'Archirona': los funcionarios denuncian que los inmigrantes no pueden estar en la cárcel

Los funcionarios de prisiones están que trinan con la decisión del Gobierno de enviar casi medio millar de inmigrantes llegados a la costa de Murcia el pasado fin de semana al centro penitenciario de Archidona (Málaga), aún no inaugurado oficialmente como prisión. Aseguran que los 'sin papeles' no son delincuentes y que es una barbaridad encerrarlos en una cárcel como si realmente lo fueran.

Así se expresan desde el sindicato Acaip, que ha denunciado que España podría estar cometiendo "una grave transgresión de la normativa europea" al albergar a los casi 500 extranjeros en un centro que fue aprobado, diseñado y construido con la finalidad de ser una prisión para encerrar, castigar y reinsertar a todo tipo de delincuentes y que, sin embargo, está siendo utilizado a modo de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

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El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, admitió ayer que "la llegada masiva de inmigrantes" registrada en los últimos días "ha colapsado el sistema" y ha obligado a utilizar el centro penitenciario de Archidona, pero que estos 'sin papeles' "serán devueltos a su país cuando se hayan cumplido todos los trámites judiciales". Zoido explicó que la instalación "todavía no es" una cárcel. "Se ha construido para ello, pero no ha empezado a funcionar y no tiene las condiciones, ni el régimen ni el personal de instituciones penitenciarias", explicó Zoido, cuyo punto de vista no comparte el citado sindicato.

Interior, aseguran desde Acaip, "podría haber manipulado de forma interesada la catalogación arquitectónica del centro que fue publicada el pasado 18 de marzo en el Boletín Oficial del Estado", que estableció que la nueva prisión Málaga II era un centro polivalente. "Viene a completar el mapa de centros radicados en Andalucía y permitirá poner a disposición de los internos los más modernos medios e instalaciones en el ánimo de alcanzar, con las mayores garantías posibles, el mandato constitucional de reinserción y rehabilitación que preside toda la actuación penitenciaria, sin merma de garantizar, en todo momento, las más completas exigencias en materia de seguridad tanto interior como exterior", explicó el BOE.

"La estructura polivalente de este centro —continuaba la publicación—, al igual que la de otros tipos, permitirá el desarrollo de programas de tratamiento y de intervención específicos, ya que de nada serviría contar con una avanzada legislación penitenciaria si no se dispusiera de la infraestructura necesaria para hacerla efectiva. El nuevo centro permitirá, igualmente, redistribuir las plazas penitenciarias existentes en la actualidad, lo que repercutirá muy favorablemente en los niveles de ocupación de los centros penitenciarios existentes".

Esta catalogación, a juicio de Acaip, está siendo modificada por el Ministerio del Interior, que está intentando "a última hora" buscar "un respaldo legal" a su decisión. "Esto no es un centro de internamiento de extranjeros, es una cárcel", aseguran desde el sindicato, que subraya que los inmigrantes están en celdas y vigilados por policías. "En la prisión debería haber funcionarios de prisiones y no policías controlando la instalación; además, tampoco debería haber inmigrantes encerrados, sino delincuentes", denuncia Acaip.

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Los vecinos "ni se lo creen"

Los vecinos de Archidona, por su parte, han mostrado su “sorpresa” ante el estreno del centro penitenciario como Centro de Internamiento de Extranjeros. “Estamos intentando que no cunda la alarma, pero están sorprendidos y preocupados; esperamos que sea algo temporal y puntual”, subraya a El Confidencial Alberto Arjona, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Archidona.

La alcaldesa del municipio, la socialista Mercedes Montero, ha hablado con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que en principio le ha mostrado su calma ante el plazo marcado de 40 días como máximo para que los inmigrantes llegados a la costa de Murcia abandonen la cárcel de Archidona.

Al Gobierno le cuesta 800.000 euros anuales mantener cerrado el centro penitenciario malagueño, el segundo de la provincia. El primero (y por el momento único) es el de Alhaurín de la Torre. Las obras en Archidona acabaron en 2013 y han costado 130 millones de euros. La cárcel no tenía previsto abrir sus puertas hasta 2018.