las líneas maestras de la comisión que abordará los cambios de la constitución

PP y PSOE quieren acotar los límites de la reforma constitucional

Rajoy y Sánchez pretenden evitar que el cambio de los artículos referidos a las comunidades termine con un proceso constituyente

Foto: Rajoy, con Sánchez en La Moncloa. (EFE / Luca Piergiovanni)
Rajoy, con Sánchez en La Moncloa. (EFE / Luca Piergiovanni)

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez quieren establecer los límites de la futura reforma constitucional antes de empezar a abordarla en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Ambos han pactado iniciar ese proceso en la nueva subcomisión, pero han tratado los asuntos que debe abordar para circunscribirlos al capítulo territorial, agrupados en varios bloques temáticos. Se trata de evitar que la reforma constitucional sea, finalmente, un proceso constituyente.

Esos bloques, que responderían al título establecido en el texto por el que se solicitaba la creación, comprenderían asuntos como la financiación autonómica o el capítulo de competencias de las comunidades, sin abordar otros ajenos como la jefatura del Estado o el sistema electoral, entre otros. Por el PSOE preparan el temario los diputados Meritxel Batet, Patxi López y José Enrique Serrano, y pretenden que entre los citados a comparecer se incluya a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat. Todo, no obstante, dependerá de la evolución de la situación en Cataluña y de la probable aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque eso haría dfícil la participación de partidos nacionalistas, soberanistas e independentistas y su ausencia quitaría validez al debate sobre política territorial.

Incluso, el presidente del Gobierno y el líder socialista han constatado su negativa a cambiar el artículo dos, el que habla, precisamente, de la imposibilidad de trocear la soberanía. Este artículo es el que impide, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, convocar referéndums de autodeterminación en las diferentes comunidades. El Tribunal ha sentenciado en varias ocasiones que no es posible la celebración de consultas pactadas, salvo que se cambie el artículo dos de la Constitución.

Este bloqueo por parte de PP y PSOE impediría que, por ejemplo, pueda llevarse a cabo la iniciativa de Unidos Podemos para pactar referéndums de autodeterminación. La propuesta del partido de Pablo Iglesias se basa en el artículo 92 de la Constitución, que señala que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados". Sin embargo, el Tribunal, siempre por unanimidad, ha asegurado en varias sentencias que ese referéndum solo puede celebrarse en toda España si se refiere al estatus de una comunidad porque, según el artículo dos, "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Si la reforma constitucional avanzara según lo previsto en el pacto entre Rajoy y Sánchez, en seis meses saldría de la comisión un informe

Quedan en el aire propuestas de Ciudadanos, incluidas en su pacto con el PP, que suponían cambios en la Constitución, como los referidos a la eliminación de aforados o la limitación de mandatos, entre otras, y que no afectan al capitulo VIII que regula al administración territorial.

Hace casi un año, el presidente del Gobierno y Javier Fernández, entonces presidente de la gestora del PSOE, ya pactaron también límites a una eventual reforma constitucional que pedían otros grupos parlamentarios.

Jordi Sevilla (i) y José Enrique Serrano, entre los asistentes en un reciente acto del PSOE. (EFE)
Jordi Sevilla (i) y José Enrique Serrano, entre los asistentes en un reciente acto del PSOE. (EFE)

El PSOE quería que la presidencia de esa comisión la ocupara el PNV y, más concretamente, su portavoz, Aitor Esteban. Sondeó a los nacionalistas vascos y estos, en principio, han rechazado la propuesta. Podrían reconsiderar su posición si, finalmente, no se aplicara el artículo 155 en Cataluña. De esa decisión depende también la participación del PDeCAT, partido con el que el PSOE había tratado antes de verano la creación de la comisión. ERC ya se ha negado a colaborar. El PP ha insinuado al PSOE que aceptaría al socialista José Enrique Serrano como presidente de la comisión. Serrano fue jefe de Gabinete de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, los dos presidentes del Gobierno del PSOE, y ha participado en pactos de Estado como el acuerdo contra el yihadismo.

El primer paso será la comunicación esta semana de los nombres de los diputados de cada partido que la formarán.

A finales de 2018 o principios de 2019 tendría que terminar la legislatura si se aborda algún artículo de los que requieren reforma agravada

Si la reforma constitucional avanzara según lo previsto en el pacto entre Rajoy y Sánchez, en seis meses saldría de la comisión un informe que sería aprobado en el pleno del Congreso para plasmarse en una ponencia constitucional. Si fuera según lo previsto, querría decir que a finales de 2018 o principios de 2019 tendría que terminar la legislatura si se aborda algún artículo de los que requieren reforma agravada y, en todo caso, se celebraría un referéndum forzado por 35 diputados, en este caso los de Podemos.

Artículo 168 de la Constitución.
Artículo 168 de la Constitución.

La Constitución señala que "cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación".

Pero aunque no afectara a estos artículos protegidos, habría referéndum si lo solicitan 35 diputados, y Podemos se comprometió a consultar a los ciudadanos cualquier cambio. El del artículo 135 que pactaron PP y PSOE en 2011 no se sometió a referéndum porque ningún otro partido tenía capacidad para forzarlo.

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