Tensión y amago de paro indefinido en la masiva huelga del taxi contra Uber y Cabify

"Estamos dispuestos a quedarnos aquí si no nos dan una solución. El taxi está harto de que nos vacilen. Los políticos son unos trileros, permiten que se incumpla la ley y el Gobierno no tiene la intención de dar marcha atrás". Quien habla es Ángel Meneses, taxista desde hace casi 38 años. Camina con su hijo, José Manuel, de 28 años y también taxista, por el paseo del Prado de Madrid hasta la estación final: la plaza de Neptuno. Y su grito es compartido por los miles de profesionales del gremio de toda España que pararon sus coches y salieron a manifestarse por las calles de la capital para protestar contra los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) que intermedian Uber y Cabify. Los taxistas quieren que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y en concreto el ministro de Fomento,Íñigo de la Serna, actúe y regule el sector, y evite el fraude y la especulación.

La de hoy era la séptima manifestación de los taxistas y coincidía con la huelga de 24 horas convocada por la asociación mayoritaria en el gremio, Fedetaxi; la Asociación Caracol, Antaxi, Elite Taxi (FETE) y la plataforma TNT, y que según sus estimaciones secundó el 100% del colectivo. Seguimiento, pues, "masivo", tal y como lo definió Fedetaxi. La marcha, en la que según el Gobierno participaron 4.000 personas y, según los convocantes, 20.000, podría encadenarse con más paros si no se garantiza un mayor control de las VTC en las calles. De lo contrario, advierten, el sector puede quedar muy tocado. El lunes, decidirán si van a la huelga indefinida.

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El cabreo de los conductores era palpable a lo largo de todo el recorrido, desde Atocha hasta la plaza de Neptuno, pero se hizo especialmente evidente cuando la cabecera llegó hasta el punto final. Las vallas instaladas como muro en la carrera de San Jerónimo fueron tumbadas por los manifestantes y los antidisturbios desplegados tuvieron que reducirles y hacerles retroceder, con la intención de proteger al máximo los alrededores del Congreso.

El paro es secundado masivamente y la marcha, por 20.000 personas, según los convocantes. El lunes el sector decidirá si va a la huelga indefinida

Tras reubicarse el cordón policial, los ánimos se calmaron y no hubo ningún incidente. La protesta estaba autorizada hasta las tres de la tarde de este miércoles, pero algunos de los concentrados avisaban de que podría prolongarse si no había un compromiso, "firmado incluso", del Ejecutivo, en palabras de Ángel Meneses, que pertenece a la Federación Profesional del Taxi. "Hemos venido a por soluciones y no hemos conseguido nada. Y como somos pacíficos, proponemos sentarnos aquí y hasta que nos echen no nos movemos", gritaba megáfono en mano Julio Sanz, presidente de Antaxi. A partir de ahora, los taxistas "no vuelven a casa si no se llevan una medida urgente y contundente, ratificada por el Gobierno", continuaba el dirigente gremial, que anunciaba una huelga indefinida de sus asociados si no hay respuesta de Fomento.

Pero no todas las asociaciones comparten la idea de prolongar los paros. El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, que se congratulaba del seguimiento "masivo" de la huelga" de hoy, también instaba al Ejecutivo a poner los medios necesarios para que se cumpla la ley, pero se negaba a hablar de paros indefinidos, informa EFE. Pasadas las tres de la tarde, se desconvocaba oficialmente la protesta, pero la sentada delante de la Policía seguía, aunque el volumen de concentrados fue disminuyendo con el paso de las horas. Sentada que había sido criticada por Leal, quien a su vez fue increpado por los manifestantes.

Pasadas las seis de la tarde, varios cientos de taxistas permanecían en Neptuno —sin poder subir hacia la plaza de las Cortes y el Congreso, pues los furgones policiales y las valles les impedían el paso— coreando consignas como "¡Somos taxistas, no terroristas!", mientras que desde el megáfono se seguía llamando a la huelga indefinida. El tráfico rodado entre el paseo de Recoletos y el del Prado se había restablecido ya dado el pequeño grupo que continuaba concentrado.

Los centenares de manifestantes que aguantaron hasta las 18:30 determinaron que el sector decidirá finalmente el lunes si va a la huelga indefinida para exigir al Gobierno "un marco normativo claro y preciso". El presidente de Elite Taxi España, Iván Sesma, explicó a EFE que será el 4 de diciembre cuando se vote esa medida extrema o no. Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, precisó que ese día habrá asambleas abiertas e informativas para dilucidar qué hacer y si ir a un paro total e indefinido a partir del día siguiente.

La ratio 1/30

"Lo más flagrante es que no se cumple la proporción que está en la ley", dice Ramón Escudero, de Benidorm, de 42 años y con 21 de oficio a sus espaldas. Esa ratio es la que está en el centro del conflicto entre el taxi y Uber y Cabify y la que podía leerse en muchas de las pancartas que desfilaron por el centro de Madrid. 1/30. Porque la legislación vigente recoge que por cada 30 licencias de taxi pueda coexistir solo una de VTC. El problema radica en que los taxistas dicen que esa proporción no se cumple, que hay muchos más vehículos con conductor por las calles, "uno por cada siete o uno por cada diez taxis", como se queja Ramón. El miedo del gremio es que la situación empeore en los próximos meses por la vía judicial: puede que se logren 10.000 licencias de VTC, por la desregulación del sector del transporte que se registró entre 2009 y 2013. Una avalancha de nuevos títulos que sobrepasará con mucho esa ratio de 1/30 que el Gobierno volvió a implantar en 2015.

El Supremo comenzó a aprobar licencias VTC, y probablemente llegarán miles más, lo que ha recrudecido la batalla del sector del taxi

Hoy hay unas 67.000 licencias de taxi en toda España —67.000 empresas y 100.000 familias desprotegidas, como se gritaba en la marcha— frente a unas 6.000 de VTC. Es decir, que ahora mismo ya se triplica la proporción (debería haber unas 2.000 solo). Pero cuando empresas como Uber o Cabify obtengan las licencias pendientes de una resolución de los tribunales, el número de títulos rondará los 16.000. No es raro que pueda llegarse a esa cifra, porque el Supremo comenzó a conceder hace unas semanas los primeros 80 permisos de VTC, lo que ha recrudecido la batalla del gremio. Esas licencias son las que las comunidades autónomas rechazaron entre 2009 y 2013, a pesar de que en esos años el sector estaba desregulado, y las compañías recurrieron esos vetos ante la Justicia, que ahora empieza a darles la razón, informa Europa Press.

En esas decisiones de los tribunales se apoya el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna —uno de los miembros del Gobierno más criticados durante la marcha, junto con Mariano Rajoy—, para defender la posición del Ejecutivo. Esta mañana, aseguraba en los pasillos del Congreso que el Gabinete no puede hacer "absolutamente nada" ante las resoluciones que están ganando empresas como Uber y Cabify. "La ley prohíbe en estos momentos dar una licencia de VTC y las que se están concediendo son consecuencia de sentencias judiciales".

El ministro subrayó que si ahora están llegando decisiones favorables a las compañías se debe al "vacío legal" que provocó la 'ley ómnibus' del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de 2009. "Esta ley dejó al descubierto la legislación que establecía una proporción para otorgar una licencia VTC por cada treinta de taxis, algo que posteriormente el Gobierno de Mariano Rajoy se encargó de arreglar y que permite que, a partir de hoy, no se puedan dar ninguna licencia". "Pero anular una sentencia judicial —añadió— es algo que ningún Gobierno, en un sistema democrático, puede hacer".

De la Serna sostuvo que desde su ministerio se trabaja "con el sector" del taxi para "avanzar en una normativa que, dentro de la legalidad, permita evitar que se utilicen las licencias VTC con un uso especulativo". Entre las medidas que podrían recogerse, figura la prohibición de transmitir títulos de VTC en los dos primeros años tras su obtención o la creación de un registro donde se anoten todos los contratos de transporte que realicen. "Esa es la vía que estamos utilizando, dentro de las competencias que tenemos, que son de regulación únicamente, porque no tenemos ninguna competencia. El taxi depende de los ayuntamientos y las licencias VTC las otorgan las comunidades autónomas", se escudó.

De la Serna dice que trabaja "con el sector" para "avanzar en una normativa que, dentro de la ley, permita evitar el uso especulativo de las VTC"

El nuevo real decreto, que derogará el anterior, de 2015 —y que fue recurrido ante el Supremo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)—, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, apuntó que quizá pueda estar listo a comienzos de 2018, y recogerá las "principales preocupaciones" de los taxistas. Pero Fedetaxi y Antaxi califican de "insuficientes" esas medidas.

El gremio respondía este miércoles con un "paro total", según los convocantes. Con taxistas llegados de diferentes puntos de España, en muchos casos acompañados de sus familias, su principal reivindicación no es otra que la de “que se cumpla la ley" y que el Gobierno les escuche.

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La 'uberización' de la economía

Los representantes del colectivo registraron en la Cámara Baja sus peticiones para asegurar una competición "justa" y equilibrada entre el taxi y las VTC, pero solo se reunieron con diputados de Podemos. Salieron del Congreso igual que entraron: "No ha cambiado nada", decían. Y por eso promovieron una sentada frente a los agentes para que el país vea que se sientan "sin violencia" esperando una solución a sus demandas.

"No estamos en igualdad de condiciones y el usuario está indefenso, aparte de que las VTC no pagan impuestos aquí", dice Noelia Díaz, de TNT

El presidente de Antaxi, Julio Sanz, que denunciaba cómo el sector ha sido "sistemáticamente engañado por el Gobierno" y se preguntaba si lo que se busca es "eliminar cien mil puestos de trabajos fijos y estables" por "cien mil empleos eventuales y precarios", como los conductores que trabajan para Uber y Cabify. Irene Montero, la portavoz de Unidos Podemos, criticaba asimismo la "uberización' de la economía" y señalaba que en este tipo de actividad la riqueza que se genera en España se acaba yendo a "paraísos fiscales". Y es que muchos de los manifestantes recordaban que ellos pagan sus impuestos en el país, y que eso revierte en el sostenimiento de los servicios públicos y del Estado del bienestar.

Miles de euros frente a solo 36

"La reivindicación es que se cumpla una ley. Estos vehículos de Uber y Cabify captan de manera ilegal y nos están robando. Nosotros en cambio tenemos una regulación horaria, tarifas aprobadas por ley que ellos no tienen, tenemos hojas de reclamaciones... No estamos en igualdad de condiciones y el usuario está totalmente indefenso, aparte de que no pagan impuestos en España, que afecta a las pensiones, a la educación, a la sanidad... Afecta al usuario al final", señala Noelia Díaz, de la plataforma TNT, que ponía un ejemplo de las tarifas "abusivas" que este miércoles están cobrando las compañías de VTC precisamente para sacar tajada de la huelga de taxi, "unos 35 euros por 5 kilómetros en Madrid". "Es el problema que van a tener los clientes si desaparece el sector del taxi. Tenemos que mejorar constantemente, pero desde un marco de legalidad, y estas VTC trabajan fuera de la ley".

"El Gobierno afecta con su dejadez a 100.000 familias. Quizá debería contar con que 100.000 votos no irán seguro al PP", tercia Ángel Meneses

Clemente lleva al hombro una bandera de España. Acumula 20 años como taxista y se queja de que, por culpa de la irrupción de estas empresas de arrendamiento de vehículo con conductor sus ingresos han caído "entre un 15% y un 20%". Él es de los que remarcan que, mientras a un taxista le cuesta conseguir una licencia en torno a 100.000 euros, para obtener un permiso VTC "basta con pagar 36 euros". Los suficientes para hacerles "competencia desleal". "No puede ser este desmadre", insiste". Ramón Escudero recuerda que la ley solo posibilita a los coches VTC que presten sus servicios en un 20% fuera de la comunidad autónoma donde lograron su título. "Y allí trabajan a tiempo completo y nadie hace nada", protesta.

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"Cuando había crisis, no había VTC, pero ahora que la cosa está mejor, sí las hay", observa por su parte José Manuel Meneses, de 28 años y ya 'hipotecado' con su licencia de taxi de 145.000 euros. Durante la marcha se ha escuchado el grito de que el colectivo no quiere ser "el pimpón" de las administraciones, que se culpan unas a las otras sin resolver el problema. "De esto no tiene la culpa la alcaldesa [Manuela Carmena], sino el Ministerio de Fomento, que le lanza la pelota a la Comunidad [de Madrid] y esta a Fomento. La derecha se la lanza a la extrema derecha", comenta con indignación.

El rosario de agravios que denuncian José Manuel y su padre, Ángel, es amplio: el pago de los impuestos, la captación de clientes en plena calle por parte de Uber y Cabify, cómo salen de "adoctrinados" los conductores de las plataformas online para esquivar la ley, la homologación de vehículos —condiciones más rígidas para los taxistas—, la regulación de horarios y tarifas... Ángel da un aviso final: "El Gobierno afecta con su dejadez a 100.000 familias. Quizá debería contar con que 100.000 votos no irán seguro al PP".