no han dejado de trabajar para intuir todos los resquicios que les da el Estado de derecho y poner al huido en el lugar que le corresponde. Entre otros instrumentos, Llarena ordenó la traducción exacta y "con todo esmero y precisión" de aquellos artículos del Código Penal de Bélgica sensibles para una futura entrega a España.

Según se entendía, ese código no tenía del todo previsto una intentona 'golpista' desde dentro, pero el estudio llevado a cabo por orden del juez demuestra que sí contempla previsiones frente a flamencos y valones. Lo sustancial para el juez instructor es que no se conceda la extradición por una mera bagatela, como pudieran ser la 'desobediencia' o la 'prevaricación', que dejaría al prófugo Puigdemont en libertad mientras que el resto de sus conmilitones se pudren en la cárcel de Estremera (Madrid).

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La idea, tras la traducción que avalaría el delito de rebelión, es pedir la extradición cuando haya auto de procesamiento. Es entonces cuando se pedirá a Bélgica —un país socio en la Unión Europea— que entregue al fugitivo. Ya habrá por entonces el respaldo incuestionable de indicios más que racionales de criminalidad después de seis meses de investigaciones de la Guardia Civil, con documentos en ristre, y las declaraciones de otros imputados practicadas. Además, la entrega se razonará en base a una lectura 'muy atenta' del Código Penal belga traducido, donde estaría perfectamente reflejado ese delito de 'rebelión'.

El instructor tiene prisa porque vencen los plazos. En el supuesto de que hubiera nuevas elecciones autonómicas en Cataluña —una posibilidad que se acrecienta si pasa el tiempo y el bloque secesionista entra en barrena interna— y los investigados/imputados dejaran de tener escaño en el Parlament, la causa pasaría de nuevo a la jurisdicción de la Audiencia Nacional. No obstante, el Supremo solo necesita que uno de ellos mantenga el fuero al quedar integrado en la Diputación Permanente, como sucedió, por ejemplo, con Carme Forcadell.