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20 años del asesinato de Caso: Argentina reabre otra muerte olvidada por España
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impulsa la investigación por lesa humanidad

20 años del asesinato de Caso: Argentina reabre otra muerte olvidada por España

El juez Rodolfo Canicoba insiste en requerir a la Audiencia Nacional las investigaciones que el tribunal coordinó tras las muertes a tiros del concejal de Rentería y de su sustituto

Foto: El alcalde de Rentería, Julen Mendoza, de Bildu, junto a la hija del exconcejal Manuel Zamarreño. (EFE)
El alcalde de Rentería, Julen Mendoza, de Bildu, junto a la hija del exconcejal Manuel Zamarreño. (EFE)

El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal Federal número 6 de Buenos Aires, ha remitido un nuevo exhorto a la Audiencia Nacional para insistir en que este último tribunal debe remitirle inmediatamente las causas que inició a raíz de los asesinatos de los concejales de Rentería (Guipúzcoa) José Luis Caso y Manuel Zamarreño, acribillados por ETA el 11 de diciembre de 1997 -mañana se cumplen 20 años- y el 25 de mayo de 1998, después de ser amenazados por la banda terrorista por negarse a abandonar el País Vasco.

El magistrado, que rastrea estos dos asesinatos en el marco de una causa mayor que investiga el delito de lesa humanidad cometido por la organización armada a lo largo de su historia previa a octubre de 2004 -la época posterior sí la indagan las autoridades españolas-, remitió el mencionado exhorto el pasado 27 de noviembre después de haberle mandado un requerimiento previo que la Audiencia Nacional rechazó por considerarlo inconcreto y por entender que el instructor argentino solicitaba las causas de los 379 asesinatos de ETA aún no resueltos por los tribunales.

Foto: Josu Ternera, el único procesado en paradero desconocido, junto a su hijo Egoitz en el año 2000. (EFE)

En este nuevo escrito, Canicoba Corral responde a esas críticas de la Audiencia Nacional con extrema firmeza. El organismo judicial español, contesta el magistrado argentino, rechaza el primer exhorto con el argumento de unas "supuestas afirmaciones y omisiones que no fueron efectuadas por este tribunal". En primer lugar -puntualiza ahora Canicoba Corral, el tribunal con sede Madrid alegó que el objeto de la investigación es indagar la muerte de 379 ciudadanos españoles, cuando en realidad "expresamente se ha señalado que aquí se investigan los asesinatos de dos personas", José Luis Caso y Manuel Zamarreño.

En segundo término, prosigue el juez argentino, la Audiencia Nacional censuró que "no se señalaban las fechas de los hechos objeto de la investigación, cuando se ha indicado que los asesinatos ocurrieron el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998". Asimismo, añade el titular del Juzgado Federal 6 de Buenos Aires, el tribunal español criticó que en el primer exhorto no se efectuara "una sumaria exposición de los hechos, cuando expresamente se realizó un relato" de los mismos. En cuarto lugar, agrega, reprochó "que se solicitara de forma indiscriminada copia de cientos de procedimientos cuando se ha pedido solo de dos" o que se hicieran cuatro reclamaciones cuando en realidad se hizo solo una.

La AN rechazó la primera petición por considerarla inconcreta y por entender que se solicitaban las causas de los 379 asesinatos de ETA sin resolver

El juez apela al Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Material Penal suscrito entre España y Argentina para reclamar nuevamente las causas concretas que reflejan las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional en su momento para la resolución de los mencionados asesinatos de Caso y Zamarreño. El magistrado pretende con esta documentación dar un impulso a la causa que abrió para aclarar esta investigación no resuelta aún por España. Canicoba Corral pretende indagar estos dos asesinatos por la vía de la autoría mediata y por el delito de lesa humanidad, con lo que los que en el momento de ambos crímenes eran jefes de la banda serían procesados por este ilícito penal en el caso de que la instrucción siguiera adelante.

Foto: Foto: EFE.

La Audiencia Nacional ya procesó a los cinco máximos dirigentes de la organización terrorista después de octubre de 2004, que es el periodo que investiga el tribunal español, que rechazó indagar la época previa al entender que el delito de lesa humanidad no está en el ordenamiento jurídico hasta la citada fecha crítica. En el marco de esta causa iniciada en España, el Juzgado Central número 3, dirigido entonces por Juan Pablo González, ordenó el procesamiento de Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe 'Ata', Ángel Iriondo Yarza 'Gurbitz', José Antonio Urruticoechea Bengoechea 'Josu Ternera' y Aitor Elizarán, los últimos cinco jefes de la banda. Este procedimiento, sin embargo, fue posteriormente troceado por la sustituta de González al frente del Juzgado número 3, Carmen Lamela, que repartió a cada acusado en un juzgado diferente.

El alcalde de Rentería, Julen Mendoza, de Bildu, protagonizó el pasado junio el primer homanaje de su partido a víctimas de ETA y se lo concedió precisamente a los concejales asesinados Caso y Zamarreño. Naiara, hija de este último edil, recibió en persona un ramo de flores del alcalde y no pudo evitar las lágrimas al recordar a su padre, que sustituyó a Caso en la concejalía que este último dejó desierta tras ser acribillado a tiros en un bar de la localidad por un encapuchado. Zamarreño, por su parte, fue asesinado por una motocicleta bomba que los terroristas hicieron estallar cuando el hombre regresaba a su casa tras comprar el pan. Hoy por hoy, sus familias desconocen la identidad de los que acabaron con la vida de los dos ediles.

El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal Federal número 6 de Buenos Aires, ha remitido un nuevo exhorto a la Audiencia Nacional para insistir en que este último tribunal debe remitirle inmediatamente las causas que inició a raíz de los asesinatos de los concejales de Rentería (Guipúzcoa) José Luis Caso y Manuel Zamarreño, acribillados por ETA el 11 de diciembre de 1997 -mañana se cumplen 20 años- y el 25 de mayo de 1998, después de ser amenazados por la banda terrorista por negarse a abandonar el País Vasco.

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