La Corte Federal argentina ordena abrir una causa contra ETA por lesa humanidad

La Sala de Apelaciones de la Corte Federal argentina ha ordenado al titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6, Rodolfo Canicoba Corral, abrir causa contra ETA por el delito de lesa humanidad. El alto tribunal se pronuncia así después de que la asociación española de víctimas Dignidad y Justicia recurriera la decisión de la Fiscalía de inadmitir la querella interpuesta en primera instancia por la plataforma presidida por Daniel Portero bajo la dirección letrada de Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Juzgado número 6, por lo tanto, tiene la obligación a partir de ahora de investigar todos los crímenes cometidos por la organización terrorista antes del 1 de octubre de 2004, ya que los posteriores a esta fecha están siendo investigados por la Audiencia Nacional, que argumentó limitarse al citado día porque fue en ese momento cuando comenzó a existir en España el tipo delictivo de lesa humanidad.

En concreto, Argentina se centrará en indagar la responsabilidad penal por el delito de lesa humanidad de 41 querellados. Se trata de 19 jefes de ETA, a los que Dignidad y Justicia -el querellante- acusa de ser responsables de todos los asesinatos cometidos bajo su mando, y 22 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, a los que considera culpables por "inducción" a cometer los crímenes a través de la ponencia 'Oldartzen', redactada por ellos y que buscaba la socialización del sufrimiento.

El objeto de la querella interpuesta por la asociación de víctimas era el esclarecimiento de los asesinatos de José Luis Caso Cortines y Manuel Zamarreño Villoria, cometidos por ETA en Guipúzcoa en 1997 y 1998 respectivamente. Ambos continúan sin resolver y, por lo tanto, sus autores se mantienen en la impunidad.

La Sala de Apelaciones ha arremetido contra el magistrado Canicoba y la propia Fiscalía por archivar inicialmente la querella sin más. "Lejos de brindar una respuesta seria a la pretensión [de Dignidad y Justicia], [el juez] optó por plegarse acríticamente a una opinión del fiscal que no estaba mínimamente motivada". El magistrado, ha añadido la Corte Federal, "se adhirió sin más a las conclusiones del Ministerio Público cuando estas no reconocían otro sustento que una recopilación de 24 artículos periodísticos publicados en internet que ni siquiera se agregaron al expediente". De hecho, ha añadido, de esas 24 noticias, tan solo dos "se vinculan con los sucesos de esta querella".

La apertura de esta investigación ha seguido un camino similar al que emprendió en su momento la causa -también por lesa humanidad- contra los crímenes del franquismo, que actualmente instruye la jueza María Servini de Cubría. En aquel caso, la Fiscalía tampoco quiso acusar en un primer momento e inadmitió la querella, pero la Sala de Apelaciones rectificó su criterio y ordenó abrir un procedimiento.

Entre los 41 jefes de ETA y de Batasuna sobre los que Argentina pondrá ahora el foco se encuentran nombres como Tasio Erkizia, Juan María Olano, José Luis Elkoro, Rufi Etxeberría, Karmelo Landa, Ignacio Gracia Arregui 'Iñaki de Rentería', José Javier Arizcuren 'Kantauri', Soledad Iparraguirre 'Anboto', Mikel Albisu 'Mikel Antza', Javier García Gaztelu 'Txapote', Juan Antonio Olarra Guridi, Ramón Sagarzazu, Juan Fernández Iradi 'Susper', Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki' o Aitzol Iriondo 'Gurbitz'.

Se quedan fuera de la investigación nombres como José Antonio Urruticoechea Bengoechea 'Josu Ternera', Mikel Carrera Sarobe 'Ata' o Aitor Elizarán Aguilar, que corresponden a la última etapa de la banda y que se encuentran procesados en la causa que sigue la Audiencia Nacional, que indaga los crímenes de lesa humanidad cometidos después de 2004. Elizarán protagonizó recientemente un rocambolesco episodio tras cumplir condena en Francia y campar durante días a sus anchas por España cuando pesaba una orden de detención contra él.

La investigación que sigue la Audiencia Nacional contra ETA por lesa humanidad se encuentra en estos momentos paralizada después de que Dignidad y Justicia recusara a la jueza Carmen Lamela, que se hizo cargo de la misma tras la salida del magistrado Juan Pablo González del Juzgado número 3. Lamela ordenó trocear la causa y repartirla entre los diferentes juzgados que anteriormente habían instruido asesinatos de cada uno de los cinco etarras procesados, que son los mencionados Ternera, Ata y Elizarán y los también citados Gurbitz y Txeroki, que serán investigados en España y en Argentina por haber sido altos cargos de la banda tanto antes como después del 1 de octubre de 2004.