caso púnica: granados, en el banquillo

Talamino admite que le dijo a Granados que había "un dispositivo en Valdemoro"

El guardia civil asegura que fue solo un comentario en una conversación "ocasional" y añade que inmediatamente negó que él trabajara en ese operativo y que tuviera certeza de ello

Foto: Francisco Granados se enfrenta al primer juicio de la trama Púnica. (EFE)
Francisco Granados se enfrenta al primer juicio de la trama Púnica. (EFE)

El guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino ha negado haber realizado el chivatazo que, según la Fiscalía, alertó al exdirigente del PP Francisco Granados de que estaba siendo investigado en el marco del caso Púnica. Rodríguez Talamino, que trabajaba en el Grupo de Apoyo Técnico de la Guardia Civil -responsable de instalar micrófonos y pinchar teléfonos-, ha admitido que conocía al también guardia civil José Luis Caro Vinagre, que por aquella época estaba en excedencia trabajando en la Comunidad de Madrid junto a Granados.

Sin embargo, ha rechazado en todo momento haberle comentado a Caro Vinagre o a Granados extremo alguno relacionado con su trabajo. En concreto, ha rechazado haber trasladado a Caro Vinagre o a Granados que su Grupo de Apoyo Técnico había instalado un dispositivo de seguimiento en la moto del empresario David Marjaliza, imputado en el caso Púnica junto a Granados y considerado socio del exdirigente popular en la trama investigada. "Yo no conocía a Marjaliza y nunca me informaron de que el dispositivo era para Marjaliza", ha apuntillado Rodríguez Talamino, que ha admitido haber tenido alguna conversación "ocasional" con Granados en la que en ningún momento le ha hablado de su trabajo más allá de un "comentario" puntual.

"Granados se acercó a mi cuando yo iba a la barra; me pareció normal, pues estábamos en fiestas; hicimos algunos comentarios jocosos y ya está, lo habitual; no hablamos nada sobre la instalación de ningún medio encubierto; me hizo alguna pregunta sobre el comentario que yo le había hecho la noche anterior, cuando le dije que había dispositivos de la UCO en Valdemoro; me preguntó si yo trabajaba en ese dispositivo; le dije que no, que era una suposición mía", ha recordado Rodríguez Talamino a cuenta de una conversación que mantuvo en fiestas.

El guardia civil también ha confesado que, días después de ese encuentro casual, mantuvo una cita con su excompañero Caro Vinagre -que le había pedido días antes que se vieran- en la que este último le preguntó qué le había contado a Granados para que estuviese tan preocupado. Rodríguez Talamino ha asegurado que no le dijo nada en ese momento sobre la investigación y que le respondió tan solo que se sentía mal porque, por un comentario general, esa familia estuviera tan preocupada.

Así se ha expresado el guardia civil en la primera sesión del primer juicio del caso Púnica, que acusa a Granados y a los dos guardias civiles de los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos. La Fiscalía Anticorrupción culpa a Rodríguez Talamino de facilitar a Granados información reservada sobre la investigación que había en marcha contra el empresario David Marjaliza, también imputado en el caso Púnica. El chivatazo, según el ministerio público, provocó "importantes consecuencias" en el transcurso de las pesquisas, dado que "obstaculizó y entorpeció gravemente" las diligencias que llevaba a cabo el Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil, que estaba al frente de la investigación, lo cual "menoscabó la prestación del servicio público y causó un importante daño a la causa".

El escrito redactado por las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez concreta que en septiembre de 2014 Talamino informó primero a su amigo Caro Vinagre, que estaba en excedencia desde el año 2000 y que se dedicaba en ese momento a desempeñar cargos de confianza en la Comunidad de Madrid aupado por el propio Granados. Tras conocer los datos de las pesquisas revelados por Talamino, Caro Vinagre se los trasladó al exdirigente 'popular', quien -según Anticorrupción- "se aprovechó de la información en su propio beneficio para ocultar sus propias ganancias ilegales, escondiendo el dinero en efectivo no declarado en domicilios de amigos y familiares". Una parte de esos fondos, de hecho, fue escondida "en un altillo de la habitación de los padres de su esposa, María Nieves Alarcón", añade el ministerio público, que también acusó a Marjaliza, aunque sin éxito.

La Fiscalía considera que, tras llevarse a cabo el chivatazo, el empresario y socio de Granados en la trama investigada "acopió toda la documentación incriminatoria" que tenía archivada en la sede central de sus empresas y la destruyó. Además, continúa Anticorrupción, "retiró y escondió el dinero en efectivo que guardaba en la caja fuerte" de sus oficinas de Pinto, montante con el que "retribuía a alcaldes", y "ocultó documentación que le relacionaba con su circuito financiero en el extranjero". A pesar de esta acusación y de que el propio Marjaliza admitió haber "quemado" todos los documentos que le incriminaban, éste no fue procesado en el marco de esta pieza separada del caso Púnica.

Según el ministerio público, tanto Marjaliza como Granados y la secretaria de este último, Ana María Ramírez, "adoptaron precauciones intensas y eficaces al conocer" que estaban siendo investigados por delitos de corrupción. Entre las medidas que tomaron, los imputados en el caso Púnica "disminuyeron la frecuencia de las llamadas y evitaron pronunciarse sobre temas de interés a través de sus teléfonos". Esa precaución provocó que los agentes de la Guardia Civil que les tenían pinchados los móviles redujeran, por seguridad, "la actividad operativa y los seguimientos", lo que hizo que recibieran menos información relevante.

La Fiscalía entiende que Talamino desveló información "a sabiendas de que estaba sometida a absoluta reserva y no debía ser divulgada", con lo que quebrantó de ese modo "el deber de sigilo" que le impone su profesión y desveló a los investigados "la naturaleza" de las pesquisas que les consideraban sospechosos. Tanto Granados como los dos guardias civiles se enfrentan en este procedimiento a seis años de prisión por los mencionados delitos. La sala que les juzga, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, está presidida por la magistrada Manuela Francisca Fernández Prado, que está auxiliada por los jueces Nicolás Poveda Peñas y Juan Ramón Sáez Valcárcel.

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