primer juicio del caso púnica

Granados: "El agente solo me dijo que tenía compañeros trabajando en Valdemoro"

El exdirigente del PP madrileño admite que el guardia civil Talamino le alertó de que había un operativo abierto en la localidad, pero asegura que fue un comentario general, que no le concretó nada

Foto: Granados, Talamino y Caro Vinagre en el banquillo de la Audiencia Nacional. (EFE)
Granados, Talamino y Caro Vinagre en el banquillo de la Audiencia Nacional. (EFE)

El exdirigente del PP madrileño Francisco Granados ha admitido durante el primer juicio por el caso Púnica que se celebra en la Audiencia Nacional que, meses antes de que el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino le alertara en septiembre de 2014 sobre el hecho de que la Unidad Central Operativa tenía una operación abierta en Valdemoro -localidad en la que el entonces senador había sido alcalde-, ya le habían contado dos periodistas que el instituto armado estaba rastreando su etapa como regidor a raíz de una cuenta corriente que el político tuvo en Suiza.

"Me dijeron que lo iban a publicar, yo les pedí unos días para poder dimitir como senador, pero lo publicaron antes, el 19 de febrero de 2014, y yo dimití el día 21", ha recordado Granados, quien ha asegurado que "la información fue difundida luego ampliamente por varios medios" y que esto "fue la causa" de que el exdirigente del PP madrileño se mostrara luego "preocupado" cuando Talamino le contó meses después que había un operativo abierto en Valdemoro por parte de la Guardia Civil. Así se ha expresado el exsenador y exsecretario general del PP regional en la segunda sesión del primer juicio del caso Púnica, que acusa a Granados y a los guardias civiles Talamino y José Luis Caro Vinagre de los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.

Talamino negó ayer en el marco de este mismo juicio haber realizado un mencionado chivatazo para alertar a Granados de que estaba siendo investigado en el marco del caso Púnica, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción. Rodríguez Talamino, que trabajaba en el Grupo de Apoyo Técnico de la Guardia Civil -responsable de instalar micrófonos y pinchar teléfonos-, sí admitió sin embargo haber mantenido una conversación "ocasional" el 6 de septiembre de 2014 con el exdirigente popular en la que le comentó que la UCO tenía mucho trabajo y que estaba incluso en Valdemoro.

"Granados se acercó a mi cuando yo iba a la barra; me pareció normal, pues estábamos en fiestas; hicimos algunos comentarios jocosos y ya está, lo habitual; no hablamos nada sobre la instalación de ningún medio encubierto; me hizo alguna pregunta sobre el comentario que yo le había hecho la noche anterior, cuando le dije que había dispositivos de la UCO en Valdemoro; me preguntó si yo trabajaba en ese dispositivo; le dije que no, que era una suposición mía", recordó Rodríguez Talamino ayer durante la primera sesión del juicio sobre la conversación que mantuvieron ambos un día después, versión que ha corroborado el propio Granados hoy.

"Este señor me dice que están trabajando compañeros suyos en Valdemoro en una operación, y también en unas oficinas de un centro comercial en Pinto, pero no me concreta; no me dice absolutamente nada más", ha indicado el exdirigente popular. Tras esta conversación, Granados ha admitido que se fue a ver a José Luis Caro Vinagre, exmiembro de la Guardia Civil y por aquel entonces alto cargo del Gobierno madrileño, porque sabía que era amigo de Talamino, para que le ayudara a valorar el diálogo, que según el exsenador le sonó "a advertencia".

Granados: "El agente solo me dijo que tenía compañeros trabajando en Valdemoro"

Talamino también confesó ayer que, días después de ese encuentro casual, mantuvo otra cita con su excompañero de la Guardia Civil Caro Vinagre -que le había pedido días antes que se vieran- en la que este último le preguntó qué le había contado a Granados para que estuviese "tan preocupado". Rodríguez Talamino aseguró en la vista ayer que no le dijo nada en ese momento sobre la investigación y que le respondió tan solo que se sentía mal porque, por un comentario general, esa familia estuviera tan preocupada.

Talamino rechazó en todo momento haberle comentado a Caro Vinagre o a Granados extremo alguno relacionado con su trabajo más allá del citado comentario. En concreto, rechazó haber trasladado a Caro Vinagre o a Granados que el Grupo de Apoyo Técnico de la UCO en el que trabajaba había instalado un dispositivo de seguimiento en la moto del empresario David Marjaliza, imputado luego en el caso Púnica junto a Granados y considerado socio del exdirigente popular en la trama investigada. "Yo no conocía a Marjaliza y nunca me informaron de que el dispositivo era para Marjaliza", apuntilló Rodríguez Talamino.

La Fiscalía Anticorrupción culpa a Rodríguez Talamino de facilitar a Granados información reservada sobre la investigación que había en marcha contra el empresario David Marjaliza, también imputado en el caso Púnica. El chivatazo, según el ministerio público, provocó "importantes consecuencias" en el transcurso de las pesquisas, dado que "obstaculizó y entorpeció gravemente" las diligencias que llevaba a cabo el Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil, que estaba al frente de la investigación, lo cual "menoscabó la prestación del servicio público y causó un importante daño a la causa".

El escrito redactado por las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez concreta que en septiembre de 2014 Talamino informó primero a su amigo Caro Vinagre, que estaba en excedencia desde el año 2000 y que se dedicaba en ese momento a desempeñar cargos de confianza en la Comunidad de Madrid aupado por el propio Granados. Tras conocer los datos de las pesquisas revelados por Talamino, Caro Vinagre se los trasladó al exdirigente 'popular', quien -según Anticorrupción- "se aprovechó de la información en su propio beneficio para ocultar sus propias ganancias ilegales, escondiendo el dinero en efectivo no declarado en domicilios de amigos y familiares". Una parte de esos fondos, de hecho, fue escondida "en un altillo de la habitación de los padres de su esposa, María Nieves Alarcón", añade el ministerio público, que también acusó a Marjaliza, aunque sin éxito.

La Fiscalía considera que, tras llevarse a cabo el chivatazo, el empresario y socio de Granados en la trama investigada "acopió toda la documentación incriminatoria" que tenía archivada en la sede central de sus empresas y la destruyó. Además, continúa Anticorrupción, "retiró y escondió el dinero en efectivo que guardaba en la caja fuerte" de sus oficinas de Pinto, montante con el que "retribuía a alcaldes", y "ocultó documentación que le relacionaba con su circuito financiero en el extranjero". A pesar de esta acusación y de que el propio Marjaliza admitió haber "quemado" todos los documentos que le incriminaban, éste no fue procesado en el marco de esta pieza separada del caso Púnica.

Según el ministerio público, tanto Marjaliza como Granados y la secretaria de este último, Ana María Ramírez, "adoptaron precauciones intensas y eficaces al conocer" que estaban siendo investigados por delitos de corrupción. Entre las medidas que tomaron, los imputados en el caso Púnica "disminuyeron la frecuencia de las llamadas y evitaron pronunciarse sobre temas de interés a través de sus teléfonos". Esa precaución provocó que los agentes de la Guardia Civil que les tenían pinchados los móviles redujeran, por seguridad, "la actividad operativa y los seguimientos", lo que hizo que recibieran menos información relevante.

La Fiscalía entiende que Talamino desveló información "a sabiendas de que estaba sometida a absoluta reserva y no debía ser divulgada", con lo que quebrantó de ese modo "el deber de sigilo" que le impone su profesión y desveló a los investigados "la naturaleza" de las pesquisas que les consideraban sospechosos. Tanto Granados como los dos guardias civiles se enfrentan en este procedimiento a seis años de prisión por los mencionados delitos. La sala que les juzga, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, está presidida por la magistrada Manuela Francisca Fernández Prado, que está auxiliada por los jueces Nicolás Poveda Peñas y Juan Ramón Sáez Valcárcel.

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