Empieza el éxodo de chinos reclamados por Pekín por las estafas de los 'call centers'

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado luz verde a la extradición a Pekín de uno de los 280 asiáticos detenidos el pasado 13 de diciembre en el marco de la operación Wall, que investiga una red de estafadores que llamaban por teléfono a ciudadanos chinos haciéndose pasar por funcionarios de la Fiscalía o de la Policía del país y les reclamaba dinero a modo de soborno. La imagen de corrupción institucional tan extendida en la zona hacía que las víctimas se creyeran las historias que les contaban y desembolsaran las cantidades de dinero que les pedían, de ahí que el Gobierno chino esté mostrando un gran interés por atajar esta trama.

El pasado 4 de julio el tribunal resolvió el primer recurso de súplica interpuesto por uno de estos 280 detenidos y aprobó esta primera extradición, que previsiblemente irá seguida del resto, dado que las solicitudes son prácticamente idéntidas y las características de los reclamados por el gigante asiático coinciden. No en vano, la inmensa mayoría de los imputados en la causa formaban parte de la parte baja de la estructura de la organización y se dedicaban a hacer llamadas de sol a sol en unos 'call centers' piratas que los líderes de la trama habían instalado por una veintena de chalés de toda España.

Al no haber motivo para que la Audiencia Nacional cambie de criterio de uno a otro caso, lo normal es que esta primera extradición aprobada por la Sala de lo Penal vaya seguida del resto hasta completar los 280 detenidos, como solicitaba el Gobierno chino. La decisión del alto tribunal español, sin embargo, choca con la que han tomado otros países en los que también estaba instalada la organización, como Estonia o Letonia. Las autoridades judiciales de estos dos últimos estados rechazaron todas las extradiciones solicitadas por Pekín los pasados 13 de julio y 20 de septiembre, respectivamente.

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Aunque la situación entre estos últimos países es distinta a la de España, dado que en aquellas naciones no existe un acuerdo de extradición con China, la decisión de la Audiencia Nacional no deja de ser polémica, dado que el delito fue cometido en nuestro país, que cazó a los presuntos delincuentes después de información aportada por la Policía de Pekín, pero también tras una ardua investigación desarrollada por un amplio número de departamentos de la Policía Nacional encabezados por la Unidad de Delitos Tecnológicos del cuerpo, que coordinó las pesquisas dada la elevada cantidad de direcciones IP que había que rastrear así como la complejidad informática que requería el asunto.

Así lo argumenta el despacho de abogados Iurisconsult, que defiende a más de una treintena de detenidos y que está detrás de gran parte de los recursos interpuestos y ahora rechazados por la Audiencia Nacional. Este bufete entiende que los detenidos podrían ser condenados a cadena perpetua en China, dada la importancia que el Gobierno de Pekín concede a este procedimiento, debido a que la estafa se basa en la mala imagen que se ofrece de las instituciones de aquel país. La pena es claramente desproporcionada para el recurrente, que considera que en España apenas les caerían seis u ocho años de cárcel. Muchos de los arrestados, además, aseguran los recurrentes, también podrían ser considerados como víctimas, debido a las condiciones infrahumanas en las que vivían, las numerosas horas al día que se pasaban haciendo llamadas o las coacciones y agresiones a las que eran sometidos para realizar más y más estafas.

La Audiencia Nacional, sin embargo, considera que "la legislación de la República Popular China cumple las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos" porque, según la Sala, permite que la cadena perpetua no sea una condena inamovible. La legislación del país contempla que se puede reducir esta pena si los reclusos "observan cuidadosamente los reglamentos del centro penitenciario, aceptan las educaciones y correcciones y realmente se arrepienten de sus delitos o prestan servicios o rendimientos meritorios".

Hay pruebas o no

El inicio de estos procesos de extradición tiene lugar después de que el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional acordara el archivo de la causa en España tras el pronunciamiento de la Fiscalía, que dictaminó que no había pruebas suficientes de que los 280 detenidos –todos ellos de origen chino o taiwanés– hubieran incurrido en delito alguno. La representante del ministerio público Ángela Gómez-Rodulfo se expresó de este modo para rechazar la personación en la causa que habían reclamado 36 de los imputados y dio así por finalizado el procedimiento en España.

"La prolongada instrucción y las diligencias practicadas no han podido determinar, siquiera indiciariamente, la existencia de actividad delictiva alguna", sentenció el escrito de la Fiscalía, que admitió abiertamente el 'naufragio' de las pesquisas que el propio organismo dirigía desde agosto de 2016. "La consecuencia procesal del fracaso en la investigación, que no alcanzó los objetivos que en principio se perseguían, no es otra que el archivo de las actuaciones, como aquí ha ocurrido", subraya el Ministerio Público, que pidió ese sobreseimiento de las actuaciones el pasado 31 de enero y así lo acordó el mencionado Juzgado número 1 apenas seis días después.

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Paradójicamente, el punto de vista de la Fiscalía española choca frontalmente con el de las autoridades chinas, que sí vieron indicios delictivos cuando pidieron la extradición de todos y cada uno de los arrestados. Aseguraron que los detenidos formaban parte de una "organización criminal", que entraron en España en marzo de 2016 y que comenzaron a instalar sus centros de operaciones para estafar por teléfono a ciudadanos chinos.

Los detenidos, según relató el ministerio público chino en las peticiones de extradición, fueron cazados 'in fraganti' cuando la Policía Nacional entró en los chalés en los que habían instalado los 'call centers'. Además, continuó, estos "son los mismos" que cometían estafas contra el gigante asiático desde 2004, que huyeron a España y siguieron actuando desde Madrid, Barcelona y Alicante, además de otros países como Indonesia, Malasia, Camboya, Laos, Turquía, Kenia o Grecia, además de las mencionadas Estonia y Letonia, siempre con cómplices ubicados en la propia China.

Según la Fiscalía asiática, los 280 detenidos en España están detrás de al menos 839 casos de estafa, que es el número de timos denunciados y que conllevaron el ingreso en la caja de la organización criminal de más de 16 millones de euros. Uno de los engañados, un profesor de secundaria que entregó todos sus ahorros a los estafadores (32.800 euros), se ahorcó en la puerta de su piso en la planta 22 del edificio 9 del barrio de Zhongbangshangcheng en la ciudad de Qin'an. Otra, una empresaria de Zibo (en la provincia de Shandong), abonó 2,2 millones de euros en cuentas de cuatro bancos distintos.

Conflicto diplómatico encarrilado

La operación que llevó a la detención de los 280 investigados conllevó un despliegue policial sin precedentes para un caso de este tipo. El Ministerio del Interior preparó un dispositivo de más de 700 agentes para acceder al mismo tiempo a la veintena de chalés que la trama tenía por todo el territorio nacional. A este operativo preparado por España le acompañó el de Pekín. Responsables policiales de la capital asiática viajaron hasta Madrid para acompañar a los agentes españoles tanto en el tramo final de la investigación como en las detenciones. No en vano, se trataba de un asunto de Estado para el país.

La operación, además, trascendía el ámbito policial y judicial y se introducía en el del conflicto diplomático. No solo porque la organización criminal operaba en casi una veintena de países, como explicó el Ministerio Público chino, o por el elevado montante defraudado, sino también porque Taiwán (de donde procede la mayoría de implicados) representa actualmente el principal problema territorial del gigante asiático. Hasta hace poco, China tenía un acuerdo con el país y enviaba allí a los criminales de esa nacionalidad que cazaba, pero se encontraba con que luego Taiwán los soltaba. El hecho de que los estafadores procedieran de aquel país incrementaba la tensión entre ambas naciones y provocaba una lectura política por parte de China, que veía una afrenta más contra Pekín.

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Asimismo, el gigante asiático continúa aún muy preocupado por la imagen que pueda trascender a la opinión pública de las instituciones del país, ya que los estafadores se hacían pasar por policías, fiscales o jueces corruptos y conseguían sus propósitos con relativa facilidad. Esto puede hacer pensar que los ciudadanos ceden a las presiones de este tipo de funcionarios porque no es la primera vez que se enfrentan a las prácticas de estas autoridades públicas.

En el caso de España, además, esta macroestafa conllevó la colaboración entre las autoridades de Madrid y Pekín después de que la Audiencia Nacional provocara una importante tensión entre ambas ciudades a raíz de dos relevantes investigaciones emprendidas por el alto tribunal tiempo atrás: el caso Emperador y la operación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil contra los directivos en España del mayor banco del mundo, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). De algún modo, este nuevo entendimiento reconducía las incomodidades diplomáticas vividas en los últimos años a raíz de los dos asuntos mencionados, que judicialmente continúan su cauce.