"instrumento de propaganda", según los trabajadores

La dirección de TV3 que rechaza ser intervenida cobra 1,5 millones anuales

Los responsables de la televisión, la radio, los medios digitales y el jefe de personal de la corporación de medios de la Generalitat ganan 30.000 euros anuales más que Rajoy

Foto: Un coche de TV3 con la luna rota y en el que los manifestantes han colocado dos banderas de España. (EFE)
Un coche de TV3 con la luna rota y en el que los manifestantes han colocado dos banderas de España. (EFE)

Los directivos y consejeros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3, radio y medios digitales), algunos de los cuales amenazan con oponerse a la intervención de competencias del artículo 155 de la Constitución, se reparten 1,55 millones de euros anuales del erario público. Los más críticos o que anuncian incluso la rebelión, como el director de la televisión, Vicent Sanchis, o el de Cataluña Radio, Saül Gordillo, cobran 109.080 euros anuales. La vicepresidenta y presidenta en funciones de la corporación, Núria Llorach, figura en cabeza de las remuneraciones con 109.837 euros al año.

El nivel salarial de los nueve miembros de la dirección y los seis consejeros de la CCMA es el habitual de la Administración autonómica catalana, entre un 20 y un 30% superior a la Administración central. Y está muy por encima de los ingresos del Gobierno de ámbito nacional. Según consta en los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio, el jefe del Ejecutivo cobrará este año 79.756 euros anuales, 30.000 menos que los distintos responsables de la televisión, la radio, los recursos humanos y los medios digitales de la corporación de la Generalitat catalana.

Entre los directivos de la CCMA figuran también el presidente de la Fundación La Mataró de TV3, Lluís Bernabé, con una remuneración de 84.714 euros; más el director comercial, con 96.654 euros, la misma que el responsable de gestión y el director de deportes. En total, los 15 altos cargos suman millón y medio de euros anuales

En RTVE, los ingresos de su presidente rozan los 200.000 euros anuales, mientras que los de los demás directivos están muy por debajo. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales está dirigida por un consejo de gobierno compuesto por seis miembros designados por el Parlamento catalán (con mayoría de la antigua CDC) con un salario de 106.111 euros anuales cada uno. En el caso de RTVE, la supervisión corre a cargo de un grupo de consejeros sin sueldo fijo y remunerados con el sistema de dietas, a razón de 1.000 por reunión, 14 anuales.

El director de TV3, Vicent Sanchis, nombrado ya en la etapa de Carles Puigdemont, se declara independentista. Procede de la prensa catalana más nacionalista y ha pasado antes por las filas de Òmnium Cultural, grupo que con la Asamblea Nacional Catalana y la CUP forma la vanguardia de las movilizaciones a favor de la secesión. El director de la radio, Saül Gordillo, asegura que su emisora no seguirá las nuevas pautas que le pueda fijar el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución para que respete los principios de la ley autonómica catalana de medios, como el propio respeto a la ley de leyes.

El Ejecutivo de Puigdemont tiene asegurado el control de la CCMA a través de la mayoría absoluta en su consejo de gobierno, pendiente de renovación desde 2015, pero ahora copado por la antigua Convergència y ERC. Solo dos de sus seis miembros no son nacionalistas: uno figura a propuesta del PP y otro, del PSC.

La corporación de medios de la Generalitat recibe 311 millones del erario público en conceptos varios de subvenciones. Cuenta con 2.300 trabajadores fijos, con un gasto en personal de 159 millones anuales. Cuando fue nombrado director de TV3 Sanchis, el comité de empresa de la televisión protestó por su elección a dedo, sin concurso de méritos ni consenso, además de acusar al Ejecutivo de concebirla como "un instrumento de propaganda" del gabinete y del partido de Puigdemont.

La presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, ya ha tenido que declarar ante el juez por la inserción de anuncios de la consulta ilegal del 1-O y se presenta como la primera autoridad pública susceptible de recibir instrucciones directas del Gobierno o ser sustituida para que la corporación deje de trabajar por la secesión. No obstante, los directores de la televisión y la radio también fueron apercibidos en su día para que cumplieran las resoluciones del Tribunal Constitucional y dejaran de apoyar el desafío al marco legal.

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