juzgado número 3

La Audiencia Nacional trocea el caso de lesa humanidad de ETA para acabarlo rápido

La jueza Lamela pretende así evitar "retrasos injustificados" en la investigación de los crímenes presuntamente cometidos por los jefes de la banda terrorista como autores intelectuales

Foto: Miembros de la banda terrorista. (EFE)
Miembros de la banda terrorista. (EFE)

La titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha acordado inhibirse en el caso que investiga a dirigentes de ETA por supuestos delitos de lesa humanidad a favor de los diferentes instructores del alto tribunal. El objetivo de la jueza, que toma la decisión a instancias de la Fiscalía, es evitar un "retraso injustificado" en la investigación y cumplir con lo que dicta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que cada delito dará lugar a la formación de una única causa.

De este modo, la magistrada pasa al Juzgado número 5 la instrucción referente al atentado con coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Legutiano que provocó la muerte del agente Juan Manuel Piñuel en mayo de 2008; al Juzgado número 1, el asesinato del brigada del Ejército Luis Conde en Santoña en septiembre de ese mismo año, y al Juzgado número 6, el tiroteo que causó la muerte del empresario Ignacio Uría en diciembre también de 2008.

Al Juzgado número 4 remite dos causas, la del asesinato del inspector de la Policía Eduardo Puelles mediante coche bomba en junio de 2009 y la del atentado también con bomba-lapa incrustada en su vehículo que acabó con la vida de los guardias civiles Enrique Sáenz de Tejada y Diego Salvá. El propio Juzgado número 3 se queda con la instrucción que se sigue por el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco, perpetrado el 7 de marzo de 2008.

Por todos estos asesinatos se encuentran procesados cinco exdirigentes de la banda terrorista ETA, considerados en el auto que dictó el predecesor de Lamela, Juan Pablo González, como autores intelectuales de los mencionados atentados. Sin su orden de cometer los crímenes, estos no se hubieran producido, entendió el magistrado, que les acusó a todos del delito de lesa humanidad.

En concreto, los procesados son Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe 'Ata', Ángel Iriondo Yarza 'Gurbitz', José Antonio Urruticoechea Bengoechea 'Josu Ternera' y Aitor Elizarán. Los tres primeros se encuentran aún en prisión, el cuarto está huido de la justicia -González dictó una orden de detención internacional cuando firmó el mencionado auto de procesamiento- y el quinto lleva cuatro días desaparecido después de que la Fiscalía rechazara detenerle el pasado viernes -cuando Francia lo trasladó hasta el aeropuerto de Barajas tras cumplir su condena- y el juez José de la Mata -que estaba de guardia el sábado- acordara su arresto previa solicitud de Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación en la instrucción por lesa humanidad.

Cartel en el País Vasco a favor de los presos de ETA. (EFE)
Cartel en el País Vasco a favor de los presos de ETA. (EFE)

La magistrada Lamela, en el auto que determina el troceo de la causa, recuerda que hasta el momento no se ha practicado investigación alguna más allá de los informes de inteligencia que dieron lugar al procesamiento. Añade también que, si la instrucción siguiera unida, habría que reclamar la información que cada juzgado tiene de los casos -ya que todos ellos han sido ya investigados o lo están siendo y en varios incluso se encuentran condenados los que 'apretaron el gatillo'-, lo cual aumentaría la complejidad "teniendo en cuenta las distintas fases en que se encuentran los procedimientos, las distintas personas a quienes se imputan cada uno de ellos y los diferentes tiempos y circuntancias en que los delitos fueron perpetrados".

"Todo ello habría de provocar, como sostiene el Ministerio Fiscal, un retraso injustificado en la instrucción de cada procedimiento, además de sustraer la competencia de los órganos judiciales competentes (y que en su momento abrieron causas por los hechos que aquí se incluyen) para adoptar las medidas de investigación y resolutivas que estimen más adecuadas a derecho", explica el auto de Lamela.

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